Foto: PEPE OLIVARES. LA VILA JOIOSA. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha sometido a información pública la documentación de los propietarios del PP-37 'Montesol 2' para solicitar el inicio del Programa de Actuación Integrada del terreno. El proyecto urbanístico lo rescatan los propios dueños del sector, Campdeguer SL y Gonzálo Ávila Romá. Según explicó el concejal de Urbanismo, Pedro Alemany, se trata de las parcelas vacías situadas en la ya conocida urbanización Montesol, donde ya hay viviendas unifamiliares consolidadas. Así, indicó que su desarrollo será también con la construcción de chalés.
Así lo refleja también la documentación que sale a información pública: "El carácter del sector será suburbano de baja densidad, con viviendas unifamiliares, aisladas, pareadas o adosadas". En su plan de desarrollo del PAI, donde ya se han incumplido algunos plazos que dependen de la administración pública, se establece como objetivo la ejecución de las obras para el tercer trimestre de 2022, y durarían hasta el segundo trimestre de 2024.
En el plano económico, estiman de manera preliminar un coste de la urbanización de 2,8 millones de euros. Aunque este presupuesto no incluye el canon de saneamiento ni las indemnizaciones a contemplan en el programa así como el convenio con Iberdrola.
A grandes rasgos, el proyecto señala que se realizarán los ajustes necesarios "para respetar las zonas urbanas consolidadas correspondientes con las tres manzanas de suelo urbano PR-7 clave EA-6a, y definir los viales de acceso y la red primaria ya ejecutada al borde del sector". Se trata de una superficie de unos 74.000 metros cuadrados que se localiza al norte del núcleo urbano central del municipio, entre los ejes de infraestructuras que generan la carretera N-332 y la autopista AP-7, ubicándose el sector junto a la carretera de la Vila Joiosa a Finestrat y contiguo al área urbana consolidada de la Urbanización Montesol.
La propuesta menciona que los suelos destinados a uso dotacional público múltiple y uso terciario se ordenan en la zona sur del sector, más próximo a la rotonda de acceso y conexión con la carretera de la Vila a Finestrat. Además, incorporan algunas medidas "para compensar los efectos de la actuación en el medio ambiente y mitigar su incidencia sobre el cambio climático". Entre ellas, destacan que se incrementará la densidad de la población en la zona "favoreciendo la relación social en el nuevo espacio público a urbanizar, evitando también desplazamientos". Al mismo tiempo, señalan que se facilita y fomenta la movilidad no motorizada disponiendo de una red de vías ciclistas o de prioridad peatonal y ciclista.
A ojos de la administración pública, este sector dormía el sueño de los justos, como otros tantos planes parciales de la Vila que en los últimos años se han empezado a despertar. Sus propietarios han rescatado su urbanización en medio de una pandemia, donde el sector inmobiliario no ha sentido la crisis de forma tan perversa como pasara en la crisis del ladrillo del 2008. Pero su inactividad no le dejó exento de polémicas.
Tal y como se publicó en su momento, el Tribunal Supremo emitió en 2013 una sentencia en firme que anulaba el plan parcial de este sector. Una de las motivaciones se encontraba en que el planeamiento se aprobó careciendo de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Este tenía que comprobar que había suficientes recursos hídricos para su desarrollo. Pero la historia viene mucho más atrás. Precisamente, este fallo se derivó hasta el Supremo después de que se inadmitiera el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado para frenar un acuerdo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. Éste aprobaba el PAI con el voto en contra del representante del aquel entonces, Ministerio de Medio Ambiente. En su momento, afirmaron que el plan estaba aprobado y no se podía impugnar.
