ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante tienen un diagnóstico claro respecto a las averiguaciones que se han podido desarrollar en la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus: el alcalde, el popular Luis Barcala, es el "responsable político" del "mayor escándalo relacionado con la vivienda pública" registrado hasta ahora. Así lo han sostenido los portavoces de las tres formaciones -Trini Amorós, por el PSOE; Rafa Mas, por Compromís; y Manolo Copé, por Esquerra Unida Podem- en una comparecencia pública conjunta en la que han anticipado un resumen de las conclusiones alcanzadas por los tres grupos tras los trabajos de ese foro de análisis político.
Los tres portavoces han coincidido en algunos de los argumentos que ya han venido denunciando hasta ahora y que, de algún modo, también había señalado Vox en su propio escrito de análisis. En primer término, los tres han sostenido que el equipo de gobierno ha impedido que se pueda esclarecer cómo se desarrollaron los procesos de venta de la parcela municipal en la que se levantaron los pisos y cuáles fueron los mecanismos de control y seguimiento para supervisar su adjudicación. En este sentido, han sostenido que no se ha aportado toda la documentación requerida y que los representantes del PP no han acudido a responder ante la comisión para resolver las cuestiones que se les pudiese formular.
En segundo lugar, han recalcado que el objeto de la comisión era determinar responsabilidades políticas, en el supuesto de que las hubiese, sin entrar a valorar posibles responsabilidades penales o anomalías administrativas que debe dilucidar la justicia. Y en tercer lugar han remarcado que, del proceder del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto a los trabajos de la comisión permite concluir que el máximo responsable político de las supuestas irregularidades registradas en relación al destino final de esas 140 viviendas de VPP es el alcalde en la medida en que no habilitó las herramientas de control que resultaban necesarias para supervisar cuál era el uso final de la parcela enajenada. Además, también han considerado que el primer edil sabía desde antes de que trascendiese la polémica que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las adjudicatarias de los pisos y lo ocultó. De ahí que los tres representantes políticos hayan vuelto a exigir la dimisión del primer edil, como ya hicieron tras su comparecencia en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de febrero, días después de que trascendiese la polémica.
Al margen de ello, los tres grupos políticos también han planteado propuestas con el propósito de evitar que vuelvan a registrarse situaciones como la de Les Naus. Básicamente, según han resumido, se trataría de actuar en dos líneas, también apuntadas en el escrito de conclusiones de Vox. Primero, promover la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para regular el funcionamiento de las comisiones, de forma que se garantice su eficacia y que cuente con los mecanismos necesarios para procurar su transparencia. Y segundo, que se habiliten mecanismos que aseguren la supervisión de los procesos relacionados con el suelo público, de forma que se evite que pueda tener un uso distinto al pretendido. En el caso de las iniciativas destinadas a la promoción de vivienda pública, impedir que puedan quedar en manos de personas que no cumplan los requisitos. Una circunstancia que, según ha subrayado Amorós, se habría producido en el caso de Les Naus, con el reparto de los pisos "entre los amigachos y allegados del PP", ha abundado.
Al margen de ello, entre otros planteamientos a corto o medio plazo, los tres portavoces han reiterado su intención de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en cuanto se cierren los trabajos de la comisión para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer el contenido de las conclusiones alcanzadas por cada grupo político. Se trata de una iniciativa política que permitiría que el equipo de gobierno respondiese a las preguntas que no ha contestado todavía. Y, en segundo término, también han apuntado que su intención es promover la constitución de una nueva comisión municipal en cuanto se celebren las próximas elecciones municipales y se produzca "un cambio de gobierno", según ha apuntado Mas. Es una medida que permitiría revisar todos los expedientes y aportar transparencia para que la ciudadanía "recupere la confianza en su ayuntamiento que ha perdido como consecuencia de la gestión del PP", ha insistido Mas.
Sin medidas
En cualquier caso, cada uno de los tres portavoces ha puesto el foco en aspectos concretos en su análisis crítico. Amorós ha sido la primera en apuntar a la responsabilidad de Barcala al considerar que el "escándalo" de Les Naus "no solo es un problema de expedientes, no es un tema administrativo; es un tema de control político del gobierno de Barcala". Así, ha considerado que el primer edil es el responsable de "no haber garantizado una adecuada organización de los servicios municipales" y de no haber puesto en marcha "un sistema de control integral" sobre el uso del suelo público, lo que "deja al descubierto el fallo de control del gobierno de Barcala". Es más, ha recalcado que "es responsable de no haber habilitado mecanismos de prevención, y de conflictos de interés" entre los compradores de los pisos y "personas vinculadas a la administración". Así, ha insistido en que Barcala es responsable "de la dirección política de las decisiones de la ejecución del contrato, incluidas sus modificaciones, sus retrasos y la falta de imposición de penalidades en los incumplimientos contractuales" por parte de la cooperativa Residencial Les Naus, que construyó las viviendas.
Al tiempo, ha recalcado que, pese a que se trate de cerrar la comisión, las preguntas por responder siguen vigentes como "cuándo conocieron la identidad de los adjudicatarios". En esta línea, ha incidido en que el informe de Patrimonio en el que se concretaba las supuestas incompatibilidades en algunos de los compradores de los pisos se aportó el 15 de enero "y seguimos sin saber qué hicieron hasta que el caso se hizo público" doce días después. Así, Amorós ha insistido en que Barcala es "responsable de no haber esclarecido contradicciones en el expediente" y que "fue convocado a la comisión y decidió no comparecer". Además, ha reiterado que "seguimos sin que nadie aclare por qué decidió retirarle únicamente las competencias de Patrimonio a Gómez en junio de 2024". "La responsabilidad política no se limita a las decisiones que adopta personalmente, comprende también la dirección de su gobierno, la supervisión de mecanismos de control y rendición de cuentas ante el pleno y la ciudadanía", ha proseguido.
"No puede eludir esa responsabilidad escudándose en que los expedientes fueron tramitados por los técnicos o que las viviendas fueron adjudicadas por una cooperativa; la comisión terminará, querrán finiquitarla, pero la responsabilidad política no termina", ha dicho. "Quien dirige este ayuntamiento tiene que dar explicaciones" y "serán los ciudadanos quienes les juzgarán en las próximas elecciones", ha concluido para volver a recalcar que el PSOE continúa exigiendo la dimisión del primer edil. Todo, sin perjuicio de seguir insistiendo en que se revise el proceso de adjudicación de los pisos con el fin de que no permanezcan en manos de personas que no cumplen los requisitos de acceso a una VPP, según ha dicho.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, ha insistido en la responsabilidad del primer edil para manifestar que el "escándalo de Les Naus" debe ser "la tumba política" de la forma de gestionar del PP en la medida en que ha provocado la pérdida de "la confianza de los alicantinos en su administración". "Nadie se fía de este ayuntamiento por las decisiones del PP, con la colaboración de Vox como presuntos implicados", en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda. En este sentido, ha recalcado que "hay que intervenir el mercado del alquiler y controlar el uso del suelo público", ya que, a su juicio, "el suelo está en peligro". "Esto tiene que ser la tumba política de esta manera de gobernar del PP y de Barcala", ha añadido, "porque Barcala sabía desde julio de 2024" de la existencia de las supuestas incompatibilidades en la identidad de los adjudicatarios, según ha defendido, para volver a aludir a las manifestaciones formuladas por el exconcejal de Hacienda, Toni Gallego, en la comisión de investigación de Les Corts, en las que aseguró que la propia Gómez le había comunicado antes del pleno de ese mes que ella era una de las propietarias de Les Naus al pedirle que contestase en su lugar a la pregunta planteada por la coalición valencianista en esa sesión.
- Los portavoces de Compromís, PSOE y EU Podem: Mas, Amorós y Copé. -
A partir de ahí, Mas ha recordado el compromiso adquirido por Barcala cuando trascendió la controversia respecto a que "iba a llegar hasta el final caiga quien caiga", pero "no ha llegado hasta el final ni ha caído nadie", ha asegurado, sin mencionar la dimisión de Gómez o la renuncia de la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, al puesto de directora general de Organización Interna, a pesar de que continúe en sus responsabilidades previas. En este sentido, Mas ha recalcado que "los funcionarios siguen en su puesto de trabajo: la jefa de Contratación sigue; también sigue la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, que tenía un informe en su mesa, y no actúo en 12 días; no informó, y cuando recibió ese informe, no se fue directamente a Fiscalía a denunciar estos presuntos hechos delictivos", ha proseguido. "Todos siguen en sus puestos", ha asegurado. Es más, ha incidido en que, además, "no han ejercido los mecanismos de control necesarios" para sostener que "han regalado un proyecto para VPP en la calle Ceuta, con el mismo sistema de Les Naus" en lo que ha asegurado que va a convertirse en "otro caso de Les Naus en San Blas". Así, ha considerado que "ni se ha investigado, ni se ha contado la verdad, ni se ha informado, ni se ha establecido mecanismos de control".
"Advertimos, si esta gente sigue gobernando, el suelo público está en peligro", ha continuado. De ahí que haya asegurado que, si tras las elecciones municipales de mayo de 2027 se produce un cambio de gobierno, "volveremos a promover la constitución de esta comisión de investigación, con un un nuevo gobierno democrático decente y transpareante que garantice el acceso público a la vivienda". "Reabriremos el caso de Les Naus, con un nuevo gobierno, para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en este ayuntamiento y sus gestores, y que el suelo público se destine al acceso a la vivienda". Todo, después de recalcar que Compromís va a seguir fiscalizando la gestión de los pisos de Les Naus, después de señalar que fue la formación que solicitó que se ordenase a la Policía a comprobar la ocupación de las viviendas y que Aguas revisase los consumos, pero "no nos hicieron caso". "Vamos a llegar hasta el final y va a caer quien va a caer", ha subrayado, en alusión al gobierno del PP.
Por su parte, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha recalcado que "el caso sigue sin esclarecerse" aunque el PP pretende "dar por aclarado algo que han impedido que se aclare". "Dicen que actuaron con contundencia, y que todo se ajustó a la legalidad, pero dónde queda la ética, todo puede ser legalmente impecable, dónde queda la ética, los valores que tienen que guiar la política", se ha cuestionado, para incidir en que "cuando llegó la hora de responder, dejaron las sillas vacías, no han dado la cara en ningún momento". Así, también ha recalcado que "seguimos sin respuesta a la pregunta de cuándo supo Barcala" la existencia de las presuntas incompatibilidades "y qué hizo al respecto". "El señor Barcala podía haber venido a explicarlo, pero no lo hizo", ha proseguido.
Se trata, según ha abundado, de una posibilidad que también tuvo a su alcance el coportavoz del equipo de gobierno y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien también "se negó a comparecer en esta comisión". "Lo que han hecho es vaciar de contenido el trabajo de estos meses. No se puede vaciar esa comisión y luego usarla para darse la razón", ha apuntado. Es más, se ha mostrado dispuesto a revisar "todas las etapas y revisemos todas las decisiones en cada etapa a ver quién sale perdiendo", a la vista de que el escrito de conclusiones del PP vuelve a poner el foco en el inicio del expediente de venta de la parcela, acordado bajo el mandato del extinto tripartito, en 2016. En este sentido, Copé ha remarcado que "ninguna decisión del pasado justifica el silencio" y ha añadido que "decir que el ayuntamiento no eligió a adjudicatarios tampoco responde a cuáles fueron los mecanismos de control" que se aplicaron, ni tampoc "previno los conflictos de interés que se ha demostrado que ha habido". "El PP llega a insinuar que se podía haber suspendido" los trabajos de la comisión municipal "porque había una investigación judicial, y es cierto que los tribunales tienen que hacer su trabajo, pero la comisión, también, y el PP no lo ha permitido", ha abundado. En este sentido, Copé ha añadido que "exigimos la dimisión de Luis Barcala por este escándalo", tras incidir en que "apoyó esta comisión y después se negó a acudir", lo que ha considerado injustificable en la medida en que los actuales concejales del PP votaron a favor de la constitución de ese foro de trabajo con la intención de aportar transparencia.
En el plano propositivo, Copé ha apuntado la necesidad de que se establezcan "controles para prevenir conflictos de interés" además del "cambio del Reglamento Orgánico del Pleno para que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido con esta comisión", sin escatimar también críticas a Vox, a cuyos representantes ha reprochado la "cobardía" de no haber apoyado en dos ocasiones las solicitudes de reprobación y dimisión de Barcala. Por último, ha considerado que "detrás de Les Naus está el problema al que se enfrentan tantos ciudadanos que no encuentran una vivienda que puedan pagar". Así, ha señalado que el próximo 4 de octubre se abordará el tercer intento de desahucio en una misma vivienda de Colonia Requena y ha asegurado que se ha multiplicado el número de personas que viven en la calle en la ciudad: "De 160 a 415", ha dicho como consecuencia del problema de acceso a la vivienda.
Así, ha defendido que "el suelo público, tiene que seguir siendo suelo público" y que debe utilizarse para promover la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible para que no se reproduzcan situaciones como la de Les Naus. "La comisión acaba, pero las preguntas siguen y vamos a seguir exigiendo respuestas con la convocatoria de ese pleno extraordinario", ha zanjado.
