VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana sigue a la cola en financiación estatal de la dependencia pese a recibir 44 millones más en 2025, un montante que elevaba a 328 millones la aportación del Gobierno a la autonomía. Así se desprende del sexto informe del Observatorio de la Dependencia de Fedea, donde se recoge un incremento del peso estatal en la financiación del 20 al 22% sobre un gasto público total de 1.474,2 millones, mientras que la media española se mantuvo en el 27%.
La exigencia de una mejor financiación por parte del Estado está sobre la mesa desde hace años, reclamada tanto por el actual Consell como por el Govern del Botànic. Pese a la insistencia, y aunque durante los últimos años se había aumentado el importe, todavía se estaba muy lejos del porcentaje aportado a otras autonomías. Un cantidad condicionada por el fuerte uso de los ciudadanos valencianos de la prestación por cuidado familiar frente al profesional -que recibe una mayor compensación-, además de un sistema de financiación que no ha respondido en muchas ocasiones a "criterios observables y razonables", según destacaba la propia Fedea en informes anteriores.
Cambios en la ley para concretar la participación del Estado
Sin embargo, tras años de reivindicaciones, 2026 podría cerrarse de manera diferente tras la aprobación de la Ley 4/2026, en vigor desde el 23 de octubre, y que modificó el artículo 32 de la Ley de Dependencia. Anteriormente, la norma hacía mención a la cuestión de forma somera y confusa, sin acaba de especificar una obligación clara, pero el actual texto no deja lugar a dudas. "La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9 y garantizará, en todo caso, una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente, en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias", recoge la modificación. Según concreta, las autonomías deberán aportar cada año al menos tanto como el Estado, y los convenios entre ambas administraciones concretarán el reparto con criterios como la población dependiente, la dispersión geográfica o la insularidad.
"La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley, por lo que la misma será estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas. En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley", insiste. También fueron modificadas en el mes de julio las cuantías a aportar según el grado de dependencia. El importe por cada persona atendida ha pasado de 76 a 90 euros en el grado I (dependencia moderada), de 130 a 260 euros en el grado II (dependencia severa) y de 290 a 660 euros en el grado III (gran dependencia).
Sergi Jiménez-Martín y Analía Andrea Viola, autores del informe, califican de "cambio histórico" el refuerzo de la financiación y sostienen que fijar la aportación por ley "reduce la vulnerabilidad de la financiación ante los vaivenes políticos" y "refuerza la atención a la dependencia como derecho garantizado". El informe recuerda, sin embargo, que España dedica a los cuidados de larga duración alrededor del 1% del PIB, frente al 1,9% de media en la OCDE. Los autores señalan que el efecto de la reforma dependerá de cómo gestionen las autonomías los nuevos recursos y de si ese refuerzo permite acortar los trámites y ampliar el acceso a los servicios profesionales. Entre las prioridades del sistema sitúan la calidad de las prestaciones, la equidad territorial y la mejora de la formación y la retribución de los profesionales.
En 2019, la aportación apenas cubría el 11%
En 2019, la aportación estatal apenas cubría el 11% del gasto público en dependencia de la Comunitat Valenciana. La proporción subió al 15% en 2021 y alcanzó el 22% en 2023, el mismo porcentaje al que volvió en 2025 tras bajar al 20% en 2024. En el último ejercicio, la distancia respecto a la media española se redujo de siete a cinco puntos. Como se apuntaba, en 2025 el Estado cubrió el 22% del gasto público en dependencia de la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que en Cataluña y cinco puntos por debajo de la media española (27%). Doce autonomías quedaron por delante. La Rioja encabezó la lista con un 40%, seguida de Castilla y León (37%), Andalucía (34%), Galicia (33%) y Aragón (32%). También superaron a la Comunitat Cantabria y Castilla-La Mancha (29% en ambos casos), Madrid (28%), Extremadura (27%), Murcia (26%), Canarias (25%) y Asturias (24%). Solo quedaron por debajo Baleares y Navarra, con un 19%, y el País Vasco, con un 15%.
Casi la mitad de las prestaciones son ayudas para cuidados familiares
Entre las principales opciones que se incluyen en el sistema de la dependencia están los servicios profesionales, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y de noche y la atención residencial, así como distintas prestaciones económicas. En estas últimas se incluyen la prestación vinculada al servicio, cuando no existe plaza pública disponible, la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y la prestación de asistencia personal, orientada a facilitar una vida más autónoma. La elección entre unas u otras modalidades se concreta a través del Programa Individual de Atención (PIA) y depende tanto de las necesidades de la persona como del modelo de atención y la cartera de servicios de cada comunidad autónoma.
En este sentido, el informe muestra cuánto ha ganado peso el cuidado familiar en el sistema valenciano. Las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar pasaron del 41,3% del total de prestaciones en junio de 2024 al 48,1% en junio de 2026. Son 6,8 puntos más en dos años, frente a un aumento de 1,6 puntos en España, donde estas ayudas representan el 31% del total. La Comunitat pasa así del quinto al segundo puesto entre las autonomías, solo por detrás de Cataluña (52,5%) y por delante de Murcia (47,2%).
Este tipo de ayuda, concebida originalmente como una opción excepcional dentro del sistema, ha terminado adquiriendo un protagonismo notable en comunidades como la valenciana y el predominio del cuidado familiar tenía hasta ahora un impacto directo sobre la aportación estatal. Al tratarse de una modalidad menos intensiva en servicios profesionales, el coste reconocido por el sistema es menor, lo que reduce automáticamente la financiación que aporta el Estado. En últimos años, se ha reforzado normativamente la excepcionalidad del cuidado no profesional, incorporándolo de forma explícita a los criterios de financiación. Una medida que ha terminado consolidando un modelo que penaliza a las comunidades donde este tipo de prestación tiene mayor peso.
La teleasistencia es la segunda prestación más frecuente en la Comunitat, con un 29,7% del total, seguida de la ayuda económica vinculada a un servicio, con un 10,2%. La ayuda a domicilio representa el 2,5% de las prestaciones valencianas, frente al 16,4% en España. También es menor el peso de la atención residencial, que supone el 4,7% en la Comunitat y el 7,6% en el conjunto del país.
Más de 9.600 personas con derecho reconocido siguen a la espera
A finales de junio de 2026, 194.415 personas tenían reconocido el derecho a una prestación de dependencia en la Comunitat Valenciana. De ellas, 184.812 ya recibían alguna y 9.603 seguían pendientes de recibirla. Es lo que el informe denomina el "limbo de la dependencia". La espera afectaba al 4,9% de quienes tenían el derecho reconocido en la autonomía, frente al 6% en España. El gráfico de Fedea sitúa esa proporción en la Comunitat en torno al 36% en 2015 y entre el 14% y el 15% en 2019.
A esas cifras se añade la espera en una fase anterior del trámite. De las 245.572 solicitudes activas en la Comunitat, 226.065 contaban con una resolución sobre el grado de dependencia y 19.507 seguían pendientes de esa valoración. La proporción de solicitudes con una resolución de grado era del 92%, frente al 95% en el conjunto de España.
Aunque la Comunitat mantiene una proporción de personas pendientes de prestación inferior a la media, en el último año el reconocimiento del derecho avanzó más rápido que la atención efectiva. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el número de personas con derecho a prestación creció un 12,4% y el de quienes ya la recibían, un 10,2%. En el conjunto de España ocurrió lo contrario. Las personas atendidas aumentaron un 11,2%, por encima del 9,7% de quienes tenían derecho reconocido. Los autores incluyen a la Comunitat, junto con Murcia y Cantabria, entre las autonomías en las que esa diferencia deja un "balance menos favorable en el funcionamiento del sistema".
El informe apunta además a diferencias acusadas entre territorios. En junio, el porcentaje de personas con derecho reconocido que seguían pendientes de recibir la prestación era inferior al 1% en Aragón, Castilla y León, Canarias y Galicia. En Murcia y Cataluña rondaba el 13% y en el País Vasco alcanzaba el 15%. En toda España, 112.002 personas se encontraban en esa situación.
