PP y Cs abogan por negociar la adquisición de las harineras de Benalúa libres de indemnizaciones

ALICANTE. Sin acuerdo respecto a la propuesta de adquisición de los edificios de las harineras de Benalúa, pese a que sí exista coincidencia política en la consecución de ese objetivo. La propuesta promovida por el grupo municipal de Unides Podem para que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios para impulsar ese proceso de adquisición ha quedado desestimada en el pleno de este jueves después de que el equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, haya votado en contra, junto a los ediles de Vox. Todo, pese a que se comparta el fondo de la iniciativa, pero no sus formas, según ha sostenido el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), en representación del bipartito. "Los edificios se tienen que proteger y lamentamos que no se pudiesen incluir en el catálogo de protecciones en su momento, pero esa protección se debe negociar de manera rigurosa y sensata junto con los propietarios", ha incidido.

Por partes. La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha defendido la propuesta para señalar que "se trata de una iniciativa que trata de preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad para conservar nuestra identidad". De ahí que haya retado al conjunto de grupos políticos a asegurar la permanencia de los edificios que albergan las dos fábricas situadas junto a la avenida de Elche con el propósito de que se les pueda dar un uso público cultural, "al estilo del antiguo matadero de Madrid".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su voto en contra al señalar que los edificios "son una propiedad privada y sus legítimos propietarios tienen todo el derecho a disponer de ellos". Así, ha comparado su situación a la del antiguo cine Ideal. Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha mostrado su respaldo a la iniciativa "para que pueda preservarse el patrimonio" y ha considerado que "parece que existe cierto consenso en el pleno para que pueda acordarse su conservación, en la línea de lo que se planteó este miércoles en una reunión informativa organizada por la Concejalía de Urbanismo".

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, también se ha mostrado a favor de la iniciativa de Unides Podem, al alinearse en la conservación del patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico "como las que hemos planteado en otras iniciativas", aunque ha planteado una sugerencia sobre la posibilidad de que "los edificios no solo queden destinados a convertirse en un gran contenedor cultural". Así, ha planteado que pueda plantearse "un uso polivalente" siempre garantizando su uso público. "Edificios como los de harineras nos permiten querer y conocer nuestra ciudad", ha señalado. "Salvar estos dos edificios emblemáticos es necesario para conocer Alicante", ha incidido. Romero se ha mostrado abierta a que la propuesta contemplase otros usos alternativos, no solo limitados al uso cultural, de modo que quedase reflejado un "uso eminentemente cultural". Sin embargo, el alcalde, Luis Barcala, ha considerado que esa incorporación no se ajustaba a la propuesta formulada por el PSOË, por lo que la iniciativa se ha votado con su contenido original.

El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha anticipado su voto en contra "no por el fondo de la propuesta, sino por las formas, por la improvisación de la iniciativa". Así, ha defendido que el Plan Parcial de las harineras de Benalúa lleva tramitándose desde 2002 y ha insistido en que cualquier propuesta que persiga la protección de los edificios debe ser rigurosa. Por ello, ha subrayado la necesidad de que se aborden alternativas para promover la protección de las dos fábricas "junto a los propietarios de los edificios". "Creemos que los inmuebles se deben proteger, pero debemos hacerlo de la mano de los propietarios para no caer en un contencioso que puede suponer años de retraso", ha apuntado. En esta línea, ha apuntado que "en la reunión informativa que mantuvimos este miércoles hablamos que debíamos ser prudentes para no dificultar las negociaciones y nos encontramos que ha aparecido publicado en un diario local", en alusión a Alicante Plaza. "Hemos de ser rigurosos y sensatos y trabajar con los propietarios, que tienen unos derechos adquiridos, para proteger los edificios sin incurrir en el riesgo de tener que asumir indemnizaciones millonarias", ha añadido.

Además, ha señalado que "la fórmula adecuada para afrontar esa adquisición no es la expropiación" y ha incidido en que se están estudiando "otras alternativas" para que se pueda producir esa adquisición, sin citar expresamente la posibilidad de plantear una permuta con la cesión de aprovechamientos (derechos de edificabilidad) en otras zonas en expansión urbanística del término municipal, a cambio de la propiedad de las antiguas fábricas, sin que se llegue a desarrollar el Plan Parcial de las harineras regulado por convenio en 2003, como se planteó en el transcurso de la reunión informativa celebrada este miércoles.

Tampoco ha prosperado la segunda de las propuestas de declaración institucional promovidas por Unides Podem con el objetivo de que se revierta la cesión de la gestión del Castillo de Santa Bárbara desde la Concejalía de Cultura a la de Turismo. La propuesta ha contado con el rechazo de los 14 concejales de PP y Cs y los dos de Vox, frente a los 13 concejales de PSOE, Unides Podem y Compromís.

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha defendido la iniciativa tras expresar el temor de su formación política ante la posibilidad de que la gestión del baluarte que corona el Monte Benacantil, así como la del Castillo de San Fernando, que también ha sido transferido a Turismo, queden en manos de la gestión de una empresa privada. Además, ha defendido la necesidad de que se garantice la protección de los dos castillos, reconocidos como BIC. En parecidos términos se han pronunciado tanto el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, que ha llegado a plantear una modificación de la declaración para que se introduzca la posibilidad de una gestión mixta entre las concejalías de Cultura y Turismo. El alcalde, por su parte, ha apuntado al respecto que los decretos en los que se acuerda ese traspaso de gestión ya prevé un reparto de competencias entre las dos áreas.

En todo caso, la encargada de defender la posición del equipo de Gobierno ha sido la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), quien ha señalado que la propuesta carece de sentido puesto que la promoción turística de los dos castillos conlleva "la necesidad de su protección". En este sentido, ha apuntado que con el nuevo reparto de competencias "se va a potenciar el uso turístico de las instalaciones de los dos castillos y su dinamización".

Por lo que respecta al resto de declaraciones institucionales, el pleno ha aprobado la propuesta impulsada por PP y Cs para instar a la Conselleria de Políticas Inclusivas a habilitar el Centro de Acogida Temporal de Emergencia (CATE) de La Florida para atender a personas sin hogar. La propuesta ha sido defendida por la edil de Acción Social, Julia Llopis, quien ha reprochado que no se ha obtenido respuesta a su solicitud planteada de manera reiterada, después de que parte de las instalaciones sí se pusiesen en servicio durante la primera ola de la pandemia. Vox se ha sumado a la demanda y ha considerado "un escándalo", según su edil José Bonet, que no se haya habilitado todavía.

Por su parte, los ediles de Compromís, Rafa Mas, y de Unides Podem, Xavier López, han recordado que las competencias sobre la materia corresponden al ayuntamiento. Además, Mas ha señalado que el CATE se habilitó para ese fin en abril para atender una situación de emergencia sobrevenida "que no se da ahora porque llevamos muchos meses de pandemia y no se han procurado soluciones alternativas". López ha recriminado, también, que Llopis se dedique a plantear propuestas para contrarrestar la acción del Consell.

La edil del PSOE, Lola Vílchez, por su parte, ha planteado una enmienda en la que se incluya que el ayuntamiento se haría cargo de asumir los gastos que conllevase la puesta en marcha del ala del edificio del CATE que pudiese habilitarse para atender a las personas sin hogar. Así, la declaración ha quedado aprobada con los votos de PP, Cs, PSOE y Vox.  

El pleno también ha aprobado una declaración institucional promovida por PP y Cs por la que se plantea que se acuerden las medidas necesarias para reducir el impacto de la subida del precio de la electricidad en plena ola de frío y en una situación de semiconfinamiento. La iniciativa ha quedado aprobada con los votos del equipo de Gobierno y Vox, mientras que el resto de grupos políticos se ha abstenido.

El bipartito y Vox también rechaza la propuesta de UP para que se revierta el traspaso de la gestión del Castillo de Santa Bárbara desde Cultura a Turismo

También se ha debatido y aprobado otra declaración institucional por la que se acuerda instar a la Generalitat a derogar el impuesto al vertido e incineración de residuos de competencia municipal. El edil de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar, ha sostenido, respecto al ámbito de funciones que dependen del Ayuntamiento, que se está trabajando en la redacción del proyecto de recogida de residuos orgánicos. La iniciativa del bipartito ha contado con el respaldo de Vox y el rechazo en bloque de toda la oposición, que ha defendido el canon como instrumento necesario para reducir la generación de residuos de los grandes productores.

El PSOE también ha promovido una declaración institucional en la que se plantea que una parte de los ingresos obtenidos con la imposición de multas por incumplimiento de la ordenanza de circulación, en torno a dos millones, se destine a la adquisición de material de seguridad para los agentes de la Policía Local y para la mejora de los puntos negros de la ciudad en los que se producen concentraciones de accidentes. La iniciativa se ha votado por puntos, a propuesta de PP, después de una reformulación de sus términos. Así, ha quedado aprobada en tres de sus cinco puntos con los votos de PSOE, PP, Cs, Unides Podem y Compromís. Vox los ha rechazado en su integridad.

Igualmente, se ha debatido una segunda declaración institucional promovida por el PSOE para que se elabore un informe sobre la repercusión económica que conllevan las fiestas de les Fogueres y de la Navidad. Según el edil socialista, Manuel Marín, se trataría de actualizar el informe elaborado en 2013 con otro estudio. Tanto el portavoz de Vox, como el edil de Fiestas, Manuel Jiménez, han recriminado el olvido de otras fiestas de la ciudad como la Semana Santa. Además, Jiménez ha sostenido que ese estudio debería elaborarse en cuanto se recupere la normalidad. Así, la propuesta ha quedado rechazada con el único apoyo de PSOE y Compromís. PP, Cs y Vox han votado en contra mientras que Unides Podem se ha abstenido.

Sí ha prosperado la tercera de las propuestas promovidas por el PSOE para acordar los protocolos que resulten necesarios para la retirada de los contenedores de ropa instalados sin permiso municipal en la vía pública. La iniciativa ha contado con un respaldo unánime. De hecho, el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha apuntado que ya existían dos expedientes sancionadores de infracción abiertos frente a la instalación de esos contenedores. Además, ha avanzado que la recogida y tratamiento de ropa y calzado debe ser una competencia municipal, por lo que quedará incluida en el pliego de la nueva contrata de residuos.

También ha quedado aprobada la declaración institucional del PSOE para incorporar la transversalidad o enfoque de género en toda la gestión municipal. La iniciativa ha contado con el respaldo de PSOE, Unides Podem y Compromís, las abstenciones de PP y Cs y el voto en contra de Vox.

De igual modo, ha prosperado la iniciativa presentada por Compromís para reconocer la labor de la asociación Parkinson Alicante y solicitar que la Generalitat facilite su acceso a una financiación estable, a través de su inclusión en los centros de referencia. La declaración ha contado con el voto favorable de los 29 concejales de la corporación. 

No ha prosperado, no obstante, la segunda de sus declaraciones institucionales presentada por Compromís para que se considere al sector de la cultura, los espectáculos y los eventos como especialmente perjudicado por la crisis sanitaria del coronavirus. La propuesta ha contado con el voto favorable de PSOE, Unides Podem y Compromís, el voto en contra de PP y Cs y la abstención de Vox.

En el debate de la iniciativa, el primer edil ha concretado que el Plan Resiste pactado por la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos prevé una asignación de 11,6 millones en ayudas para la ciudad de Alicante, al margen de las aportaciones que puedan formular tanto el Ayuntamiento como la Diputación. Barcala ha recordado que se trata de ayudas compatibles con las que puedan habilitarse por parte de las administración provincial y municipal y que, entre los sectores incluidos como receptores de esos fondos, también se incluye ya el de las actividades recreativas y el entretenimiento.

También ha prosperado la propuesta de declaración institucional presentada por Vox para instar a la Generalitat a mantener y ampliar los conciertos educativos. La iniciativa ha recabado el apoyo de PP y Cs, y el voto en contra del eje progresista en bloque. Ese mismo resultado ha tenido la segunda declaración promovida por Vox, por la que se plantea el apoyo del Ayuntamiento al sector de la hostelería y se insta a la Generalitat a ampliar el importe de las ayudas previstas. Además, también se reclama que el Gobierno garantice la cobertura del 100% de los salarios a los empleados del sector incluidos en un ERTE.

Por lo que respecta a los ruegos y preguntas (un punto desarrollado con carácter previo en la sesión), la edil de Acción Social, Julia Llopis, ha rechazado el ruego formulado por la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, para que se garantice el servicio de comedor a los alumnos de escuelas infantiles municipales en el caso de que se produzca una situación de confinamiento. Llopis ha considerado que ya fue una cuestión tratada en el Patronato de Escuelas Infantiles.

En el pleno también se ha rechazado un ruego presentado por Vox para que se convoque la comisión de la recuperación de Alicante para evaluar el cumplimiento de las 105 medidas pactadas en el dictamen al que dio lugar. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha apuntado que la comisión quedó disuelta tras la aprobación de ese dictamen, aunque ha apuntado que sí podría celebrarse algún tipo de reunión para evaluar el estado cumplimiento de esas medidas.

Además, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sobre la realización de un estudio de ruido en el entorno de la estación de Renfe, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha expresado su sorpresa por la pregunta y ha instado a Bellido a solicitar la ejecución de las obras de la estación intermodal, "que es el origen del problema de ruido". "El problema es que el Ministerio de Fomento todavía no ha comenzado ni a planificarla", ha dicho.

El edil de Compromís, Rafa Mas, también ha reprochado al edil de Fiestas y Participación Ciudadana, Manuel Jiménez (PP), los gastos realizados en "el boato de la Navidad" mientras que se producía el retraso en la transferencia de subvenciones a las entidades vecinales y festeras de la ciudad. Así, ha preguntado si había desviado dinero de Participación Ciudadana "para pagar esos gastos excesivos" relacionados con los actos navideños. Jiménez, por su parte, ha acusado a Mas de mentir respecto a los gastos realizados en cuestiones como los trajes de los Reyes Magos, las carpas de los campamentos reales, el belén gigante o las figuras de ángeles instaladas en la Concatedral de San Nicolás. En esta línea, ha rechazado que se hubiese producido ese desvío. También ha respondido que varias de esas acciones navideñas han sido a petición de los vecinos.

Mas también ha cuestionado a la edil de Educación, Julia Llopis, sobre la próxima convocatoria de un consejo escolar municipal para tratar sobre la evolución de los proyectos del Plan Edificant y la inclusión de nuevas obras, tras asegurar que se están ejecutando actuaciones por más de 3.000 millones en el conjunto de la provincia, sin que se haya iniciado ninguna actuación en los colegios de la ciudad. Llopis ha incidido en que ya ha respondido en otras dos ocasiones a esa cuestión para subrayar que "el consejo escolar es consultivo, por lo que no tiene competencias ni para incluir ni para excluir proyectos en el Plan Edificant". 

En esta línea, ha incidido en que el equipo de Gobierno sigue esperando "la ratificación del ajuste de anualidades para la ejecución de las obras ya reconocidas" en cuatro colegios, después de que se haya levantado los reparos del interventor para poder iniciar la licitación de esas obras. "Respecto a la inclusión de nuevos centros, vamos a esperar a que se inicien estos primeros e incorporaremos otros", ha señalado. Además, ha sostenido que "la competencia es de la Conselleria de Educación, así que pueden iniciar cualquier otra obra aunque no sea a través del Plan Edificant". 

En respuesta a otra pregunta de Vox, formulada por el edil José Bonet, sobre el cumplimiento del plan estratégico de Turismo, la edil del área, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que, al margen de la puesta en marcha de la iniciativa 'Alicante segura', se ha intensificado la apuesta por el turismo deportivo, se ha puesto en marcha las ayudas del Plan ReActiva, y se ha reforzado las acciones en Navidad para atraer visitantes, "teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad que supone el cierre de fronteras y el cierre perimetral de la Comunitat, relacionado con la crisis sanitaria". 

El portavoz de Vox, Ortolá, también ha cuestionado sobre la devolución de las tasas cobradas a los titulares de los puestos de los mercadillos de la ciudad como consecuencia de las restricciones en su instalación. La edil de Hacienda, Lidia López (PP), ha asegurado que se está estudiando en la posibilidad de bonificar la tasa correspondiente al primer trimestre de este año a modo de compensación.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha preguntado sobre el informe jurídico anunciado para conocer cómo se podía desbloquear la aportación de tres millones realizada por la Generalitat al materializarse su incorporación a la comunidad de propietarios del Teatro Principal. El edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha respondido que la solicitud de ese informe a la Asesoría Jurídica ya se ha realizado y que ese dictamen planteará "cuáles son las posibles vías a adoptar".

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha cuestionado sobre los planes del equipo de Gobierno sobre las composteras de residuos de la ciudad. El edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha asegurado que el bipartito "no ha dicho nunca de que vamos a acabar con los puntos de compostaje, sino que su generación debe asumirla el ayuntamiento; no van a desaparecer". Además, ha apuntado que "a lo mejor sería conveniente solicitar aclaraciones sobre esa cuestión relacionada con la gestión de sus excompañeros de confluencia durante la etapa de mandato del tripartito".

López también ha cuestionado sobre la petición presentada por la Asociación de Vecinos del Pla para que se modifique el trazado de la línea 2 del servicio de autobús para ampliar el espacio peatonal en la reurbanización de la avenida de Padre Esplá. El edil de Transportes, Manuel Villar, ha replicado que el rechazo de esa propuesta está fundamentado en un informe técnico en el que se apunta que supondría forzar "un giro de 180 grados que supondría un riesgo para la seguridad vial", ha dicho.

La edil del PSOE, Lara López, ha cuestionado al edil de Fiestas sobre actos navideños desarrollados en las partidas de La Alcoraya y El Moralet, sin que se hubiese informado sobre ellos. Así, ha preguntado sobre el gasto que habría supuesto esos actos. Jiménez ha respondido que esos actos sí se publicitaron y que se trasladaron actos navideños a todos los puntos de la ciudad en los que fue posible. Además, ha recalcado que esos actos se desarrollaron a partir de los protocolos sanitarios.

El pleno, que se ha celebrado de manera telemática, ha concluido en torno a las 19:00 horas, tras un receso temporal de media hora. Durante parte de su desarrollo, se ha producido la concentración de un grupo de residentes de la partida rural de Fontcalent en la plaza del Ayuntamiento para exigir el cierre de las instalaciones de una planta de tratamiento de residuos de la construcción.