VALÈNCIA. La Comisión Europea prepara un pacto con los Estados miembros para evitar que añadan trámites y requisitos innecesarios al incorporar o aplicar las normas comunitarias. El Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen quiere que el acuerdo se firme antes de que acabe 2026. Bruselas sostiene que estas exigencias pueden elevar los costes de las empresas que operan en varios países y dificultar la venta de un mismo producto en toda la Unión.
La Comisión denomina gold-plating a la práctica de imponer obligaciones que van más allá de lo que exige o permite la legislación europea. Puede ocurrir cuando un país amplía el número de empresas sujetas a una norma, fija condiciones más estrictas o introduce trámites más gravosos de lo necesario para aplicarla. En su informe del 4 de noviembre sobre simplificación y aplicación de las normas comunitarias, Bruselas señala que el objetivo del pacto es reducir esas cargas preservando los derechos y las protecciones previstos por la legislación.
Von der Leyen planteó el pacto en su discurso sobre el estado de la Unión y, el pasado 15 de octubre, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara una iniciativa. Entre las medidas que se estudian figura un mecanismo para revisar y retirar requisitos innecesarios, con participación de las empresas, en especial las pymes y las que operan en varios Estados. Bruselas trabaja también en una guía para que las autoridades nacionales puedan evitar esas cargas al trasladar las normas europeas a su legislación.
El etiquetado de los envases en España
La Comisión ha enviado un cuestionario a las autoridades nacionales y ha abierto una consulta para recabar ejemplos y conocer su impacto. En las reuniones con empresas y otros actores, los participantes señalaron requisitos adicionales o diferencias de aplicación en ámbitos como la banca, los medios audiovisuales o los datos sanitarios. En materia fiscal, pidieron evitar que los Estados añadieran nuevas obligaciones a la hora de presentar información por vía digital.
Al repasar los obstáculos a la libre circulación de productos, el informe cita como ejemplo a empresas que venden el mismo producto en varios países de la Unión Europea y pueden tener que adaptar sus etiquetas a las exigencias de cada mercado. En España, por ejemplo, los envases domésticos deben indicar en qué contenedor se depositan. La Comisión Europea cita esta obligación entre los requisitos nacionales de etiquetado que han dado lugar a expedientes de infracción. También señala el caso de Francia, que exige sus propias instrucciones de separación de residuos, y el de Italia, donde se obliga a informar al consumidor cuando se reduce la cantidad de producto en el envase sin bajar el precio. Según Bruselas, la proliferación de estas exigencias dificulta la venta de un mismo producto en varios países y puede elevar los costes para los consumidores.
Más de 22.300 millones de ahorro potencial
El pacto forma parte de la agenda de simplificación con la que la Comisión aspira a reducir las cargas administrativas al menos un 25% para el conjunto de las empresas y un 35% para las pymes al término del mandato, en 2029. Bruselas calcula que los doce paquetes legislativos y las demás medidas de simplificación impulsadas desde diciembre de 2024 podrían ahorrar más de 22.300 millones de euros al año en costes administrativos si se aplican en su totalidad. De esa cifra, 7.700 millones corresponderían a las pymes.
Entre las medidas que recoge el balance figuran la simplificación de algunas obligaciones de protección de datos y la agilización de las evaluaciones ambientales vinculadas a la concesión de permisos. Bruselas atribuye al conjunto del paquete digital un ahorro administrativo potencial de unos 1.200 millones de euros al año y al paquete ambiental, de 890 millones. Según el informe, los cambios relativos a la inteligencia artificial entraron en vigor en julio, mientras que el resto del paquete digital sigue en negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo.
