ALICANTE. El sector de la construcción, uno de los que mayor aportación realiza al PIB de la provincia de Alicante (especialmente en su vertiente de segunda residencia para extranjeros), está en el punto de mira. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sugirió el fin de semana que se restringiese su actividad, y el PP comenzó este martes a lanzar mensajes en el mismo sentido, mientras el Gobierno considera que al menos por el momento no es necesario.
Una postura que comparte la asociación de promotores de la provincia, Provia, que tal como había adelantado Alicante Plaza mantuvo este martes una junta directiva telemática para fijar una postura clara al respecto. En un comunicado posterior, Provia señala que "dado que el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma aboga por mantener la actividad productiva, la junta directiva considera que debe continuarse con la actividad en nuestro sector". Asimismo, los promotores comparten que "el Gobierno haya valorado las graves consecuencias que, una vez superada esta crisis sanitaria, tendría para el futuro la paralización completa de nuestra actividad".
Como adelantó este periódico el sábado, el hecho de que el Ejecutivo no haya incluido expresamente la construcción en el citado decreto impide a las promotoras y constructoras acudir a los ERTE que están aplicando infinidad de empresas (5.606 expedientes para 29.495 personas en la provincia de Alicante hasta este martes), por lo que paralizar su actividad implicaría despidos, ERE al uso e incluso su cierre. Por otro lado, el mes de mayo es clave para la firma de multitud de ventas, en residenciales cuya inversión ya ha asumido el empresario, y que de no concretarse podría llevar a la quiebra a dichas promotoras.
Pero seguir con la actividad, según explican fuentes del sector, no es suficiente para garantizar la pervivencia de estas empresas una vez que pase la crisis sanitaria. Podría darse el escenario de que las viviendas se terminen, estén vendidas y listas para entregar, pero no puedan escriturarse por las restricciones a la movilidad, actuales o futuras. Así, el sector apuesta por implementar protocolos telemáticos que permitan llevar a cabo los trámites habituales. Específicamente, la firma de hipotecas y la escritura de las viviendas a distancia, algo que en estos momentos no está contemplado.
scriturar las viviendas terminadas, las promotoras se encontrarán con la mismas situación que si se paraliza completamente su actividad. Estas fuentes advierten incluso de un posible colapso del sector inmobiliario, con las consencuencias que los impagos de los créditos promotor tendrían para la banca. "Con un 10% de impagos, una entidad fianciera puede venirse abajo", advierten, por lo que la reacción en cadena podría llegar a ser catastrófica, cuando apenas se estaba empezando a olvidar el crack de 2008.
En este sentido, consideran imprescindible que se inyecte liquidez en el sector, y que la banca adopte medidas de apoyo similares a las que se han implementado para otros afectados. Asimismo, otra reivindicación histórica de los promotores vuelve a asomar estos días: la necesidad de que los ayuntamientos, y específicamente el de Alicante, agilicen la concesión de licencias para empezar a rentabilizar el suelo finalista en cartera.
En estos momentos, la actividad del sector de la construcción se mantiene, como viene contando Alicante Plaza desde que se decretó el estado de alarma, aunque a un ritmo mucho menor (aproximadamente del 30%, según los cálculos de las fuentes consultadas) por la implementación de las medidas de prevención.
Según la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la construcción mantiene buena parte de su actividad, con 150.000 viviendas aún en ejecución que dan empleo directo a unos 360.000 trabajadores. Estas viviendas están valoradas entre 37.000 y 38.000 millones de euros, según los precios medios actuales de la vivienda nueva. En la provincia de Alicante, según estos datos, serían 8.700 viviendas las que se están construyendo en estos momentos, según dichos datos.