Tercer bloque construido y cuarto en construcción en San Antón / Foto: PEPE OLIVARESELCHE. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado el pliego de condiciones que regula las condiciones por las que las familias vulnerables del barrio de San Antón que no pueden adquirir una vivienda, tendrán derecho a alquileres asequibles en los bloques nuevos. Los contratos serán de la duración máxima establecida, para una década (7 años más 3 prorrogables), que después se podría volver a formalizar. Eso sí, cada año se revisará el precio del arrendamiento, dependiendo de factores exógenos como la inflación y de los cambios en las condiciones de los inquilinos.
Después de que la Generalitat Valenciana autorizara destinar estos pisos al alquiler, son 32 las viviendas protegidas de nueva construcción que se destinarán en el segundo y tercer bloque para destinarlas a viviendas habituales y permanentes de las distintas unidades familiares; 14 en el edificio 2 (dos de ellas para personas con diversidad funcional y adaptadas a personas con movilidad reducida) y 18 viviendas del edificio 3, tres de ellas adaptadas al mismo fin, para personas con diversidad funcional o movilidad reducida.
Ahora estos 32 pisos que originalmente iban destinados a la compra de los propietarios de los bloques viejos (del 11 al 14) pasarán al parque de vivienda municipal para alquiler. No se pueden adquirir. Dado que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que este tipo de alquileres es para contratos de 1 a 7 años, se adjudicarán por el máximo, es decir durante siete años, avisando con tiempo de antelación si no se desea renovar. En el caso de que ninguna de las partes avise de la voluntad de esa rescisión, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más.
Asimismo, el proceso de adjudicación para el que hay diez días hábiles para presentarse desde ahora, será un concurso público restringido, ya que el pliego se ha realizado ex profeso para los casos vulnerables detectados y analizados en el barrio y que pedían celeridad para estas soluciones. Eso sí, al igual que con los futuros alquileres en el nuevo residencial de Los Palmerales, es requisito estar inscrito en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana. Una vez iniciado el concurso, podrán elegir piso aquellas personas interesadas, empezando por aquellas cuya fecha de empadronamiento en la vivienda original sea la más antigua. Si hubiere empate, se priorizarán las personas más mayores. Se tendrán que elegir viviendas con los dormitorios equivalentes para la unidad familiar, de una a tres habitaciones. Pisos de 40 a 60 metros cuadrados.
Los precios a priori oscilan entre los 255 euros mensuales el más barato a los 350, dependiendo de la renta disponible. En este sentido, la renta máxima anual se fijará en el 3,5% del precio máximo legal establecido según la legislación para viviendas protegidas de nueva construcción. El precio se ajustará a la baja teniendo en cuenta los ingresos acreditados por la unidad de convivencia, previamente informado por los servicios técnicos de Bienestar Social, acreditando vulnerabilidad, y posteriormente con el expediente individual aprobado por la Junta de Gobierno. La renta máxima mensual para las familias vulnerables no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales ponderados de la unidad de convivencia, aunque a primeros de año se revisará el precio cada año por si ha habido cambios en la renta disponible.
Por otra parte, si los futuros inquilinos salieran de esa situación de vulnerabilidad en relativo poco tiempo, podrían optar a comprar una vivienda de los inmuebles de las próximas promociones. Más a corto plazo, podría ser el cuarto edificio ya en construcción, para el que desde Pimesa se están elaborando los pliegos teniendo en cuenta estas posibles situaciones de vulnerabilidad. De forma que si se van registrando nuevos casos de propietarios que no se pueden permitir una de las nuevas casas, tengan acceso a uno de los pisos destinados a alquiler asequible.
Como en el resto de condiciones para un arrendamiento normal, el pago del IBI, gastos de la comunidad corresponderá y posibles obras de conservación corresponderán al arrendatario, en este caso, el Ayuntamiento, propietario de las viviendas. Las unidades familiares asumirán por su cuenta el pago de los suministros.
