Recreación virtual del complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia de Alicante.ALICANTE. La UTE liderada por la constructora Ferrovial se impone finalmente como adjudicataria del megacontrato para la construcción de la Ciudad de la Justicia 'Rafael Altamira' de Alicante: un complejo en el que se agrupará la mayor parte de los órganos judiciales de la ciudad, ahora distribuidos en las dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa y otros locales arrendados situados en su entorno, que pasa por ser una de las principales inversiones de la Generalitat en la capital.
La oferta presentada por Ferrovial y Servicios Servitria se había posicionado como previsible adjudicataria tras la evaluación de los criterios que dependen de juicios de valor y también por lo que respecta a la oferta económica presentada, por un importe de 60,1 millones (impuestos no incluidos), como había anticipado Alicante Plaza. Ahora, la mesa de contratación de la Conselleria de Justicia ha elevado la propuesta de adjudicación, tras la baremación del resto de criterios que dependían de criterios automáticos, como la experiencia del jefe de obra (hasta 3 puntos posibles); la experiencia del jefe de producción (3 puntos); la mayor dedicación del equipo técnico (6 puntos); la complementación del equipo técnico (2 puntos); el compromiso de desarrollo de planos As Built mediante tecnología BIM (2 puntos); el compromiso de difusión de la actuación (3 puntos); y el compromiso de ampliación del plazo de garantía (1 punto).
Con esa última fase del concurso, la UTE de Ferrovial habría sumado un total de 96,50 puntos, seguida por la alianza empresarial encabezada por Dragados, con 93,99 puntos y un precio de 63 millones, y por la UTE compuesta por Obrascón Huarte y Ecisa, con otros 93,91 y un importe de 62,3 millones. El procedimiento de licitación se completa, así, con un ahorro de cerca de 10 millones respecto al precio de salida con el que partía la convocatoria, de 70 millones (que se elevaban a 85, al incorporar el IVA).
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha considerado -a través de un comunicado- que este nuevo paso en el proyecto es "un gran éxito porque estamos hablando de que se inicien las obras durante esta legislatura, a finales de diciembre o principios de enero, y de que esté concluido en el plazo de 36 meses". Además, ha explicado que la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante es la obra "más importante" del plan de infraestructuras judiciales de la Generalitat y la inversión "más importante" de la Generalitat en la provincia de Alicante.
Tras acordarse la propuesta de adjudicación en mesa de contratación, este mismo martes, se abre un plazo por el que se solicita documentación a la UTE beneficiaria del contrato para que acredite su solvencia técnica y económica y se abre un plazo de recurso de 15 días hábiles. Una vez transcurrido este tiempo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de dos meses para iniciar la ejecución de la obra, según han añadido fuentes del departamento autonómico.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo."Esto supone que estamos ya en la fase final de dar comienzo a una realidad para que Alicante por fin tenga una ciudad de la Justicia en condiciones y un edificio que dignifique lo que Alicante representa. Esta ciudad quedó postergada en su momento por los gobiernos del PP y hemos querido revertir esa situación", ha subrayado Bravo, después de visitar las obras de los nuevos juzgados y de la oficina de denuncias de Alicante y de reunirse con el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, el juez decano, César Martínez, y el fiscal jefe de Alicante, Jorge Ignacio Rabasa, según las mismas fuentes.
La construcción del nuevo complejo judicial se prolongarán durante 36 meses de forma que entrará en servicio a mediados del año 2025. El edificio se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, al otro lado de la avenida Aguilera, y tendrá 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar, como también viene informando este diario.
Además de los paneles fotovoltaicos, el edificio contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización y, por supuesto, será completamente accesible para personas con diversidad funcional.
En el nuevo edificio se unificarán la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante, en concreto, la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía y albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales y las cámaras Gesell.
