Motocicletas estacionadas en una zona delimitada como área de estacionamiento controlado en el centro de Alicante.ALICANTE. El servicio de estacionamiento controlado sobre la vía pública, más conocido como la ORA o la zona azul, seguirá extendiéndose en otros sectores y barrios de Alicante tanto en los que ya está implantado, como en otros en que todavía quedan al margen de su funcionamiento. Cuando menos, esa es la planificación con la que trabaja el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en la actualización del pliego de condiciones de la nueva contrata, después de que se haya concedido una última prórroga extraordinaria a la UTE compuesta por Pavapark y Vectalia -que viene prestando el servicio desde 2013- como fórmula de compensación para restablecer el equilibrio económico del contrato.
Esa última ampliación del contrato vence el próximo 25 de enero, por lo que el departamento de Movilidad que coordina el edil Carlos de Juan ya ha iniciado la redacción de las bases del nuevo concurso en las que se pretende ampliar el servicio para crear nuevas plazas de estacionamiento regulado sobre la defensa de dos conclusiones esenciales. La primera, que el servicio se habría demostrado con un instrumento eficaz para procurar la rotación de vehículos, lo que redundaría en beneficio del sector comercial (también hostelero) al facilitar la posibilidad de desplazamiento de un mayor número de potenciales clientes.
Todo, eso sí, con la particularidad de que en esa extensión se tendría en cuenta, sobre todo, la creación de nuevas plazas delimitadas como zona naranja con aparcamiento preferente para residentes y tarifa reducida. En la actualidad, ese precio queda fijado en 30 céntimos al día entre semana, y en 15 los fines de semana (siempre que se disponga de la denominada tarjeta ciudadana), en lugar de los 70 céntimos por una duración mínima de 30 minutos, y los 1,40 euros por el máximo de 60 minutos establecido para los no residentes.
La segunda conclusión que respaldaría la oportunidad de ampliar la zona azul y la zona naranja es que, con ese servicio se cuenta con la ventaja añadida de la vigilancia, en la medida en que -según apuntan fuentes municipales- la labor de los controladores del servicio contribuye a ejercer una supervisión sobre los vehículos estacionados frente a posibles incidencias. De algún modo, según las mismas fuentes, su mera presencia contribuye a generar un efecto disuasorio ante la posible concurrencia de posibles robos o daños. Y también contribuye a detectar posibles dificultades en la circulación.
Eso sí, Movilidad pretende vincular esa propuesta de ampliación de plazas a la puesta en marcha de un proceso para pulsar el parecer de la ciudadanía a través de una o varias consultas públicas por zonas concretas, tras dar a conocer el conjunto de ventajas que se considera que conlleva la implantación de ese sistema.
Con ello, se trataría de evaluar la receptividad que la medida podría tener entre vecinos, comerciantes y hosteleros antes de cerrar una propuesta concreta. El objetivo es evitar una posible contestación social como la que se puso de manifiesto en 2021, cuando se trató de promover su instauración en el barrio de Carolinas Altas.
Al margen de ello, se pretende que la revisión de los pliegos permita dar respuesta a otro de los flecos del sistema actual que todavía permanecen pendientes de solución, a pesar de los anuncios de modificación de la ordenanza reguladora vigente que se han venido poniendo de manifiesto a lo largo de los dos últimos mandatos precedentes. Se trata de la incorporación de los ciclomotores y motocicletas, de modo que también puedan estacionar en plazas específicas para ese tipo de vehículos, previo abono del precio por la duración del estacionamiento.
En este caso, ese sistema de pago se canalizaría íntegramente a través de la App del servicio, Moviltik, que establece un control telemático sobre el registro de tiempos sin necesidad de disponer de un ticket físico convencional. El importe de ese estacionamiento quedaría ajustado, también, a las necesidades de ocupación de espacio en la vía pública, de modo que el precio a abonar por el propietario de una motocicleta podría reducirse a un tercio respecto al que abona un coche.
La incorporación de ciclomotores y motocicletas al sistema de estacionamiento regulado pretende atajar, así, la ocupación indebida de plazas para turismos, así como la ubicación de vehículos de dos ruedas sobre las aceras. Y todo, independientemente de que también se creen nuevas plazas de estacionamiento específicas en zona blanca, sin obligación de pago, en otras zonas del término municipal.
