Un momento de una de las marchas reivindicativas convocadas por la Plataforma por un Puerto Sostenible frente al proyecto de los depósitos. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Las asociaciones vecinales, entidades sociales y colectivos ecologistas agrupados en torno a la Plataforma Por un Puerto Sostenible (PPS) no dan su brazo a torcer frente al proyecto de instalación de una planta de almacenaje de combustibles promovido por la empresa XC Business y activan una campaña de crowdfunding con el propósito de recaudar fondos (con aportaciones voluntarias de la ciudadanía) para promover un nuevo contencioso contra la autorización que le da encaje.
En concreto, ese recurso se dirigiría contra la modificación de la concesión de la que dispone la compañía Terminales Marítimas del Sureste (TMS) por la que se consideró viable la instalación de la planta, provista de seis primeros depósitos, en la explanada del muelle 19, aunque se ha llegado a plantear la ejecución de otras dos fases más para llegar a un total de 20 tanques de acopio.
Como viene informando este diario, la PPS sostiene que esa modificación nunca debió haberse aprobado en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria al considerar que el proyecto adolecería de varias presuntas anomalías. Entre ellas, la falta de solvencia técnica y económica de la empresa proponente, así como la ausencia de un estudio de impacto ambiental o de medidas de prevención de emergencias.
De ahí que, el pasado abril, registrasen un nuevo escrito ante la Autoridad Portuaria para que se iniciase un expediente de oficio en el que se declarase la nulidad de esa modificación puntual de la concesión en favor de TMS.
Con todo, ante la falta de respuesta a esa petición, la plataforma habría confirmado su pretensión de iniciar un nuevo procedimiento en los tribunales con el fin de que sea una sentencia la que acabe invalidando la posibilidad de ejecución del proyecto.
Todo, a pesar de que los colectivos vecinales ya interpusieron un primer recurso frente a esa decisión, que quedó desestimado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) al considerar que la asociación recurrente -la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena- carecía de legitimidad para presentar recurso al no ser parte interesada de forma directa en el expediente. En esa sentencia, además, se impuso a la asociación la condena en costas, con una cuantía de 1.500 euros.
En todo caso, ese futuro procedimiento de impugnación sería distinto al que sigue pendiente de dirimirse ante el Tribunal Supremo (TS) a instancias del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento frente a la sentencia dictada por el TSJ en la que se reconoce el derecho de XC Business a la concesión de licencia por silencio administrativo positivo (el retraso en la resolución de su solicitud de licencia). Los servicios jurídicos municipales interpretaron que la resolución del alto tribunal autonómico era recurrible por lo que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), dio el paso de su interposición.
