ALICANTE. Testimonio confirmado. El exconcejal de Hacienda y Patrimonio de Alicante por el Partido Popular (PP), Toni Gallego, se ha ratificado este miércoles en las manifestaciones ofrecidas durante su comparecencia ante la comisión de investigación de les Corts, al prestar declaración ante la jueza que investiga las supuestas anomalías en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022.
En esta línea, Gallego ha explicado que tuvo conocimiento de que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las propietarias de las 140 viviendas del residencial de Playa de San Juan en julio de 2024, cuando ella misma se lo comunicó al pedirle que respondiese él a una pregunta plenaria formulada por Compromís respecto a la gestión de esos pisos de VPP que, en principio, debía contestar ella.
Gallego ha señalado que Gómez le pidió que le supliese en esa intervención minutos antes del inicio de la sesión plenaria y que fue ella quien le facilitó el escrito que debía leer en esa contestación. Y también ha apuntado que el alcalde, Luis Barcala, le cedió a él el turno de palabra para responder a la pregunta en el desarrollo de la sesión, a pesar de que, una semana antes, en una reunión de los concejales del equipo de gobierno preparatoria del pleno, se había acordado que sería Gómez quien interviniese en ese punto.
Al respecto, el exconcejal del PP ha sostenido, como posible explicación para que se produjese ese cambio en la respuesta, que en el guión o libro de pleno que manejaba el primer edil ya tenía previsto que sería Gallego y no Gómez quien debía contestar a la cuestión planteada por Compromís, por lo que sabía que era él quien tenía que intervenir en ese momento de la sesión. Se trata, según ha manifestado, se trataba de un cambio que solo podían manejar el alcalde, Gómez y él mismo minutos antes del pleno.
Al margen de ello, Gallego también ha sostenido -a preguntas de los letrados de las acusaciones- que desconocía cuál fue el motivo por el que Barcala promovió en ese mismo mes de julio de 2024 la reasignación de las competencias sobre Patrimonio que hasta entonces ostentaba Gómez para transferírselas a él. Ha sostenido que no sabía por qué ocurrió, puesto que nadie le facilitó ninguna explicación después de que se le comunicase el cambio.
El exresponsable de Hacienda ha comparecido en calidad de testigo a propuesta de la acusación popular que ejerce Ciudadanos (Cs) en una solicitud que fue respaldada, después, por la Fiscalía Anticorrupción. Su testimonio llega después de que rechazase comparecer ante la comisión de fiscalización municipal relacionada con las VPP, que este viernes prevé celebrar una última sesión con el fin de poner en común las propuestas de conclusiones alcanzadas por los cinco grupos políticos que cuentan con representación en la corporación.
Al término de su declaración, el exconcejal asegurado, a preguntas de los medios de comunciación, que no sabe si el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, era conocedor, en julio de 2024, de que Gómez era una de las propietarias de las VPP de Les Naus (se inscribió en la cooperativa a finales de 2018, cinco antes de convertirse en concejal). Gallego se ha remitido a su declaración en sede judicial y a su comparecencia en Les Corts y ha sentenciado: "Es lo único que puedo aportar en este sentido", ha asegurado, según recoge Europa Press.
Dos exconcejales del PP dimitidos
Gallego presentó su dimisión y renunció al acta de concejal en junio de 2025 con la intención de facilitar un acuerdo entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de Vox para que se aprobase el Plan Económico Financiero (PEF) al que el Ayuntamiento quedaba abocado tras incumplir la regla de gasto a cierre del ejercicio de 2024. Su cese o dimisión fue una de las condiciones planteadas por Vox para secundar ese plan, aunque su salida del equipo de gobierno también fue una medida reclamada por el resto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
Por su parte, Gómez presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal a finales del pasado mes de enero, después de que trascendiese la polémica respecto a la identidad de los cooperativistas que habían adquirido viviendas en la urbanización de Les Naus, y los vínculos que existían entre ellos y cargos o funcionarios municipales, o sus familiares. Gómez planteó que adoptaba esa decisión con el fin de procurar que las indagaciones internas ordenadas por el alcalde para esclarecer posibles incompatibilidades pudiesen seguir su curso sin interferencias.
Al margen del caso de Gómez, en el listado de compradores de las VPP también figuran los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización, María Pérez-Hickman (que regresó a su plaza como jefa de Contratación tras renunciar a ese cargo de designación directa); la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez (que había sido asesor municipal de Cs y luego del PP entre 2015 y 2023); así como otros nueve funcionarios no vinculados a las áreas de Patrimonio, Urbanismo o Contratación.
- Gallego, a la salida del juzgado. -
- Foto: EFE/Pep Morell
Gómez es, además, una de las quince investigadas en las diligencias incoadas a partir de la denuncia original presentada por la organización Manos Limpias, que propició la apertura de la causa en la que se agruparon el resto de las denuncias registradas sobre los mismos hecho. Entre ellas, la presentada por la Fiscalía Anticorrupción y las interpuestas por la Conselleria de Vivienda, por el PSOE y por el Ayuntamiento de Alicante. Junto a Gómez, también figuran como investigados los dos arquitectos municipales que compraron pisos; la jefa de Contratación; el técnico de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos, Roberto Palencia; el administrador de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus); y otras diez personas que compraron pisos en la urbanización y que no cumplían los requisitos establecidos para adquirirlos, según el informe de comprobaciones elaborado por la Conselleria de Vivienda cuando se conoció la polémica.
Reacciones políticas
Entre tanto, la declaración de Gallego ha suscitado las primeras reacciones políticas entre los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante. En primer lugar, la portavoz municipal del PSOE, Trini Amorós, ha considerado que "nadie se cree que Rocío Gómez y Toni Gallego se intercambiaran la respuesta en el pleno sin que Barcala tuviera conocimiento de ello. La declaración del exconcejal evidencia que el alcalde tenía conocimiento de que su concejala de Urbanismo tenía un piso en Les Naus, y precisamente por eso le retiró las competencias de Patrimonio unos días antes. Cambio de competencias que todavía no ha justificado el alcalde", ha apuntado.
En este sentido, ha considerdo que "cada vez estamos más convencidos de que el alcalde lo sabía, que era consciente del chanchullo del reparto de los pisos entre los amigachos del PP y se está intentando reír de toda Alicante para no asumir responsabilidades políticas. Si no dejó intervenir en el pleno a Rocío Gómez en 2024 es porque sabía que había sido agraciada con una vivienda en Les Naus", ha apuntado.
En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que "hoy sabemos que en julio de 2024, a raíz de una pregunta de Compromís, Toni Gallego preguntó directamente a Rocío Gómez y ella le reconoció que tenía una vivienda protegida en Les Naus. Por tanto, el asunto estaba dentro del gobierno municipal mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. Y ahora Barcala tiene que responder: ¿pretende que los alicantinos creamos que su propio Gobierno conocía esta información y que él, el alcalde, no sabía absolutamente nada?", se ha cuestionado.
En este sentido, ha señalado que "Rocío Gómez no era una desconocida. Era su concejala de Urbanismo, una persona de su confianza. Y mientras tanto aparecían viviendas protegidas adjudicadas a personas vinculadas al Ayuntamiento y familiares. Nosotros lo decimos claramente: políticamente consideramos que Barcala lo sabía y lo ocultó. Si sostiene lo contrario, que deje de esconderse y dé todas las explicaciones. Se negó a comparecer en la comisión de investigación del Ayuntamiento. Pues que declare voluntariamente ante la Justicia y explique qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo. Y si la jueza considera que debe citarlo en la causa, tendrá que responder allí a las preguntas que lleva meses evitando", ha proseguido.
Además, ha señalado que "no estamos hablando de un error administrativo. Estamos hablando de viviendas protegidas construidas sobre suelo público, mientras miles de alicantinos tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda. El silencio ya no sirve. Las contradicciones ya no sirven. Intentar bloquear la comisión tampoco ha servido para cerrar Les Naus. Barcala tiene que asumir responsabilidades políticas y dimitir. Y la investigación judicial debe llegar hasta el final. Caiga quien caiga", ha considerado.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado "cada declaración desmonta un poco más la versión de Barcala. Si todo su equipo conocía lo que estaba pasando en Les Naus, cuesta creer que el único que no supiera nada fuera precisamente el alcalde. Y hace apenas unos días Manuel Villar decía que estaban 'tranquilísimos'. Pues hoy tienen bastantes más motivos para dar explicaciones que para estar tranquilos", ha sostenido. Así, ha considerado que "aquí alguien no ha contado toda la verdad. Y después de una comisión municipal diseñada para que nadie tuviera obligación real de comparecer ni de responder, se entiende todavía mejor por qué reclamábamos una investigación de verdad", ha continuado.
"Barcala debe decir qué sabía, cuándo lo supo y por qué ha mantenido durante meses una versión que cada nuevo testimonio pone más en cuestión. Les Naus ya no es solo un escándalo de vivienda protegida. Es un problema de transparencia y de responsabilidad política de todo el gobierno de Barcala", ha apostillado.
