Hoy es 18 de diciembre

socio de la empresa, denunciado por la anterior administración en 2018

Uno de los acusados de la estafa en Culmar asumió la dirección de la firma en diciembre 

21/05/2022 - 

ALICANTE. El equilibrio accionarial en la piscifactoría Cultivos Marinos de Guardamar, Culmar, que como desveló este viernes Alicante Plaza se encuentra a la espera de que se señale juicio oral por una presunta estafa cifrada en 1,4 millones de euros, ha deparado un escenario cuanto menos sorprendente. La denuncia contra parte de sus socios y empleados presentada por la anterior dirección de la empresa no solo no apartó a los denunciados, que mantienen su relación con la empresa, sino que incluso uno de ellos asumió la administración de la firma el pasado mes de diciembre.

La llegada de la nueva dirección fue lo que motivó que, en 2018, se detectasen las supuestas irregularidades, es decir, el presunto hurto de pescado para venderlo en otros canales camuflándolo de una mortalidad absurdamente elevada de los ejemplares cultivados. Cuatro años después, cuando la instrucción judicial abierta a raíz de la denuncia ha finalizado concluyendo que existen indicios de delito, y el asunto está a la espera de que se fije la vista oral, uno de los acusados ha tomado las riendas de la sociedad.

Aunque esto no es exactamente así del todo, como consecuencia del concurso de acreedores al que se ha acogido la firma de Guardamar, para intentar reestructurar su deuda con la banca. Al declararse en concurso, los administradores de Culmar están supervisados por un administrador concursal (el bufete Estudio Legal Económico y Concursal, de Eche) y, aunque pueden seguir tomando decisiones sin consultarlas sobre la actividad comercial de la empresa, el resto de asuntos queda en manos de dicho bufete.

Esta circunstancia complicaría sobremanera un eventual intento de la nueva dirección de Culmar de retirar (o minimizar) los cargos antes de llegar a la vista oral, maniobra que no sería en absoluto descabellada, pues cabe recordar que fue la propia sociedad mercantil la que denunció a sus socios y empleados en la Guardia Civil, a través de sus entonces representantes legales. Sin contar con que, además de la acusación particular, al judicializarse la investigación entra en juego la Fiscalía, de forma que la acusación se mantendría a pesar de todo.

En todo caso, no deja de resultar sorprendente que un socio acusado de causar un quebranto de 1,4 millones a su empresa haciendo desaparecer toneladas de pescado sea ahora uno de los máximos responsables de la administración de esa misma empresa, junto a un segundo administrador mancomunado. Una circunstancia que, como se decía al principio, es fruto del equilibrio accionarial en Culmar y que cristalizó el pasado mes de diciembre, como quedó reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Una estafa 'desde dentro'

Como contó Alicante Plaza el viernes, la piscifactoría está a la espera de que la Audiencia Provincial de Alicante señale la apertura de juicio oral por una presunta estafa cometida desde dentro, y de la que se acusa a algunos de sus socios y empleados. El asunto se destapó en 2018, cuando entró una nueva dirección a la piscifactoría y detectó una importante diferencia entre la producción prevista según la siembra realizada y la finalmente reflejada en la contabilidad de la empresa. 

El pescado que 'faltaba' se justificó con una supuesta mortalidad de los ejemplares, pero con una ratio varias veces superior a la normal. Tras realizar una investigación interna, se llegó a la conclusión de que algunos de los socios de la piscifactoría, supuestamente con la participación de algunos empleados, habrían estado desviando parte de la producción, presumiblemente para comercializarla por otros canales al margen de Culmar.

La dirección de la empresa interpuso una denuncia por estafa y hurto en la Guardia Civil, que desembocó en una investigación judicial. Esta investigación se ha instruido en el juzgado número 3 de Torrevieja, y durante la misma un perito cifró el presunto fraude en 1,4 millones de euros. En 2021, el juzgado torrevejense dio por finalizada la instrucción y remitió la investigación a la Audiencia para que señalase la apertura de juicio oral, que es la fase en la que se encuentra ahora el procedimiento.

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