Acusados en la sesión de cuestiones previas de Brugal. Foto: PEPE OLIVARESORIHUELA. La segunda sesión de respuestas de la Fiscalía y acusación particular en el caso Brugal ha concluido hoy con la exposición del letrado Miguel Porras en representación del Ayuntamiento de Orihuela como acusación particular en el juicio que encausa la rama oriolana de esta macrocausa. El letrado se ha adherido a lo que ya expuso ayer el fiscal Pablo Romero en nombre del Ministerio Fiscal y ha abogado por que el juicio se celebre con todas las pruebas.
En su explicación ha agrupado la postura del Ayuntamiento oriolano en bloques de argumentación.
El primero de ellos es el que afecta a la fase inicial del procedimiento y a la posible "naturaleza ilícita de grabaciones privadas de Ángel Fenoll" y que pueden anular la fase inicial del procedimiento, según pide la defensa. Su exposición se ha basado en la doctrina Falciani, una sentencia de 2017 del Tribunal Supremo. Considera que la ilicitud de las pruebas no tendría que tener tal efecto cuando esa ilicitud la genera un particular y no el Estado -en referencia a la grabación de Fenoll-. Entiende que esa regla de las pruebas ilícitas viene a proteger al ciudadano frente al Estado y que las "intervenciones abusivas" que denuncia la defensa en Brugal, en todo caso, vendrían de un particular.
En concreto, la doctrina Falciani daba por buena la prueba consistente en la utilización de los datos recopilados y difundidos por Hervé Falciani para confirmar una condena por delito fiscal, existiendo constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por él mismo.
Además, en la exposición del letrado, ha aclarado que en la defensa de los acusados se pusieron de manifiesto posibles infracciones en el procedimiento pero que no tuvieron en cuenta la definición de la consecuencias de esas infracciones. Porras expone que, a la hora de valorar una posible nulidad de las pruebas, que a su vez podría conllevar hasta la anulación del juicio, la defensa debería haber aportado más precisión sobre en qué medida eso ha perjudicado a los acusados. Cree que las incidencias creadas y expuestas por la defensa son meramente formales y que este tipo de consecuencias "no debería acarrear la nulidad de pruebas o de la causa en un juicio tan importante".
Porras, además, ahondó en que "en este juicio se encausa lo que se empezó a investigar" y que, por tanto, según sus argumentos, el objeto de investigación en la rama oriolana no ha cambiado y que las escuchas deberían protegerse. El letrado de la acusación particular mantiene que, si bien es cierto que la causa se extiende en el tiempo y pasa de un expediente de contratación de 2005 a otro de 2008, el objeto principal de las averiguaciones siempre es el mismo. Este es, el hecho de investigar en qué medida la empresa Colsur intenta proteger su posición en el Ayuntamiento de Orihuela "a toda costa, incluso con actuaciones que pueden ser delictivas", según el abogado. Ahonda así, en que son cuestiones amplias y complejas que acaparan desde el ámbito político hasta el empresarial y que eso justifica todas las actuaciones llevadas a cabo durante la investigación. Sobre la ampliación de las escuchas a otras ramas del caso, asegura que, en todo caso, se debería tener en cuenta en próximos juicios que se celebren, pero no en esta causa, la rama oriolana.
Además, sobre la argumentación de la defensa en cuanto a pedir la nulidad de las escuchas en teléfonos prepago, Porras asegura que la investigación también es legítima. Se basa en que los terminales están a nombre de unos particulares que entregan esos teléfonos a otros usuarios. Para el letrado, si hubiera algún derecho violentado, en cualquier caso, sería el de la persona titular del teléfono, según la ley, y no de los usuarios que lo usaban realmente.
Esta ha sido la última intervención sobre las cuestiones previas. Ahora, los jueces deben debatir y dirimir la resolución de estas cuestiones antes de la próxima sesión del juicio, el 7 de mayo. La próxima jornada irá de la mano de las declaraciones de los acusados. El turno comenzará, previsiblemente, con la comparecencia de Ángel Fenoll.
La sesión de hoy, la última del juicio hasta el próximo 7 de mayo, cuando comenzarán a declarar, por partes, los 34 acusados, ha comenzado con problemas técnicos en la sala habilitada para los medios de comunicación. No se ha podido disponer del sonido de lo que acontecía en la sala habilitada a las partes de juicio del caso Brugal. A pesar de las disposición de los auxiliares técnicos de la Ciudad de la Justicia de Elche, que han tratado de solucionar el problema, no ha habido éxito. La Consellería de Justicia es la encargada de garantizar este servicio audiovisual. En todo caso, las responsabilidad es de la firma adjudicataria de este servicio, Vitelsa, que en esos momentos no disponía de personal presente en la sala para atender las necesidades de los medios de comunicación.
