ELCHE. El pasado martes el concejal de Recursos Humanos, José Navarro, anunciaba la decisión del equipo de gobierno de suprimir el examen de valenciano de las oposiciones, para que tan solo puntuase como mérito, como el resto de idiomas. Una decisión "en aras a que todos aquellos que quieran puedan optar a una plaza", y por otra parte, y tangencialmente para así "liberar carga" para que los técnicos se centren en la estabilización de los interinos, en referencia al tiempo que se ahorrarían corrigiendo estos exámenes. Pero, ¿qué impacto tiene la medida?
La misma, como era previsible, no tardó en generar todo tipo de reacciones en las redes en defensa del valenciano, pero también por aquellos que entienden que no ha de ser un requisito para obtener una plaza en la administración. Y aquí es donde está uno de los puntos del asunto, ya que no es un 'requisito', a pesar de lo que se ha defendido esta semana por el equipo de gobierno y una vez más el viernes en el último pleno del año.
En esta línea se manifestaban distintas entidades. Desde CCOO —quien se abstuvo ante la decisión por error, según han manifestado, solicitando que conste su voto en contra— defienden que ese ejercicio se valoraba con 1 punto sobre 21, siendo obligatorio presentarse "pero nunca ha sido eliminatorio, con lo cual nunca el valenciano ha sido un requisito para acceder a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento". No hay obligación legal de ponerlo en un ejercicio de conocimientos, aunque sí hay una tendencia a que la lengua valenciana se instaure como requisito em la función pública. El sindicato apunta a que en Elche se ha reforzado el uso en la administración, y uno de los puntos era el de dotarle de mayor valoración en los procesos selectivos. En los 80s ya se realizaban exámenes y desde 1997 en las bases se instauraba el valorar el conocimiento oral y escrito como mérito.
En una línea similar se expresaban desde El Tempir. La entidad que promociona el valenciano incide en que nunca ha sido un requisito para entrar al Consistorio, con el ejemplo de siete plazas de TAG que se convocaron en 2022, y añaden que se exigía un B1 por nivel similar al que expide la Junta Qualificadora autonómica, pero que "ni siquiera era proporcional a las características del puesto de trabajo". En noviembre de 2023 ya se eliminó de facto esta prueba, pero la formalización ha llegado ahora. Recuerdan en cualquier caso, que aunque el Botànic no llegara a aprobar el requisito lingüístico, el Ayuntamiento está obligado a atender a la ciudadanía en valenciano y que en cualquier caso "ni se cumplen los mínimos de la LUEV" (Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano), decían en sus redes.
Preguntado ese mismo día del anuncio, sobre que sea un mérito más y no se realiza la prueba, si esto podría limitar el uso del valenciano del funcionariado en la administración, Navarro apuntaba que en tanto que lengua cooficial, "ya se evalúa, se valorará igual que el resto de idiomas", y añadía que el Ayuntamiento cuenta con funcionarios que conocen el valenciano. A este respecto, ese examen en la práctica se convalidaba si se tenía el certificado de valenciano. Hasta ahora se valoraba doblemente, ya que por un lado examen en la parte de oposición y por otro como mérito con cualquier certificado como el mitjà.
Para El Tempir esta supresión del examen no garantiza ese uso del valenciano en la administración, crea "ciudadanos de primera y segunda", y consideran que "impugna a una parte de los valencianos". Para CCOO, se trata de una decisión que sigue "con su línea ideológica antivalencianista y que supone un menosprecio".
Una decisión, que aunque venga bajo el auspicio de que no era obligatorio y que hay que centrarse en la estabilización, también ha venido precedida de otros gestos con la lengua, como la entrega de los premios literarios en valenciano en el salón de plenos el pasado 6 de octubre. Un acto pequeño, casi testimonial y sin apenas difusión, frente a la otrora habitual entrega el 9 d'Octubre en el Gran Teatre. Sea como fuere, y ante la preocupación o críticas que ha generado la decisión, la Ley 39/2015 obliga a que se atienda en la administración en valenciano si se solicita.
Así pues, aunque se ha hablado, veladamente o no, de 'requisito', la realidad a día de hoy es que no es un requisito obligatorio para acceder a una plaza municipal. Un gesto más para la galería o el electorado y de gran efecto simbólico más que práctico, que además alimenta el relato de que era obligatorio, como algunos hacían entender en redes al sentirse aliviados por no tener que realizar el examen. Un relato auspiciado también desde el propio Ejecutivo, por un lado elaborando un centenar de bases para estabilizar a la gente 'de la casa', y paralelamente arguyendo eliminar el examen para que pueda presentarse gente de otros lugares.
