ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante tienen un diagnóstico claro respecto a las averiguaciones que se han podido desarrollar en la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus: el alcalde, el popular Luis Barcala, es el "responsable político" del "mayor escándalo relacionado con la vivienda pública" registrado hasta ahora. Así lo han sostenido los portavoces de las tres formaciones -Trini Amorós, por el PSOE; Rafa Mas, por Compromís; y Manolo Copé, por Esquerra Unida Podem- en una comparecencia pública conjunta en la que han anticipado un resumen de las conclusiones alcanzadas por los tres grupos tras los trabajos de ese foro de análisis político.
Los tres portavoces han coincidido en algunos de los argumentos que ya han venido denunciando hasta ahora y que, de algún modo, también había señalado Vox en su propio escrito de análisis. En primer término, los tres han sostenido que el equipo de gobierno ha impedido que se pueda esclarecer cómo se desarrollaron los procesos de venta de la parcela municipal en la que se levantaron los pisos y cuáles fueron los mecanismos de control y seguimiento para supervisar su adjudicación. En este sentido, han sostenido que no se ha aportado toda la documentación requerida y que los representantes del PP no han acudido a responder ante la comisión para resolver las cuestiones que se les pudiese formular.
En segundo lugar, han recalcado que el objeto de la comisión era determinar responsabilidades políticas, en el supuesto de que las hubiese, sin entrar a valorar posibles responsabilidades penales o anomalías administrativas que debe dilucidar la justicia. Y en tercer lugar han remarcado que, del proceder del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto a los trabajos de la comisión permite concluir que el máximo responsable político de las supuestas irregularidades registradas en relación al destino final de esas 140 viviendas de VPP es el alcalde en la medida en que no habilitó las herramientas de control que resultaban necesarias para supervisar cuál era el uso final de la parcela enajenada. Además, también han considerado que el primer edil sabía desde antes de que trascendiese la polémica que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las adjudicatarias de los pisos y lo ocultó.
Al margen de ello, los tres grupos políticos también han planteado propuestas con el propósito de evitar que vuelvan a registrarse situaciones como la de Les Naus. Básicamente, según han resumido, se trataría de actuar en dos líneas, también apuntadas en el escrito de conclusiones de Vox. Primero, promover la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para regular el funcionamiento de las comisiones, de forma que se garantice su eficacia y que cuente con los mecanismos necesarios para procurar su transparencia. Y segundo, que se habiliten mecanismos que aseguren la supervisión de los procesos relacionados con el suelo público, de forma que se evite que pueda tener un uso distinto al pretendido. En el caso de las iniciativas destinadas a la promoción de vivienda pública, impedir que puedan quedar en manos de personas que no cumplan los requisitos. Una circunstancia que, según ha subrayado Amorós, se habría producido en el caso de Les Naus, con el reparto de los pisos "entre los amigachos y allegados del PP", ha abundado.
Al margen de ello, entre otros planteamientos a corto o medio plazo, los tres portavoces han reiterado su intención de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en cuanto se cierren los trabajos de la comisión para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer el contenido de las conclusiones alcanzadas por cada grupo político. Se trata de una iniciativa política que permitiría que el equipo de gobierno respondiese a las preguntas que no ha contestado todavía. Y, en segundo término, también han apuntado que su intención es promover la constitución de una nueva comisión municipal en cuanto se celebren las próximas elecciones municipales y se produzca "un cambio de gobierno", según ha apuntado Mas. Es una medida que permitiría revisar todos los expedientes y aportar transparencia para que la ciudadanía "recupere la confianza en su ayuntamiento que ha perdido como consecuencia de la gestión del PP", ha insistido Mas.
Sin medidas
En cualquier caso, cada uno de los tres portavoces ha puesto el foco en aspectos concretos en su análisis crítico. Amorós ha sido la primera en apuntar a la responsabilidad de Barcala al considerar que el "escándalo" de Les Naus "no solo es un problema de expedientes, no es un tema administrativo; es un tema de control político del gobierno de Barcala". Así, ha considerado que el primer edil es el responsable de "no haber garantizado una adecuada organización de los servicios municipales" y de no haber puesto en marcha "un sistema de control integral" sobre el uso del suelo público, lo que "deja al descubierto el fallo de control del gobierno de Barcala". Es más, ha recalcado que "es responsable de no haber habilitado mecanismos de prevención, y de conflictos de interés" entre los compradores de los pisos y "personas vinculadas a la administración". Así, ha insistido en que Barcala es responsable "de la dirección política de las decisiones de la ejecución del contrato, incluidas sus modificaciones, sus retrasos y la falta de imposición de penalidades en los incumplimientos contractuales" por parte de la cooperativa Residencial Les Naus, que construyó las viviendas.
Al tiempo, ha recalcado que, pese a que se trate de cerrar la comisión, las preguntas por responder siguen vigentes como "cuándo conocieron la identidad de los adjudicatarios". En esta línea, ha incidido en que el informe de Patrimonio en el que se concretaba las supuestas incompatibilidades en algunos de los compradores de los pisos se aportó el 15 de enero "y seguimos sin saber qué hicieron hasta que el caso se hizo público" doce días después. Así, Amorós ha insistido en que Barcala es "responsable de no haber esclarecido contradicciones en el expediente" y que "fue convocado a la comisión y decidió no comparecer". Además, ha reiterado que "seguimos sin que nadie aclare por qué decidió retirarle únicamente las competencias de Patrimonio a Gómez en junio de 2024". "La responsabilidad política no se limita a las decisiones que adopta personalmente, comprende también la dirección de su gobierno, la supervisión de mecanismos de control y rendición de cuentas ante el pleno y la ciudadanía", ha proseguido.
"No puede eludir esa responsabilidad escudándose en que los expedientes fueron tramitados por los técnicos o que las viviendas fueron adjudicadas por una cooperativa; la comisión terminará, querrán finiquitarla, pero la responsabilidad política no termina", ha dicho. "Quien dirige este ayuntamiento tiene que dar explicaciones" y "serán los ciudadanos quienes les juzgarán en las próximas elecciones", ha concluido para volver a recalcar que el PSOE continúa exigiendo la dimisión del primer edil. Todo, sin perjuicio de seguir insistiendo en que se revise el proceso de adjudicación de los pisos con el fin de que no permanezcan en manos de personas que no cumplen los requisitos de acceso a una VPP, según ha dicho.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, ha insistido en la responsabilidad del primer edil para manifestar que el "escándalo de Les Naus" debe ser "la tumba política" de la forma de gestionar del PP en la medida en que ha provocado la pérdida de "la confianza de los alicantinos en su administración". "Nadie se fía de este ayuntamiento por las decisiones del PP, con la colaboración de Vox como presuntos implicados", en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda. En este sentido, ha recalcado que "hay que intervenir el mercado del alquiler y controlar el uso del suelo público", ya que, a su juicio, "el suelo está en peligro". "Esto tiene que ser la tumba política de esta manera de gobernar del PP y de Barcala", ha añadido, "porque Barcala sabía desde julio de 2024" de la existencia de las supuestas incompatibilidades en la identidad de los adjudicatarios, según ha defendido.
(((NOTICIA EN ELABORACIÓN)))
