El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a los concejales de su equipo de gobierno, tras el pleno de constitución de la corporación. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Alicante escapa de la revisión fiscal que ya se ha comenzado a poner en marcha en algunos grandes municipios de la provincia en impuestos como el IBI o la tasa de la basura para que puedan ser de aplicación en 2024. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), apuesta por mantener la fiscalidad blanda que se ha venido defendiendo desde la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía, en 2018, sin que se contemple la subida de ningún tributo o tasa de recaudación municipal: IBI, IAE, IVTM, ICIO, IIVTNU (plusvalía) o tasa de residuos, entre los que resultan de aplicación general.
Y ello, a pesar de que debe hacerse frente a un aumento en el capítulo de gasto corriente como consecuencia de la renovación de los contratos de gestión de algunos servicios esenciales que han comenzado a tener eficacia ya en este 2023, con cargo a los presupuestos prorrogados de 2022. Es el caso del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, adjudicado a UTE Netial (FCC y PreZero) con un coste anual de 40 millones (7,6 más respecto al importe del contrato precedente) o el servicio de transporte público en autobús, encomendado a UTE MIA (Grupo Vectalia) por 12,5 millones al año.
Así lo detalló el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia informativa semanal sobre los acuerdos adoptados en Junta Local, en la que anticipó que la propuesta presupuestaria se llevará a ese órgano político para su aprobación en el margen de los próximos 15 días. En ese momento, se elevará a fiscalización por parte del departamento de Intervención con la previsión de que pueda someterse a debate y votación en pleno entre los meses de noviembre y diciembre. Con ello, se alcanzaría el objetivo de que las cuentas pudiesen entrar en vigor en enero para disponer de tiempo para desarrollarlas y ejecutarlas, en función del compromiso adquirido de nuevo por el PP.
Eso sí, está por ver si el plazo requerido para su evaluación permite que pueda cumplirse ese calendario, toda vez que, en los últimos informes de fiscalización, Intervención ha venido requiriendo que la propuesta de planificación económica pueda someterse a ese trámite con la suficiente antelación, lo que requeriría que pudiese analizarse desde el mes de septiembre.
Por ahora, el equipo de gobierno no ha concretado cómo pretende programar nuevas inversiones para mantener los procesos de reurbanización emprendidos en varios ejes de la ciudad, y para proveer el desarrollo de nuevos equipamientos municipales, en ese escenario de dificultad que genera el aumento del gasto sin ampliación de importes de los tributos. Máxime si a ello se añade el compromiso concertado con parte de los sindicatos con representación municipal para la implantación del sistema de ascensos y de mejoras retributivas de la carrera profesional. Con todo, todo parece indicar que se optará por secuenciar la ejecución de proyectos a varios años, dividiendo su financiación en un mínimo de dos ejercicios para actuaciones de importes elevados.
Al mismo tiempo, podría optarse por encajar esos proyectos en los dos préstamos ya concertados entre 2022 y este mismo año como mecanismo para flexibilizar la disponibilidad de fondos. El primero de eso créditos bancarios se concertó a través de dos lotes distintos con Banco Sabadell y Unicaja por un importe de 19,8 millones. Y el segundo se contrató con Eurocaja Rural por un volumen de 9,7 millones con el propósito de dar cobertura por anticipado a las inversiones cofinanciadas por la Unión Europea. De momento, no ha trascendido si se podría barajar la contratación de un tercer crédito para ampliar posibilidades, aunque no parece probable en la medida en que también se cuenta con la incorporación de los remanentes arrastrados de las cuentas de 2022 para poder costear actuaciones a partir de mediados de 2024.
¿Qué inversiones podrían incluirse en las cuentas del próximo ejercicio? Lo cierto es que los populares no han confirmado todavía ninguna inversión más allá de las actuaciones en colegios previstas en el Plan Edificant (con costes anticipados por el Ayuntamiento, hasta que la Generalitat transfiera su importe en una fase posterior) y de otras actuaciones en fase de licitación como la conclusión de la remodelación de la Plaza de San Blas, la construcción del nuevo pabellón de Tómbola o la modernización y mejora de las instalaciones deportivas del entorno del Tossal.
En todo caso, la lista de proyectos en cartera que no han llegado a ponerse en marcha pese a haberse anunciado de forma reiterada es más que abultada. En ella figurarían la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova, la ampliación del vivero y lanzadera de empresas de Aguamarga, la primera fase de la rehabilitación del antiguo matadero, las obras de finalización del parque de La Torreta, o la construcción del edificio de viviendas destinadas al alquiler para jóvenes en el barrio de San Blas, por ejemplo.
