Los representantes municipales integrados en la comisión de fiscalización sobre las oposiciones a Policía Local.ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las supuestas anomalías en las oposiciones a la Policía Local de Alicante del denominado caso enchufes echa el cierre sin que se haya podido demostrar la existencia de un posible trato de favor a determinados aspirantes, como coincidían en apuntar los seis escritos de conclusiones presentados por las seis fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento: PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox.
Ahora bien, ese fue, prácticamente, el único punto de confluencia respecto a los trabajos realizados, después de una última sesión en la que no fue posible consensuar un dictamen conjunto compartido por esas seis formaciones. Primero, porque las tres fuerzas del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) defendieron que quedaba trabajo de análisis por realizar, tras volver a denunciar los impedimentos que atribuyeron a la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Mari Carmen de España, y al secretario municipal, a la hora de facilitar información o de admitir las diligencias de prueba propuestas (en esencia, nuevas comparecencias o la entrega de las pruebas, para desentrañar la existencia de posibles pautas repetidas en los aciertos).
Y segundo porque las tres mismas formaciones políticas insistieron en que la labor de la comisión no había terminado, puesto que había una segunda derivada que requería de nuevas indagaciones: las manifestaciones ofrecidas por el comisario principal, José María Conesa, durante su comparecencia en la comisión, el pasado 2 de mayo. Entonces, el máximo responsable de la Policía Local sostuvo que la denuncia anónima sobre la presunta adulteración del proceso de selección era, en realidad, el producto de una trama orquestada por subordinados suyos (a los que tildó de "delincuentes") con la intención de desprestigiarle y propiciar su destitución.
Así, los representantes de las tres formaciones -Llanos Cano, Xavier López y Natxo Bellido- instaron a proseguir con las averiguaciones y conminaron a que, como mínimo, las acordase el propio equipo de gobierno (PP y Cs) en el ejercicio de sus competencias, al sostener que no se podía dar por terminado el trabajo de la comisión "sin hacer nada" respecto a la gravedad de los hechos puestos de manifiesto por Conesa. A su juicio, no actuar suponía precipitar un cierre en falso, lo que "iría en contra del compromiso de transparencia anunciado por el equipo de gobierno para esclarecer los hechos", según apuntó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.
En esta línea, los tres defendieron que los trabajos de la comisión debían continuar con el propósito de que el alcalde, Luis Barcala, y el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, facilitasen explicaciones sobre qué medidas habían adoptado o pensaban adoptar a partir de las manifestaciones de Conesa. "Si se mantiene la confianza en él, se debe actuar para dilucidar la existencia de ese complot; y si el bipartito no cree lo que el comisario explicó ante la comisión, difícilmente puede continuar en el cargo, por lo que Barcala debería acordar su destitución", explicó el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López. "Hemos constituido esta comisión a partir de una denuncia anónima sobre la existencia de irregularidades en las oposiciones, así que lo que no puede hacer ahora el alcalde, cuando tenemos este escándalo sobre la mesa puesto de manifiesto por el mismo comisario, es esconderse debajo de ella", recalcó la edil socialista Llanos Cano.
El eje progresista reitera que el bipartito se ha dedicado a cercenar la investigación y reclama que se actúe con los medios al alcance del ayuntamiento para esclarecer si existe la trama denunciada por el comisario
Sin embargo, ninguno de esos argumentos movió la posición de los representantes del bipartito y de Vox. De España, el portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, y el portavoz de Vox, Mario Ortolá, sostuvieron que el objeto de la comisión (esclarecer si existieron las supuestas anomalías en las oposiciones reveladas por fuentes reservadas, a través de una denuncia de la que se hizo eco Radio Alicante) ya se había cubierto sin que se hubiese hallado indicios de ninguna irregularidad. Así, añadieron que el relato expuesto por Conesa no entraba entre las cuestiones a dilucidar en la comisión y recalcaron que, además, ya estaba siendo objeto de investigación a partir de la denuncia presentada por el mismo comisario principal ante la Comisaría de Policía Nacional y en los juzgados.
"Dejen de jugar a detectives", respondió De España, quien aseguró que el equipo de gobierno no podía actuar a partir de una declaración "sin tener ningún tipo de prueba", señaló. De este modo, apuntó que el bipartito tomaría las decisiones que correspondiesen (básicamente, en el ámbito disciplinario) en función del resultado que pudiesen tener esas investigaciones policiales o judiciales, "porque el ayuntamiento no tiene medios ni capacidad para investigar algo que ya está judicializado", recalcó. Ortolá añadió al respecto que emprender esa investigación paralela supondría "abrir puertas peligrosas" para una institución como el Ayuntamiento, sin potestad para indagar sobre asuntos que recaen bajo la jurisdicción penal.
Al tiempo, tanto De España como Ortolá recriminaron a los tres partidos de la izquierda que reclamasen transparencia y que reivindicasen la investigación "que niegan" en otras instituciones, como les Corts, en alusión a los casos sobre las presuntas subvenciones irregulares concedidas a las empresas del hermano del jefe del Consell, Ximo Puig, o sobre los abusos sexuales a menores tutelados que afectan a la Conselleria de Políticas Inclusivas, bajo coordinación de la vicepresidenta, Mónica Oltra.
De nada sirvió que Cano, López y Bellido asegurasen que la denuncia presentada por Conesa aludía a la existencia de un presunto delito de calumnias para que se desentrañase la autoría del documento en el que se apuntaba la existencia de anomalías en las oposiciones y que, por tanto, nada tenía que ver con la existencia de una supuesta trama para forzar su relevo en el cargo. Tampoco surtió efecto que se planteasen varias fórmulas para indagar sobre las manifestaciones del comisario: desde la apertura de un expediente de averiguación interna, hasta llamar a consultas a los responsables del cuerpo, convocar el consejo de Policía Local o acudir al servicio de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que, a la postre, las declaraciones de Conesa podrían constituir un caso de supuesto "acoso laboral", según señalaron.
El bipartito sostiene que las manifestaciones de Conesa ya son objeto de investigación por parte de la Policía y que se adoptarán decisiones en función de sus resultados
Así, después de más de hora y media de debate, se acabaron votando las seis propuestas de conclusiones registradas sin apenas modificaciones. Entre ellas, solo se aprobaron las promovidas por PP y Vox. Las dos sumaron el equivalente a 16 votos (mayoría absoluta) al recibir el apoyo de los tres partidos del centro-derecha: PP, Cs y Vox. Las presentadas por PSOE, Unides Podem EU y Compromís solo recabaron su propio respaldo (el equivalente a 13 votos). Y, por último, la propuesta de Cs también quedó desestimada por 15 votos, ya que Vox defendió que no podía secundar que se sugiriese que el origen de la comisión había sido la denuncia de "un bulo difundido con una intencionalidad que no se consiguió". Ortolá sostuvo que esa apreciación implicaba "hacer la bola de nieve más grande", en alusión a las manifestaciones del comisario sobre el supuesto complot urdido para descabalgarle. Así que acabó votando en contra de las conclusiones de Cs, pese a que Manresa accediese a enmendarlas para añadir la apostilla de "presunto bulo".
¿Cuál será el siguiente paso a partir de ahora? Los dos escritos de conclusiones aprobados serán puestos en conocimiento del pleno, con el añadido de los votos particulares en contra manifestados por las tres fuerzas del eje progresista. A partir de ahí, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, reiteró su pretensión de plantear una nueva moción al pleno de junio para que se constituya otra comisión específica en la que se indague sobre las palabras del comisario, en una iniciativa a la que también se mostró abierto su homólogo de Compromís. En todo caso, todo parece indicar que esa hipotética segunda comisión no llegará a constituirse, al no sumar la mayoría necesaria. Cuando menos, este martes no se puso de manifiesto ningún indicio de que PP y Cs vayan a secundarla. Vox, por su parte, negó de plano que fuese a respaldarla.
