Ignacio Soler atiende a la prensa en presencia de Dolores Tomás.ELCHE. Los ex concejales de Deportes y Hacienda de Santa Pola, Loli Tomás e Ignacio Soler, han comparececido este miércoles ante el juzgado número cuatro de Elche por la denuncia que en su día interpuso el Club de Atletisme de Santa Pola por supuestas irregularidades en el pago de una cantidad económica al consistorio para sufragar los gastos de la Media Maratón de 2016. La entidad entidad deportiva entiende que el equipo de gobierno de aquella etapa, formado por ediles del PSOE, Compromís, Podemos, EU y dos ediles no adscritos, le cobró una tasa, que posteriormente fue anulada por una juzgado de lo contencioso; mientras que los dos regidores han negado que ese pago tuviera el concepto de tasa, sino que formaba parte de un acuerdo avalado por ambas partes y rubricado en Junta de Gobierno. Es más tanto, Ignacio Soler como Dolores Tomás, han asegurado que de haber sido una tasa, hubiera sido algo preceptivo, recogido en una ordenanza y pagado con antelación a la celebración del evento, en enero de 2016, pero han recordado que la entidad deportiva, en un principio, estuvo de acuerdo en ese pago para costear los gastos de seguridad de la prueba, pero que el ingreso lo hizo después, en marzo de ese mismo año, cuando ya se había celebrado la prueba.
La versión de los ediles ha sido muy parecida. Ambos también han explicado que esa propuesta de pago se realizó con objeto de costear los gastos de la prueba y que se acordó que se pagaran al 50%, una mitad el consistorio y la otra mitad, el Club de Atletisme. Que la propuesta de gasto fue realizada por la jefa de Recursos Humanos, a tenor de las horas extraordinarias que se tenían que abonar a los agentes de la Policía Local necesarios para garantizar la seguridad de la prueba. Esos costes de seguridad eran más elevados al principio, pero después se ajustaron, ha dicho Soler. Tomás ha sido más precisa y ha dicho que como concejala de Deportes, de no haber existido ese acuerdo previo, favorable y avalado por los técnicos -porque nadie puso ningún reparo, ha matizado-, no se podría haber solicitado el permiso para la celebración de la prueba, que fue aprobado por la Junta de Gobierno.
La defensa de Soler ha propuesto que se cite declarar a la vicesecretaria del ayuntamiento para que aclare la cuestión, pero ha insistido en que al Club de Atletismo no se le cobró una tasa. "La tasas están regladas y se pagan", ha dicho.
Tanto Soler como Tomás han defendido que el pago de cantidad fue acordado por ambas partes. Y entonces, la magistrado ha preguntado a qué se debía la denuncia de ahora, y la recurso contencioso-administrativa, presentado con anterioridad. Soler ha atribuido la iniciativa penal del Club de Atletisme a las denuncias que en él mismo presentó contra algunos de sus directivos, involucrados en la supuesta de los uniformes de la Policía Local y de Protección Civil. Esa investigación está ya en su fase final y se está a la espera de la fecha para el juicio oral después de que la instrucción se diera por concluida y las partes hayan planteado sus conclusiones.
Sobre el contencioso-administrativo presentado por el Club de Atletisme contra el acuerdo de la junta de gobierno para el pago de los costes, y que el juzgado le ha dado la razón, la juez también se ha interesado por su motivación y tramitación interna. Entonces, los investigados han apuntado a la actual jefa de Negociado, Cristina Coves, con vinculaciones con el ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, y con el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, imputado en el caso de los uniformes.
Tras la declaración de los dos investigados, el Club de Atletisme de Santa Pola ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sufrido durante los últimos años "un trato totalmente injusto, que ha tenido unas consecuencias gravísimas, no solo para la entidad que durante tantos años ha trabajado desinteresadamente por su pueblo, sino para todo el deporte local y para unos eventos internacionales que, ya difícilmente, podrán volver a ser los mismos". "La entidad defenderá sus intereses, su trabajo y su legado por los cauces judiciales para intentar que la verdad y la justicia imperen", sostiene la nota. Respecto al procedimiento judicial abierto, el Club de Atletismo Santa Pola no tiene nada que decir, añade la nota.
Más contundente ha sido la actual alcaldesa de Santa Pola, la popular Loreto Serrano, quien ha exigido respeto hacia los santapoleros y santapoleras las personas que hayan participado en estos delitos valoren si están a la altura moral de representar a sus votantes: “La justicia ya declaró nula la acción de los ediles socialistas y de Ignacio Soler como responsable de la parcela de Hacienda en ese momento contra una entidad deportiva local y ahora se les investiga por prevaricación. Sin embargo, la desaparición de documentos de las dependencias municipales todavía ha envuelto el caso en una sombra más oscura”.
En cuanto a Ignacio Soler, el PP recuerda que ya ha sido condenado por "fraude de ley" después de conceder a los socialistas el mando en el ayuntamiento y tras haber abandonado al día siguiente junto a Francisco Soler la disciplina de su partido, Ciudadanos Santa Pola, a los pocos días de ganar las elecciones y tuvo que quedarse sin competencias.
“Ignacio Soler con sus actos ha llevado el legado de su torticera carrera política a ser investigado y estar en la fase previa al banquillo de los acusados”, ha asegurado Serrano.
