ALICANTE. El episodio suscitado con el proyecto de remodelación de la Plaza de San Blas amenaza con repetirse en otra dotación pública promovida por el Ayuntamiento de Alicante adjudicada a Ecisa. O mejor dicho, a una alianza empresarial que Ecisa conformó con Construcciones Urrutia bajo la denominación de UTE Isla de Corfú para optar a la construcción del nuevo parque del barrio del PAU 2 -ahora denominado oficialmente como el barrio de La Torreta-, cuyos trabajos habrían quedado ralentizados y estarían prácticamente paralizados desde el pasado verano, según los informes elevados por al dirección facultativa a cargo de la supervisión de su desarrollo.
Tanto es así que el equipo de gobierno, el bipartito formado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha decidido intervenir con un primer requerimiento con el que se apremia a la adjudicataria a retomar las obras de ese gran parque, de más de 20.000 metros cuadrados, con la incorporación de los recursos materiales y de personal que resulten necesarios para cumplir con los plazos comprometidos en su plan de trabajo.
El requerimiento, que se prevé aprobar en la Junta de Gobierno de este martes, insta a cumplir la programación prevista en el momento en el que se formalizó la adjudicación del contrato, en enero de 2022. Al tiempo, se le exige la presentación de un plan de suministros actualizado que garantice el respeto a los plazos de ejecución, de doce meses, según el acuerdo de adjudicación aprobado en diciembre de 2021.
Las obras se iniciaron de forma oficial el pasado 7 de febrero, cerca de un mes después de que la UTE encabezada por Ecisa se convirtiese en la empresa adjudicataria con una oferta de 1.845.517,51 euros (impuestos incluidos). Ese presupuesto se incrementó en cerca de otros 385.000 euros después de que, el pasado julio, el bipartito aprobase una modificación del proyecto original con algunas modificaciones respecto a la propuesta inicial para incluir, entre otros cambios, modificaciones en el sistema de riego y en la red de alumbrado, así como variaciones en la pasarela peatonal prevista para conectar dos zonas del parque situadas a diferente nivel.
No obstante, a partir de entonces, la dirección facultativa responsable de la supervisión de los trabajos comenzó a constatar retrasos respecto a los plazos reflejados en el plan de obra. De hecho, esa situación motivó la remisión de varios escritos en los que se reclamó que la UTE reactivase la ejecución de las obras para ajustarse a las condiciones del contrato. Sin embargo, esas comunicaciones no habrían tenido respuesta hasta ahora.
De ahí que en el requerimiento a formular ahora por el bipartito se recuerde a la UTE adjudicataria su obligación de cumplir con la fecha de finalización prevista, una vez superada la mitad del plazo de ejecución comprometido sin que el estado actual de los trabajos permita vislumbrar el cumplimiento del cronograma establecido. En esta línea, el requerimiento municipal también advierte a Ecisa y Construcciones Urrutia de la posibilidad de que cualquier incumplimiento pueda quedar sujeto al establecimiento de penalidades. O, incluso, a la posibilidad de que pueda acordarse la resolución del contrato, en función del acuerdo que ya se ha adoptado en el caso de la remodelación de la Plaza de San Blas, en un expediente que seguiría sujeto a la resolución de las alegaciones presentadas por Ecisa.
Lo cierto es que no es la primera actuación pública adjudicada a la constructora que ha derivado en un expediente de resolución. Como informó este diario, es lo que ha sucedido, por ejemplo, con las obras de rehabilitación de los dos primeros bloques de viviendas del barrio de Miguel Hernández, promovidas por la Conselleria de Vivienda. Todo, en un contexto en el que Ecisa habría quedado inmersa en las consecuencias de la reorganización de la estrategia de negocio emprendida por su nueva propiedad, la constructora cotizada Urbas, como también informó este diario.