ALICANTE. Testimonio confirmado. El exconcejal de Hacienda y Patrimonio de Alicante por el Partido Popular (PP), Toni Gallego, se ha ratificado este miércoles en las manifestaciones ofrecidas durante su comparecencia ante la comisión de investigación de les Corts, al prestar declaración ante la jueza que investiga las supuestas anomalías en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022.
En esta línea, Gallego ha explicado que tuvo conocimiento de que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las propietarias de las 140 viviendas del residencial de Playa de San Juan en julio de 2024, cuando ella misma se lo comunicó al pedirle que respondiese él a una pregunta plenaria formulada por Compromís respecto a la gestión de esos pisos de VPP que, en principio, debía contestar ella.
Gallego ha señalado que Gómez le pidió que le supliese en esa intervención minutos antes del inicio de la sesión plenaria y que fue ella quien le facilitó el escrito que debía leer en esa contestación. Y también ha apuntado que el alcalde, Luis Barcala, le cedió a él el turno de palabra para responder a la pregunta en el desarrollo de la sesión, a pesar de que, una semana antes, en una reunión de los concejales del equipo de gobierno preparatoria del pleno, se había acordado que sería Gómez quien interviniese en ese punto.
Al respecto, el exconcejal del PP ha sostenido, como posible explicación para que se produjese ese cambio en la respuesta, que en el guión o libro de pleno que manejaba el primer edil ya tenía previsto que sería Gallego y no Gómez quien debía contestar a la cuestión planteada por Compromís, por lo que sabía que era él quien tenía que intervenir en ese momento de la sesión. Se trata, según ha manifestado, se trataba de un cambio que solo podían manejar el alcalde, Gómez y él mismo minutos antes del pleno.
Al margen de ello, Gallego también ha sostenido -a preguntas de los letrados de las acusaciones- que desconocía cuál fue el motivo por el que Barcala promovió en ese mismo mes de julio de 2024 la reasignación de las competencias sobre Patrimonio que hasta entonces ostentaba Gómez para transferírselas a él. Ha sostenido que no sabía por qué ocurrió, puesto que nadie le facilitó ninguna explicación después de que se le comunicase el cambio.
El exresponsable de Hacienda ha comparecido en calidad de testigo a propuesta de la acusación popular que ejerce Ciudadanos (Cs) en una solicitud que fue respaldada, después, por la Fiscalía Anticorrupción. Su testimonio llega después de que rechazase comparecer ante la comisión de fiscalización municipal relacionada con las VPP, que este viernes prevé celebrar una última sesión con el fin de poner en común las propuestas de conclusiones alcanzadas por los cinco grupos políticos que cuentan con representación en la corporación.
Dos exconcejales del PP dimitidos
Gallego presentó su dimisión y renunció al acta de concejal en junio de 2025 con la intención de facilitar un acuerdo entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de Vox para que se aprobase el Plan Económico Financiero (PEF) al que el Ayuntamiento quedaba abocado tras incumplir la regla de gasto a cierre del ejercicio de 2024. Su cese o dimisión fue una de las condiciones planteadas por Vox para secundar ese plan, aunque su salida del equipo de gobierno también fue una medida reclamada por el resto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
Por su parte, Gómez presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal a finales del pasado mes de enero, después de que trascendiese la polémica respecto a la identidad de los cooperativistas que habían adquirido viviendas en la urbanización de Les Naus, y los vínculos que existían entre ellos y cargos o funcionarios municipales, o sus familiares. Gómez planteó que adoptaba esa decisión con el fin de procurar que las indagaciones internas ordenadas por el alcalde para esclarecer posibles incompatibilidades pudiesen seguir su curso sin interferencias.
Al margen del caso de Gómez, en el listado de compradores de las VPP también figuran los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización, María Pérez-Hickman (que regresó a su plaza como jefa de Contratación tras renunciar a ese cargo de designación directa); la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez (que había sido asesor municipal de Cs y luego del PP entre 2015 y 2023); así como otros nueve funcionarios no vinculados a las áreas de Patrimonio, Urbanismo o Contratación.
Gómez es, además, una de las quince investigadas en las diligencias incoadas a partir de la denuncia original presentada por la organización Manos Limpias, que propició la apertura de la causa en la que se agruparon el resto de las denuncias registradas sobre los mismos hecho. Entre ellas, la presentada por la Fiscalía Anticorrupción y las interpuestas por la Conselleria de Vivienda, por el PSOE y por el Ayuntamiento de Alicante. Junto a Gómez, también figuran como investigados los dos arquitectos municipales que compraron pisos; la jefa de Contratación; el técnico de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos, Roberto Palencia; el administrador de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus); y otras diez personas que compraron pisos en la urbanización y que no cumplían los requisitos establecidos para adquirirlos, según el informe de comprobaciones elaborado por la Conselleria de Vivienda cuando se conoció la polémica.
