ALICANTE. Sin recurso. El comisario principal de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, completará todo el periodo de cotización necesario para percibir el 100% de su pensión de jubilación sin quedar sujeto a la posible incertidumbre que entrañaría el registro de un hipotético recurso de apelación por parte del Ayuntamiento de Alicante frente a la sentencia de primera instancia que anula el decreto de su jubilación forzosa.
Así lo ha garantizado este jueves el alcalde, el popular Luis Barcala, al descartar la interposición de ese posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), después de participar en la inauguración del congreso de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, que se desarrolla en la sede de Casa Mediterráneo. El primer edil ha apuntado tres motivos concretos para descartar esa posible impugnación. El primero, que no existiría tiempo material para que ese hipotético recurso pudiese resolverse por parte del TSJCV antes del próximo mes de abril, cuando se producirá la jubilación efectiva del máximo responsable del cuerpo local.
El segundo, que no sería "ético" que el fin de la vida profesional de quien ha ejercido como máximo responsable de la Policía Local durante 17 años, "con un expediente intachable", se vea mezclado con el ejercicio de acciones legales por parte del ayuntamiento al que ha prestado servicio. Y tercero, que él mismo había mantenido una conversación con Conesa y le había trasladado personalmente que el ayuntamiento no recurriría en el supuesto de que lograse una sentencia favorable en primera instancia, como ha sucedido.
De este modo, Conesa seguirá desempeñando su labor -en principio, en el mismo puesto que ocupa en la actualidad- hasta el próximo mes de abril, sin que se prevea ninguna otra decisión municipal con el fin de anticipar la fecha de su retirada. Todo, después de que dicha sentencia de primera instancia anulase el decreto por el que se acordaba su jubilación forzosa, dictado por la Concejalía de Recursos Humanos en marzo de 2025, al concluir que los informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aportados a la causa por la representación legal de Conesa certificaban que no había alcanzado los años de cotización necesario para percibir el importe íntegro de su pensión en la fecha en la que se planteaba su jubilación forzosa, el pasado agosto de 2025.
