ALICANTE. Las tres formaciones del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- no se limitan a denunciar la presuntas trabas en la investigación y a señalar al alcalde, Luis Barcala (PP), como máximo responsable político de las supuestas anomalías registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado entre 2018 y 2022. En sus respectivos escritos de conclusiones señalan algunas circunstancias particulares concretas que, a su juicio, demostrarían esas presuntas anomalías, con la crítica añadida de que no fueron controladas por el equipo de gobierno o fueron obviadas.
En primer término, el escrito de conclusiones propuesto por el grupo municipal del PSOE apunta, de hecho, que "ningún responsable político controló la promoción de principio a fin" y que no se dispuso de ningún sistema "integral" que garantizara la trazabilidad de la operación "y la finalidad del suelo público destinado a que la vivienda protegida cumpliera efectivamente su finalidad".
Además, pone el foco en la existencia de "señales" que, a juicio del PSOE, habrían resultado "suficientes" para reforzar el control y la vigilancia, cosa que, según asegura, no se hizo. ¿Qué señales? Según el PSOE, se trataría de circunstancias como el recurso presentado por la asociación de promotores Provía respecto a la cláusula de desempate que primaba el criterio de anticipación en el registro de la oferta; el hecho de que la cooperativa que finalmente resultó adjudicataria presentase su propuesta en menos de 24 horas; que se acreditase su solvencia con "interpretaciones flexibles"; que se admitiese el plazo de ejecución planteado de 13 meses cuando el propio Ayuntamiento barajaba una previsión de 24 meses; o que se subsanase el contrato ante notario para acabar ampliando esos plazos.
El PSOE abunda, además, en el argumento de que el equipo de gobierno era conocedor de los vínculos existentes entre los compradores de los pisos y personas vinculadas con el ayuntamiento, como la misma exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez. En este sentido, insiste en la tesis de que el alcalde apartó a Gómez de las competencias de Patrimonio (se las transfirió al exconcejal de Hacienda, Toni Gallego) en julio de 2024, con la intención de que no participase en el cambio de responsable del contrato, o que tampoco tuviese que decidir respecto a la decisión de no penalizar a la cooperativa por el incumplimiento de los plazos comprometidos. Todo ello, al margen de recordar el episodio de las manifestaciones ofrecidas por Gallego ante la comisión de investigación de Les Corts en las que aseguró que Gómez le dijo antes del pleno de ese mismo mes (julio de 2024) que ella tenía un piso en la promoción.
Además, insiste en la falta de transparencia respecto a las gestiones o decisiones que pudieron adoptarse desde que la jefa de Patrimonio facilitase un primer informe de advertencia a la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, el 15 de enero, y el 27 de enero, cuando Barcala dijo haber tenido conocimiento de los hechos, a través de un whatsapp remitido por el secretario municipal.
Y, de igual modo, alerta de la participación directa en decisiones vinculadas con la promoción que, a su juicio, sí tuvieron algunas de las personas que compraron pisos (o lo hicieron sus familiares directos) y que, según el PSOE, fueron pasadas por alto en el informe de averiguación de hechos elaborado por el secretario a petición del alcalde cuando se tuvo conocimiento de la advertencia de Patrimonio sobre una supuesta incompatibilidad o conflicto de interés entre los cooperativistas. En concreto, el PSOE señala que Gómez y la exdirectora general de Organización Interna (que vuelve a ocupar su plaza como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman, participaron en el nombramiento del nuevo responsable del contrato y en el reconocimiento de la capacidad de la cooperativa para contratar con la administración.
- Los representantes municipales que forman parte de la comisión de fiscalización sobre las VPP de Les Naus. -
En segundo término, el escrito de conclusiones registrado por Compromís señala también a la aparente falta de mecanismos de control respecto a los requisitos de los cooperativistas que acabaron comprando los pisos de la promoción. En esta línea, su propuesta de dictamen apunta que "la documentación conocida plantea interrogantes sobre la forma en que determinadas circunstancias personales o patrimoniales pudieron incidir en el cumplimiento de los requisitos y en la aplicación de los baremos correspondientes. Entre estas cuestiones se encuentran las modificaciones de situaciones patrimoniales o familiares y las circunstancias relacionadas con la antigüedad y posición en las listas de espera".
Así, recalca que debieron "extremarse las medidas destinadas a garantizar la ausencia de conflictos de intereses y la plena trazabilidad de las decisiones administrativa" y plantea que se habiliten esos mecanismos en el futuro para evitar que puedan producirse nuevas supuestas anomalías y procurar "que las viviendas protegidas sobre suelo municipal cumplan efectivamente su función social y estén destinadas prioritariamente a quienes, conforme a los criterios legalmente establecidos, tengan derecho a ellas". En este sentido, consideran "necesario que el Ayuntamiento de Alicante adopte medidas adicionales para reforzar la transparencia y las garantías de imparcialidad en futuras promociones de vivienda pública", apunta. Entre ellas, básicamente reclama que se establezcan sistemas que garanticen la trazabilidad de todos los procedimientos de adjudicación.
En tercer lugar, el escrito de conclusiones de EU Podem también destaca las existencia de señales sobre las presuntas anomalías que, en su criterio, habrían concurrido en el proceso, como las advertencias manifestadas por Provía respecto a la cláusula de desempate, o la inmediatez con la que Residencial Les Naus registró su oferta o la existencia de diferencias entre los plazos de ejecución, por ejemplo. En este sentido, la confluencia incide en que hasta ahora no se ha explicado cómo se realiza "el seguimiento y, sobre todo, cómo reacciona" la administración "cuando aparecen señales que aconsejan comprobar, revisar o reforzar los controles".
Y, por último, también insta a incorporar herramientas que permitan garantizar la trazabilidad de los procedimientos en el futuro, al margen de incluir la propuesta política de procurar que el suelo público siga siendo suelo público y se destine a la promoción de vivienda de alquiler asequible. Además, abunda en la necesidad de que se introduzcan reformas en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para facilitar que las comisiones de fiscalización sean útiles: una circunstancia que, a su juicio, no se habría conseguido en este caso tras alegar que no se había facilitado toda la documentación solicitada y que no se habían producido las comparecencias de técnicos y de cargos públicos planteadas. Entre ellas, la del mismo alcalde.
