Obras en el Travalón de Elche / PEPE OLIVARESELCHE. El auge de la construcción ha reactivado el sector en la ciudad, no sólo con nuevas promociones constantes, también con más y potentes compañías. Sin embargo, esto también tiene sus costes: los precios de la construcción han retrasado algunos proyectos, bien porque la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) exige un ajuste casi milimétrico de los precios, y porque el aumento de precio de las materias primas hace que a algunas empresas no les intereses concurrir para adjudicarse determinados proyectos.
Son algunas de las situaciones que por ejemplo está viviendo el medio propio municipal Pimesa. Tuvieron que publicar por segunda vez el pliego para la reconstrucción en otra parcela de la Casa de las Palomas ya que la primera licitación quedó desierta. El motivo, el aumento de los precios, por lo que para el segundo intento los han bajado. Por causas similares, que no las mismas, se ha tenido que retrasar la licitación de los dos primeros inmuebles de Elche Campus Tecnológico.
Visto el panorama, al recibir la licencia de obras del Ayuntamiento, a punto de acabar el proyecto de ejecución se decidió repasar y revisar los precios para evitar perder tiempo y que un proyecto de tal envergadura se quedara desierto y se tuviera que atrasar de nuevo para recalcular los precios. De hecho, los materiales de construcción habían aumentado un 6 o 7% en comparación a cuando se redactó el proyecto básico, por noviembre. Había subido el precio relacionado con la estructura y partidas como albañilería por la mano de obra. Así pues, había un desfase importante desde entonces hasta la fecha de la licitación, en abril.
Dejando de un lado el obvio resurgir del ladrillo, la LCSP también está influyendo en estas circunstancias. Los precios en las licitaciones a nivel general se están ajustando mucho, para evitar pelotazos y otras corruptelas de sobrecostes como años atrás. Ahora no hay margen para hacer ofertas a la baja, al menos para las grandes empresas. Como mucho del 10% cuando antes eran del 30%. Esto tiene un impacto en las firmas importantes, ya que al tener que ajustar tanto, tienen menor margen de beneficio. Al no ser autóctonas, desplazar a su personal y su maquinaria no es viable, por lo que tienen que aliarse con compañías autóctonas para ahorrarse esa parte o contratar mano de obra local.
La traslación de esto al caso ilicitano es que las compañías nacionales apenas se han presentado a licitaciones últimamente. No se ha presentado ninguna grande para el tercer bloque de San Antón, por ejemplo. El 'problema' de estas firmas es que necesariamente tienen que recurrir a empresas de la zona y formar una Unión Temporal de Empresas (UTE) con firmas locales, y luego hay que ver qué opciones hay. Por ejemplo en el mencionado barrio, el segundo bloque se lo adjudicó FCC con otra compañía, mientras que el primero y el tercero lo han hecho UTEs de empresas de la zona; Grupo Alcudia y Eurolosa y Orthem y Abala respectivamente. Más casos: para la construcción de los nichos del Cementerio Nuevo tampoco se presentaron compañías nacionales, y ahora para el concurso para adjudicar la limpieza de las instalaciones de Pimesa se está tardando bastante por el proceso de estudios de los precios.
Se ha reactivado el sector, pero ya no hay la cantidad de subcontratistas y mano de obra que había con la burbuja. Ahora hay pocas en el sector y conscientes de esa ventaja suben los costes, en el caso de que tengan mano de obra que no esté trabajando. Así pues, con la LCSP ahora los estudios son más precisos (mucho plazo, estudio de precios...) y la legislación quita margen para ofertas más bajas de lo habitual. Y subir o bajar un 20% más de lo debido el precio del pliego puede suponer que se recurra. Si a eso se le suma que por oferta y demanda, hay aumento de precios por materias primas, algunos proyectos quedan desiertos y se retrasan.
