El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pleno de investidura de 2019, ante la mirada del todavía portavoz de Vox, Mario Ortolá. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. A falta de más de dos semanas de que dé inicio oficial el próximo mandato, el futuro equipo de gobierno del Partido Popular (PP) ya tiene sobre la mesa el que será uno de sus primeros retos: la aprobación de un nuevo presupuesto para 2023 que sustituya las cuentas prorrogadas de 2022 con la intención de no tener que recurrir a nuevas modificaciones de crédito que puedan retrasar el desarrollo de distintas iniciativas en lo sucesivo.
De hecho, todo parece indicar que deberá convocarse un primer pleno extraordinario con cierta urgencia tras la constitución de la nueva corporación (si no antes), el próximo día 17 de junio, para resolver las alegaciones que pueden haberse presentado frente a los dos movimientos de partidas aprobados el pasado 17 de mayo con el fin de suplementar fondos para el desarrollo de obras cofinanciadas por la Unión Europea (UE) y para liberar el reparto de las llamadas subvenciones nominativas, entre las que se incluyen los 420.000 euros comprometidos a la Federació de Fogueres para sufragar gastos organizativos de las próximas fiestas.
Por lo pronto, como avanzó este diario, ya ha trascendido un primer paquete de alegaciones, registrado por la asociación Trekrural, con el fin de solicitar la inclusión de mejoras en las partidas rurales (la más relevante, la dotación de fondos para la construcción del nuevo colegio de La Cañada). Y está por ver si pueden presentarse nuevas objeciones hasta que expire el plazo de 20 días establecido para ello.
A priori, el PP no debería tener dificultades para que las dos modificaciones de crédito queden aprobadas de forma definitiva. Se da por seguro que las dos sumarán el respaldo de PSOE, Compromís y Unides per Alacant, ya que sus concejales las secundaron en el trámite de aprobación inicial. Con los 14 ediles populares y la suma de los 11 representantes de la izquierda, la votación está más que superada.
No obstante, está por ver cuál puede ser el devenir del proyecto de presupuesto de 2023 del que no consta que se haya renunciado. Más bien todo lo contrario: se habría persistido en su necesidad incluso en el transcurso de la campaña. De hecho, el alcalde electo, Luis Barcala, ha llegado a señalar en algunas de las entrevistas concedidas durante el periodo electoral que el impulso de ese presupuesto sería una de las primeras decisiones a adoptar en el caso de que revalidase la Alcaldía, como ha sucedido.
Eso sí, esa propuesta económica podría seguir sin tener el camino despejado tras el rechazo inicial manifestado por PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox desde principios de enero. En ese contexto preelectoral, las cuatro fuerzas trasladaron al bipartito distintas condiciones como requisito para no bloquear su aprobación (entre ellas, la retirada de la ordenanza de convivencia o la anulación de la Zona de Bajas Emisiones). Pero PP y Cs no aceptó ninguna de ellas, lo que les llevó a paralizar la tramitación de las cuentas, sin elevarlas a la consideración de la Comisión de Hacienda, pese a haberlas aprobado ya en Junta de Gobierno.
La cuestión es que el PP -ahora en solitario- podría tener que seguir enfrentándose a la misma tesitura de un probable rechazo por parte de los cuatro grupos opositores en el caso de que todos ellos mantengan esas condiciones. Como mínimo, nada hace pensar que PSOE, Compromís y Unides per Alacant vaya a cambiar de parecer: con una hipotética reconsideración podrían proyectar una imagen de pérdida de coherencia. Y lo mismo sucedería respecto a Vox. De hecho, fuentes del partido consultadas confirmaron este martes que nada ha variado respecto a su exigencia de derogación o modificación de la ZBE. Las mismas fuentes insistieron en que es un compromiso electoral reflejado en su programa y que no podrían respaldar un presupuesto en el que se incorporasen obras relacionadas con la implantación de ese sistema de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por la circulación de vehículos.
Pero, además, ese escenario puede repetirse, de nuevo, en la elaboración del presupuesto de 2024: otra de las prioridades asumidas por Barcala desde el principio del nuevo mandato. Así lo recalcó en una entrevista concedida a este diario, en la que aseguró que, de gobernar en solitario, se garantizaría que los sucesivos presupuestos pudiesen entrar en vigor en cada mes de enero para no perder tiempo disponible en su ejecución.
Es más, así lo reiteró este martes, en declaraciones a Radio Alicante, en las que aseguró que su intención era ponerse a trabajar de inmediato para planificar los presupuestos del próximo año. Así que está por ver cuál puede ser la posición de voto que puedan adoptar los cuatro partidos opositores en cuanto se les presente esa nueva propuesta de planificación económica. Incluido Vox, que sí respaldó los presupuestos de 2020, 2021 y 2022 y que, a priori, podría ser el partido más próximo a las posiciones ideológicas del PP.
En el supuesto de que los cuatro partidos optasen por rechazar las cuentas, quedarían de nuevo bloqueadas sin que el crecimiento experimentado por el PP con la incorporación de cinco concejales más (de 9 a 14) hubiese servido para ampliar su capacidad de maniobra. Eso sí, como en mandato precedente, le bastaría con la abstención de un edil para que el presupuesto prosperase por mayoría simple.
