Serra Gelada en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a una situación importante. El empresario local, Quico Murcia Puchades, a través de sus empresas ha denunciado al consistorio por no ejecutar el convenio que firmaron las dos partes y que lleva casi tres años caducado. De esta forma, ha interpuesto una demanda reclamando 283 millones de euros en los que valoran el suelo, una contraprestación que incluye el convenio en caso de que no le compensen con terrenos de igual valor.
Como se recordará, firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue renovado siete años después con Agustín Navarro al frente de la corporación, aunque no fue ratificado por pleno. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005.
Con ello, se comprometieron a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. De ahí que tengan que dar una contraprestación a los propietarios, Murcia Puchades y Antonio Manuel Puchades, ya que Edificaciones Calpe ha dejado de tener terrenos allí en favor del primero.
Pero este convenio ya nació con las dudas de la legalidad de la misma. Sobre todo, por no estar claro quién es el que tiene que indemnizar a los dueños, si el Ayuntamiento o la Generalitat. En el convenio el Ayuntamiento se atribuía esa responsabilidad porque dos años antes había suspendido las licencias de construcción en la zona con el objetivo de proteger ese suelo. Con ello, las empresas cedían el suelo al consistorio a cambio de unas 160.000 unidades de aprovechamiento, pero nunca se llegó a registrar la escritura con este cambio.
No obstante, en el momento de mayor apogeo del debate llegaron a sospechar que la indemnización la tenía que asumir la Generalitat ya que había sido la que había protegido el terreno. Es por esto que llegaron a poner una cláusula nueva en 2010, que eximía a Benidorm del pago en caso de que la Generalitat protegiera el terreno. Como así terminó haciendo Conselleria en 2012, cuando resolvió que no era urbano.
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, lamentó la situación a la que ha llegado el Ayuntamiento con los empresarios, recordando que lleva desde 2016 advirtiendo de que se iba a caducar y había que poner remedio.
