Fotos: PEPE OLIVARESELCHE. Por primera vez en el casi año de legislatura, el grupo socialista hablaba esta pasada semana de 'reparos' del equipo de gobierno, las anomalías económicas en la gestión diaria y que ahora se bautizan como 'omisión de la función fiscalizadora', y por las que el entonces Partido Popular en la oposición llevó a Fiscalía Anticorrupción —el asunto llegó a Anticorrupción y Antifraude— al entonces bipartito. El PSOE ha hecho ahora algo similar, llevando no a Anticorrupción directamente, sino a Antifraude facturas que podrían ser susceptibles de fraccionamiento por tener que gestionarse con licitación. Ahora ha puesto de relieve que también hay reparos del bipartito de PP y Vox. A la vista de estos años, parece una cuestión casi consustancial a la gestión de la administración local. De ahí que se hayan identificado en 2023 reparos por valor de 3,1 millones de euros: eso sí, la mitad computable a cada equipo de gobierno, la primera mitad de PSOE y Compromís.
Así, la concejal socialista Patricia Maciá señalaba que en el pleno de este lunes se dará cuenta del informe anual de reparos y omisión de la función interventora de 2023, de la que el Ejecutivo no ha dado cuenta a los medios, aunque presumiblemente se tendrá que hacer en esta sesión plenaria. Fueron 24 los expedientes que se remitieron al Tribunal de Cuentas, cuyo coste es de unos 3,1 millones de euros, todos justificados por los técnicos. Aunque Maciá no tardó, como se prevé para el lunes, en achacarles que por esa gestión les atacaron durante el pasado mandato, llevando el asunto a Fiscalía Anticorrupción con su posterior archivo. "Durante los tres últimos años hemos tenido que soportar al PP llamarnos de todo menos guapos, que gestionábamos mal". La edil criticaba que en medio año de gestión de PP y Vox en 2023, se ha omitido fiscalización de gastos por 1,5 millones de euros, es decir, reparos. El resto de los del año, 1,6 millones, corresponde a la etapa PSOE-Compromís. Aunque Maciá lanzaba la pregunta, "me pregunto si se van a llevar ellos mismos a la Fiscalía por coherencia".
Pero, ¿en qué consisten esos reparos? Los detectados son generalmente de dos tipos, al menos a los que ha podido acceder este medio: facturas de proveedores que han sobrepasado el límite previsto para las compras simplificadas (5.000 euros más IVA) y facturas que corresponden a contratos ya vencidos, y en menor medida, trabajos realizados y facturados por el proveedor que ha sobrepasado el límite previsto para el contrato previamente adjudicado sin haber tramitado previamente la modificación del mismo.
Entre esos 24 expedientes, hay varios de 2023 del actual bipartito de distintas cantidades. Uno es por ejemplo de 220.000 euros; otro de 275.000 euros por facturas de contratos ya vencidos de nuevo, o proveedores que han sobrepasado la compra simplificada; otro de 541.302 de obligaciones reconocidas a final de año firmado en enero, otro de 98.000 euros, otro de 48.360 euros, otro de 123.000 euros... Y a este respecto, hay un servicio que destaca al que se ha tenido que ir facturando fuera de la regularidad, como es el de Ayuda a domicilio, que solo este supera el medio millón de euros. En uno de los expedientes por ejemplo supera pagos por más de 340.000 euros, en otro más de 170.000 euros... Facturas de un contrato ya caducado y de envergadura, hasta que finalmente a finales de año se volvió a renovar adjudicando por valor de 4 millones de euros. De ahí las cantidades tan importantes.
Por poner ejemplos más concretos, en el reparo del tipo 'trabajos realizados y facturados por el proveedor, sobrepasando el límite previsto del contrato adjudicado sin haber tramitado su modificación. Es el caso de unos 11.000 euros a tres firmas para trabajos de asfaltado por imprevistos surgidos en las obras. Asimismo, Intervención también ha detectado facturas de proveedores que han sobrepasado el límite previsto para las compras simplificadas (5.000 euros más IVA) "y que podrían incurrir en el supuesto de fraccionamiento irregular de contratos, por lo que, faltaría el expediente de contratación" y en varios departamentos. Son sobre los 26.000 euros para compras de plantas —cuestión en la que puso el foco el PSOE por superar la cantidad permitida a un proveedor y que el concejal negó que hubiera tenido lugar—, mantenimiento de cementerios o servicios de ticketing.
En este caso, la Interventora añade que "para determinar si existe un fraccionamiento indebido hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, la existencia de unidad funcional o vínculo operativo, es decir, que todos los suministros atiendan a un fin único y que resulten imprescindibles, en su conjunto, para el logro que se pretende conseguir mediante la celebración de un único contrato, circunstancia que puede ser objeto de un control a posteriori". Otra práctica habitual en la administración, detectada por el órgano fiscalizador, son esas facturas que corresponden a contratos ya vencidos cuya nueva licitación se encuentra en trámite de contratación o en trámite de un modificado del contrato. En este caso, pequeñas cifras de mantenimiento. Aunque hay cifras de este expediente de mayor envergadura, de más de 70.000 y 110.000 euros a dos compañías de asfaltado, contratistas habituales.
Frente a esto, como en los informes y expedientes de los que dio detallada cuenta Elche Plaza el pasado mandato, la Interventora señala que las prestaciones de los servicios y suministros que se adquieren de forma defectuosa "obedecen a necesidades del servicio de competencia municipal que se ajustaban a los precios de mercado". Y que se constata que el proveedor ha atendido las peticiones municipales, estableciéndose un vínculo obligacional en el marco de la confianza y la buena fe, habiendo obtenido el Ayuntamiento un beneficio que ahora debería satisfacer a los proveedores. También que había crédito suficiente y adecuado para abordar estas cuestiones, y que se considera que no procede la revisión de oficio, por cuanto las prestaciones han sido realizadas con importe de mercado y sin intereses de enriquecimiento o voluntad de dolo.
Otro de los expedientes, con Correos, supera los 12.000 euros, habiendo realizado y facturado el proveedor servicios que han sobrepasado el límite previsto para el contrato previamente adjudicado sin haber tramitado previamente, y en su caso, la modificación del mismo o realizado un nuevo contrato. El técnico justificó porque se había agotado el presupuesto de licitación del servicio correspondencia municipal-Notificaciones Administrativas. Justificado, como en los anteriores casos, la Interventora observa que a pesar de todo, "esta convalidación de gastos debe ser un procedimiento excepcional que sirva para compensar las obligaciones de pago comprometidas a fin de evitar una reclamación patrimonial y para corregir el enriquecimiento injusto que se produciría".
Vistos algunos ejemplos, la tónica se repite en general en todos los expedientes: algún procedimiento irregular, justificado porque hay dinero, respaldo del técnico y sin voluntad de dolo, y con la observación de Intervención avalando que está justificado, pero que no puede ser una constante. De los expedientes que se han enviado al Tribunal de Cuentas de 2023, son muchos los ejemplos de distints departamentos por la gestión diaria. Entre facturas de proveedores que han sobrepasado las compras simplificadas se encuentran partidas de Cultura para conciertos, difusión, festivales, telecomunicaciones, camisetas; en facturas de contratos ya vencidos, muchas de ellas corresponden a medios de comunicación, vía cuñas, publicaciones o grabaciones, control de mosquitos, acción social (varios de varias decenas de miles de euros), suministro de material en deportes, programas de animación sociocultural (más de 22.000 euros), mantenimiento de edificios públicos... Y el posible fraccionamiento de contratos: parques y jardines, plantación de arbolado, reparación vehículos municipales, telecomunicaciones, camisetas impresas, servicios de tesorería, suministros en deportes, servicios para cultura...
Asimismo, siendo todos los mencionados de 2023, en marzo de 2024 ya se firmó otro expediente de 758.000 euros, incluyendo de nuevo algunas cantidades importantes del servicio de ayuda a domicilio de facturas de 170.000 euros, otra de 166.000, de 67.000 euros, varias de programas de animación sociocultural superiores a 29.000 euros, de comedores sociales de 12.000 euros, de publicidad de un periódico de más de 6.000 euros, o varias de intervención social, alguna de más de 54.000 euros. Y en abril se han seguido facturando compras de plantas por un importe superior al que permite la compra simplificada al mismo proveedor.
En definitiva, es la misma situación vivida en la anterior legislatura, con reparos idénticos, justificaciones de técnicos para seguir el procedimiento y la Intervención avalando que hay crédito e informe que justifica necesidad, al tiempo que recuerda que deberían ser excepciones y no prácticas habituales. Y de igual forma, tanto facturas que se intentan enmendar con licitaciones que den margen para años, así como avisos de la Interventora de posible fraccionamiento contractual. Esto último es lo que ha llevado el PSOE por los suministros de plantas a Antifraude.
Precisamente la única diferencia que hay por ahora, en estos expedientes es que en varios de los contratos analizados más profusamente por Antifraude en la legislatura de PSOE y Compromís, sí recomendó revisar de oficio varias contrataciones por servicios prestados. Algo a lo que el equipo de gobierno se negó, y que Antifraude ha incluido ahora en su informe, dejando constancia de que no se siguieron sus indicaciones. Cuestiones parecidas, pero de otro cariz, fueron los problemas contractuales que trajeron cola como las fiestas de 2022, donde el Consell Jurídic Consultiu reconoció que el montaje de la barraca era nulo, aunque el bipartito justificó el hecho para salvar el montaje y seguir con el procedimiento. A día de hoy, por tanto, está pendiente por ver el recorrido que Antifraude analiza ante posibles fraccionamientos del bipartito PP-Vox, mientras que los juzgados aún tienen que pronunciarse de varios contratos menores de PSOE-Compromís.
