ALICANTE. No habrá jubilación forzosa. El comisario principal del cuerpo de Policía Local de Alicante, José María Conesa, gana el pulso de interpretaciones suscitado en torno al momento en el que procede acordar su retirada de la actividad profesional y podrá permanecer en el desempeño de sus funciones (en principio, en su mismo puesto actual, salvo que pudiese acordarse su cese con antelación) hasta abril de 2027.
Esa es la conclusión que se alcanza en la sentencia dictada por la plaza número 4 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante en la que se estima el recurso presentado por Conesa frente al decreto dictado por la Concejalía de Recursos Humanos el 10 de marzo de 2025 en el que se acordaba su jubilación forzosa con fecha de 9 de agosto de ese mismo año. Es decir, el momento en el que el comisario cumplía los 65 años.
La resolución judicial revoca el decreto municipal al estimar que a Conesa le asiste el derecho de permanecer en el ejercicio profesional hasta el momento de alcanzar los 38 años y 3 meses de cotizaciones necesarias para percibir el 100% de su pensión con el fin de no ver mermados sus los ingresos a percibir y no perder poder adquisitivo. Y esa circunstancia no se producirá hasta el próximo 27 de abril, como quedaría recogido en los informes elaborados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 29 de noviembre de 2024, de 14 de marzo de 2025, de 1 de abril de 2025 y de 16 de febrero de 2026, según señala la sentencia.
Lo cierto es que el departamento de Recursos Humanos consideraba que el máximo responsable de la Policía Local sí habría acumulado los años de cotización necesaria en agosto de 2025 para percibir ese importe máximo de su pensión, al estimar que en ese cálculo computaba el periodo de 3 años, 3 meses y 28 dias en el que Conesa trabajó en las Fuerzas Armadas, antes de ingresar en el cuerpo local. No obstante, la sentencia apunta que el INSS no comparte esa consideración, cuando es, en realidad, el órgano competente para resolver sobre ello, sin que el Ayuntamiento de Alicante pueda arrogarse esa facultad.
Periodo por cotizar
En este sentido, el juzgado remarca que, a través de esos informes del INSS aportados por Conesa, se dejaba constancia de que "a fecha 8 de agosto de 2025 -fecha en la que cumplía la edad de 65 años- tenía cotizados al Régimen General de la Seguridad Social un total de 36 años y 8 meses", con lo que no había acumulado los 38 años y 3 meses necesarios para percibir el 100% de su pensión. Ese hito se registrará cuando cumpla 66 años y 8 meses.
"Así se desprende del contenido de los Informes de jubilación del INSS de fechas 29 de noviembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 1 de abril de 2025 y 16 de febrero de 2026 obrantes en las actuaciones, que vienen a concluir que el recurrente tiene la obligación de cotizar hasta el 21 de abril de 2027", remarca la sentencia.
En este sentido, la resolución judicial apunta que el ayuntamiento alegó, para defender la vigencia del decreto de jubilización forzosa, que "al recurrente le constan cotizados un total de 3 años, 3 meses y 28 dias a Clases Pasivas del Estado, Instituto Nacional de las Fuerzas Armadas, y que en consecuencia, adicionando estos periodos a los cotizados para el Régimen General de la Seguridad Social superaría el umbral de 38 años y 3 meses previsto en la Disposición Transitoria Séptima del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social".
Sin embargo, incide en que "este argumento no puede tener favorable acogida por cuanto que la edad ordinaria de jubilación no depende de los años de servicio que la Administración conozca de manera informal, sino de los períodos de cotización acreditados y computables en el régimen que debe reconocer la pensión. Por lo tanto, mientras los 3 años, 3 meses y 28 dias cotizados a Clases Pasivas del Estado no estén incorporados mediante el procedimiento correspondiente, no cabe considerarlos para anticipar la edad ordinaria de 66 años y 8 meses a 65 años".
Así, resuelve que "el Ayuntamiento no puede apartarse de las conclusiones extraídas por el INSS – contenidas en los Informes de 29 de noviembre de 2024, 14 de marzo de 2025, 1 de abril de 2025 y 16 de febrero de 2026- ni establecer un cómputo alternativo, por 'quedar vinculado' a lo resuelto por el organismo competente". Es decir, el INSS. En consecuencia, estima que debe respetarse "así, el derecho del funcionario a continuar hasta la edad ordinaria individual de 66 años y 8 meses" para que se produzca su jubilación, una vez alcanzados los años totales de cotización que le confieren la posibilidad de percibir el importe máximo de pensión. De ahí que anule el decreto de jubilación forzosa y que, además, imponga las costas del proceso al Ayuntamiento.
17 años como máximo responsable del cuerpo
De este modo, Conesa podrá permanecer en el ejercicio de la actividad profesional hasta el próximo mes de abril, a no ser que el Ayuntamiento explore la posibilidad de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), y que, en ese supuesto, el alto tribunal autonómico sí estime sus pretensiones. No obstante, no estaría garantizado que ese pronunciamiento de segunda instancia se conociese antes del próximo mes de abril.
Hasta el momento, Conesa acumula más de 17 años como máximo responsable de la Policía Local de Alicante desde que fue nombrado para el cargo bajo el mandato de la popular Sonia Castedo. A partir de ahí, ha mantenido esa responsabilidad bajo todos los gobiernos posteriores, con Miguel Valor, Gabriel Echávarri y Luis Barcala como alcaldes. En ese periodo, ha asumido la organización de un cuerpo compuesto por cerca de 460 agentes en plantilla -con la dificultad que habría entrañado momentos como el de la pandemia del coronavirus- en una ciudad que supera los 366.000 habitantes, con el reto de promover la restitución de efectivos como consecuencia de las progresivas retiradas por jubilación.
En esa trayectoria, también ha quedado bajo el foco de la polémica después de que trascendiesen supuestas anomalías en las oposiciones de acceso libre convocadas en 2022, a partir de la denuncia anónima en la que se apuntaba la existencia de una manipulación del proceso en beneficio de aspirantes vinculados con policías en activo y con cargos políticos municipales. Esa controversia motivó la constitución de una comisión de fiscalización, en la que se solicitó su comparecencia, y en la que él explicó que, en realidad, se había orquestado una trama con el fin de desprestigiarle y descabalgarle de sus responsabilidades. Finalmente, esa comisión se cerró sin que se llegase a probar ninguna irregularidad.
