Presentación del informe de PwC sobre la zona franca, el pasado 10 de marzo en el Marq. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La zona franca de Alicante, la gran apuesta empresarial que lanzaron la Diputación que preside César Sánchez y el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) de Perfecto Palacio justo antes de las elecciones generales de diciembre de 2015, ha vuelto a desaparecer de la agenda. El proyecto ya quedó 'congelado' durante casi un año tras esos comicios, dado que un Gobierno en funciones no podía tramitarlo, y pareció revivir el pasado mes de noviembre, cuando la Diputación convocó a ayuntamientos, administraciones y agentes sociales para reactivarlo. El brío de comienzos de primavera, no obstante, se ha vuelto a diluir.
Han pasado más de seis meses desde que Sánchez convocó a los integrantes de la mesa técnica de la zona franca, que encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) la elaboración de una 'hoja de ruta' para el proyecto y la búsqueda de potenciales inversores interesados en instalarse en el recinto. Y tres desde que se presentó un informe que, precisamente, señalaba el mes de junio como 'punto de no retorno' para decidir si los impulsores seguían adelante con el proyecto o lo descartaban definitivamente.
Con junio a punto de expirar, la última novedad que se ha producido en torno al proyecto, que pretendía crear una zona de fiscalidad especial entre el puerto de Alicante y los polígonos de la capital alicantina y Elche para atraer a inversores extranjeros, ha sido precisamente la presentación de dicho informe, nada menos que el pasado 10 de marzo. En un acto organizado en el Marq que reunió a todos los implicados (Diputación, ayuntamientos de Alicante y Elche, Subdelegación del Gobierno, Autoridad Portuaria, Coepa, Cepyme, Ineca, Cámara de Comercio...) excepto a la Generalitat, César Sánchez anunció que remitiría un documento de adhesión a un convenio marco para formar "un órgano colegiado" (similar al consorcio que debe constituirse si la zona franca llega a existir) para que todos lo aprobasen en sus plenos o consejos de administración.
La idea era poner en marcha ese órgano "en tres semanas" para agilizar los trámites, y el propio Sánchez se comprometió a llevar el documento de adhesión personalmente al consejo de administración del puerto, en tanto que vocal del mismo. Tres meses y medio después, ninguno de los actores con los que ha hablado Alicante Plaza lo ha recibido, ni tampoco lo han aprobado el consejo de la Autoridad Portuaria o la misma Diputación.
En el trasfondo de esta nueva paralización de la zona franca subyacen dos debates que no se han resuelto. El primero, técnico, el de la ubicación, puesto que las propuestas de cada ayuntamiento, de PwC y del informe original de Ineca no tienen nada que ver (de hecho la propuesta original descartaba el suelo que ahora ofrece Elche). El segundo, político, el de la falta de colaboración (y de confianza) entre las administraciones, gobernadas por partidos de distinto signo. El protagonismo de la Diputación en los inicios del proyecto ha provocado que la Generalitat, socio necesario, se haya desentendido hasta que la idea esté madura.
Es cierto que, antes y después del 10 de marzo, se ha contactado con potenciales inversores, algunos de los cuales sí han mostrado cierto interés en la futura zona franca, pero a estas alturas ni existe un consorcio con el que interlocutar ni hay un espacio físico que ofrecer. Uno de ellos fue el presidente del holding chino Ying Tai, Wailin Deng, a quien le presentaron el proyecto durante una visita a Alicante organizada por el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro. El resto no ha trascendido, aunque el presidente de Coepa, Francisco Gómez, confirmó la existencia de esos tanteos en una entrevista publicada por este diario el pasado 27 de marzo. Según ha podido saber este diario, incluso algún fondo de inversión habría mostrado interés por el proyecto en las últimas semanas.
Si se sigue la 'hoja de ruta' de PwC, la mesa técnica (dado que no se ha constituido el 'órgano colegiado' del que hablaba Sánchez) debería decidir este viernes si sigue adelante con el proyecto o lo descarta. No parece, sin embargo, que los trámites hayan llegado al punto de poder tomar esa decisión. Al margen de un inversor potente que actuase como tractor del proyecto para que otras empresas se instalasen a su alrededor, la zona franca necesita el apoyo de dos ministerios: el de Fomento, para aportar la infraestructura pública necesaria (y fundamentalmente el enlace con el Corredor Mediterráneo) y el de Hacienda, para autorizar el régimen fiscal específico. Con ninguno se ha avanzado nada hasta la fecha, a pesar de que Mariano Rajoy incluyó la zona franca como compromiso electoral para Alicante. La salida del Ejecutivo de José Manuel García Margallo, además, ha dejado a la Diputación sin hilo directo con el Consejo de Ministros.
Las empresas que se instalasen en la zona franca podrían dedicarse al almacenaje, transformación y distribución de mercancías procedentes de la importación o destinadas a la exportación. Si el producto importado no se comercializa directamente, sino que se transforma antes, se evita el pago de los impuestos a la importación y se evitan posibles restricciones o 'cupos'. Asimismo, si el producto final se destina a la Unión Europea, no hay obligación de liquidar el IVA. Unas condiciones que resultan atractivas para muchas empresas destinadas al comercio internacional y que busca promover su implantación en la zona, con la consiguiente creación de empleo en la ciudad.
En su informe, Ineca estimó en 15.000 empleos el impacto inmediato del proyecto, que podría llegar hasta los 84.000 contratos directos e indirectos en una década. Asimismo, la recaudación se incrementaría en unos 300 millones de euros.
