ELCHE. La consolidación del mercado provisional en zona verde en la Avinguda de la Comunitat Valenciana, así como el cambio de suelo del viejo Mercado Central y de L'Escorxador sigue en proceso de participación pública después de su publicación en pleno agosto. Los vecinos del provisional, que se han reunido con el alcalde confirmando que sus posiciones son totalmente opuestas e incluso han recogido firmas contra el proyecto, han pedido la demolición en esta segunda fase de la consulta.
En primer lugar, abordan que el informe ambiental aprobado por la Junta de Gobierno en abril señale que no hay impacto al consolidar el mercado provisional en la ladera, zona verde y marcada como inundable por el Patsecova (plan de inundaciones autonómico). Relatan que no se ha hecho un estudio sobre el impacto acústico ni de la saturación de tráfico "que necesariamente han de ser tenidos en cuenta", y añaden que son índices que han aumentado desde que se construyó dicho mercado. A priori, siempre de forma 'provisional', mientras se construía el nuevo mercado de Aparcisa, promovido por el Ejecutivo del Partido Popular, que ahora apuesta por su derribo. Además esgrimen que la construcción del nuevo intercambiador de autobuses de la Pasarela añadirá más tráfico y ruido si cabe.
Califican el informe ambiental, emitido por el propio Ayuntamiento, de "parcial e interesado de parte" por la falta de dicho estudio. Los vecinos consideran que es un terreno inestable y que no se ha tenido en cuenta la "zona de policía ganada al cauce con escombros y materiales de desechos del calzado, materiales poco compactos tal como se ha ido viendo en los últimos meses con la aparición de grietas y socavones en la ladera y en el barrio aledaño Porfirio Pascual". Estiman que también se debió hacer un estudio geotécnico en esta parte de la ladera, como el de Porfirio Pascual, para determinar posibles riesgos. Cabe recordar que la ladera está formada por diferentes rellenos dependiendo del tramo, y no hay una relación directa entre los problemas de Porfirio Pascual, el Bimil·lenari u otras zonas.
Sobre la parte de impacto visual, se quejan de que tampoco se ha tenido en cuenta, fruto de que fue una obra 'provisional', ya que "el edificio existente o el que se construya eliminará las vistas, como ya ocurre, a la Vila Murada o del cauce del río".
En la segunda alegación discrepan de que el pasar de zona verde a zona de servicios no produzca incremento significativo en el consumo de recursos. Aluden a que para que se consolide, "necesitará de bastantes mejoras y recursos, si no de una nueva edificación, por lo que sí habría una necesidad de recursos considerable". Y añaden que se da el mismo caso con el Mercado Central que se quiere reorientar hacia un 'mercado gastronómico', por lo que consideran mucho más eficiente destinar el viejo inmueble a su uso original y restituir la zona verde.
En tercer lugar, esgrimen que cambiar "cambiar la calificación de zona verde a zona de servicios resulta del todo improcedente y es contrario a ley, a la vista de la jurisprudencia existente sobre el particular". Se refieren a la mentada en otras ocasiones sentencia del Tribunal Supremo de un caso similar con la Universidad de Sevilla tras un cambio aprobado por Ayuntamiento y Junta de Andalucía. "Esta sentencia está citada en otras 41 sentencias y en cinco artículos doctrinales", señalan, y que los técnicos municipales lo conocen. Los vecinos consideran este cambio contrario a Derecho por ir contra los derechos de la ciudadanía y que además se ha hecho retorciendo la legislación urbanística local para someterla a "intereses partidistas".
Por último, arguyen que el cambio de suelo de L'Escorxador contraviene la Ley del Palmeral y que en la propia ladera hay partes del sistema de irrigación, por lo que sería Bien de Interés Cultural (BIC) al estar afectada por el proyecto. En definitiva, por todo ello es por lo que piden la demolición y restitución de la zona verde. En el caso de que la conselleria de Política Territorial no rechace el proyecto, y que no entró a las alegaciones concretas de la primera fase, los vecinos están dispuestos a ir al contencioso-administrativo y buscar apoyos en otros colectivos para lograrlo.
