Ortiz, Castedo y Alperi, entre otros acusados, durante la celebración del juicio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE (EP/AP). La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha aceptado el informe elevado por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante y ha acordado por unanimidad presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia en la causa sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, desgajada del caso Brugal. Se trata del paso previsible que ya se adoptó después de que se dictase la sentencia absolutoria relacionada con la causa matriz de ese caso: la seguida por la adjudicación de la contrata de la basura del municipio de Orihuela. De hecho, ese recurso -también solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante- se interpuso formalmente hace cerca de un año y medio y sigue pendiente de resolución por el alto tribunal.
Como viene informando este diario, la sentencia sobre el PGOU de Alicante, conocida en julio, condena al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de Alicante con el PP Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho impropio, al tiempo que absolvía a la también exalcaldesa, Sonia Castedo.
La decisión de la Junta de Fiscales se produce después de que la Audiencia instase a las partes interesadas en presentar recurso a personarse ante el TS para poder formalizar esa impugnación, como anticipó Alicante Plaza. Así, será la Fiscalía del TS la que lo interponga con la solicitud de que se vuelva a celebrar el juicio con un tribunal distinto, en función del informe propuesta elevado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
La Audiencia emplaza a la Fiscalía y a Alperi a recurrir 'Brugal' ante el Supremo
Los hechos que fueron enjuiciados se remontan a los años 2008, 2009 y 2010, periodo en el que culminó la propuesta del que iba a convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, del que se acabó desistiendo finalmente en 2015, tras la dimisión de Castedo. La causa se siguió por los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, revelación de secretos o de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Fiscalía solicitaba 10 años de prisión para Alperi y Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo además, le sumaba prevaricación.
La Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche está juzgando en la actualidad otra de las piezas derivadas de Brugal: la que atañe a la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja. La causa se dirige, en este caso, frente al expresidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros empresarios y cargos públicos como Rafael Gregory o la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.
