Armando Ortuño, durante la presentación del informe sobre infraestructuras. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La provincia de Alicante necesita de manera urgente que el Estado ejecute 11 infraestructuras clave (cinco en carreteras, cinco en ferrocarril y una portuaria) para recuperar competitividad, con una inversión total de 2.050 millones de euros y unos plazos de ejecución que permitirían que todas ellas entraran en funcionamiento en el horizonte 2030. Así lo refleja un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) para la CEV y la Cámara de Comercio, a cargo del equipo de Armando Ortuño.
El informe, presentado este jueves en Fira Alacant, actualiza el decálogo elaborado por los mismos actores en 2018 (del que apenas se han terminado tres obras: la duplicación de la N-338 al aeropuerto, el AVE a Elche y Orihuela y la variante de Benissa), y calendariza la ejecución de algunas obras ya presupuestadas y en fase de estudio, de otras prometidas pero nunca presupuestadas, y de otras que por el momento no se contemplan. La inversión necesaria para estas once actuaciones supondría compensar apenas la mitad del déficit inversor acumulado por el Estado en la provincia en los últimos quince años, tal como ha destacado el presidente de Ineca, Nacho Amirola.
En el apartado de carreteras, las obras pendientes y necesarias son el tercer carril de la A-70 entre Alicante y Elche, la mejora de la A-31 (la autovía con el tramo de mayor siniestralidad de España), el tercer carril de la A-7 entre Crevillent y la Región de Murcia, el paso inferior del acceso a la Universidad de Alicante (que la conectaría con su campus científico), y la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja, que lleva parada desde 2016. En cuanto al ámbito portuario, la actuación fundamental sería la mejora del Muelle 19 para permitir que las exportaciones marítimas puedan salir por Alicante y no haya que enviarlas a València.
En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, el informe recoge como prioritarias el AVE Alicante-Valencia, que ya está en obras y podría entrar en funcionamiento en dos años; la mejora de la línea Xàtiva-Alcoi, que está en fase de estudios; el tren de la costa entre Alicante y Benidorm (dado que el tramo Dénia-Gandia ha sido 'asumido' por la Generalitat); el eje Alicante-Elche-Murcia, que consiste en retirar las vías de la fachada marítima, conectar ambas ciudades con el aeropuerto y mejorar el Cercanías hasta la Región vecina; y la conexión con el Corredor Mediterráneo para acometer las inversiones de los puertos secos.
El informe de Ortuño calendariza las inversiones y concluye que todas podrían estar en funcionamiento en 2030 si el Gobierno hace los deberes, por lo que el siguiente paso es reivindicar su agilización ante el Ministerio de Transportes, único interlocutor para este decálogo. Un trabajo, el de correa de transmisión, que asumen la CEV y la Cámara de Comercio. Sus responsables, Joaquín Pérez y Carlos Baño, respectivamente, han asumido el encargo y han apelado a la necesidad de unión entre empresarios y sociedad civil para tener más fuerza en la negociación con la Administración.
A la presentación han asistido, además de varios socios de Ineca, una treintena de empresarios y representantes de asociaciones sectoriales, así como de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Alicante, el de Elche y la Diputación.
