El estado actual del edificio de la calle Canalejas de Alicante, destinado a acoger la sede del Patronato de Turismo Costa Blanca.ALICANTE. El litigio que bloqueaba la construcción de la sede específica del Patronato de Turismo Costa Blanca en Alicante queda despejado con una resolución favorable a la primera alianza empresarial que resultó adjudicataria de las obras. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante acaba de dictar una sentencia favorable a la UTE demandante, formada por Bluedec, Cupola y Tarraco, en la que reconoce que la institución provincial incurrió en una demora injustificada en el trámite de comprobación del acta de replanteo (el paso necesario para que pudiesen comenzar las obras).
Ese retraso fue de más de siete meses respecto a la fecha de formalización de la adjudicación, cuando la normativa de contratación pública establece un máximo de un mes, como consecuencia de la tramitación de los contratos sobre los planes de seguridad y salud y sobre la dirección facultativa de las obras. Con ese retraso, la reconstrucción del inmueble no llegó a iniciarse antes de que estallase la crisis sanitaria de la covid -la adjudicación se produjo a principios de 2020-, con lo que la UTE dejó de estar interesada en la ejecución de los trabajos tras constatar que el incremento del precio de los materiales dificultaba su desarrollo con el precio propuesto: 1,25 millones. Así, solicitó la resolución del contrato.
No obstante, la institución provincial rechazó los argumentos de la UTE y no aceptó esa petición. Es más, optó por acordar su resolución por el incumplimiento en los plazos de su ejecución, que atribuyó a la adjudicataria, tras recabar el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC). De este modo, pudo promover un segundo concurso con la intención de desbloquear la construcción de la sede, al que solo concurrió un único licitador, la constructora Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, a la que acabó seleccionándose como nueva contratista con un precio de 1.388.217,84 euros en febrero de 2022.
Eso sí, las obras tampoco se activaron tras ese segundo acuerdo, a la espera de que pudiese dirimirse el contencioso interpuesto por la primera adjudicataria. La resolución de la controversia queda resuelta ahora con una sentencia en la que se reconoce el derecho de la UTE a percibir una indemnización del 2% del precio de la adjudicación y la devolución de la garantía definitiva, cuantía fijada en 20.264,94 euros.
Fuentes consultadas precisaron, además, que la sentencia ya es firme puesto que la Diputación ha desistido de la posibilidad de interponer recurso con el fin de no prolongar más los tiempos para dar una solución al inmueble y avanzar en el proyecto. En esta línea, las mismas fuentes añadieron que un recurso de apelación habría ido en contra del interés público dado que no se podría disponer del edificio en un periodo prolongado de tiempo. Todo, además, después de que se hubiese estudiado la viabilidad jurídica del recurso y que se hubiese concluido que la valoración judicial de la prueba en primera instancia era desfavorable.
Así, la sentencia da alas a que la Diputación pueda recuperar la disponibilidad de decidir sobre el edificio, sin que por el momento se haya confirmado su destino original. Es más, no se descartaría la posibilidad de que pudiese reorientarse para que tuviese un uso distinto.
Recreación virtual del edificio reconstruido.
La fachada apuntalada desde la calle Virgen de los Desamparados.En principio, el proyecto de reconversión del edificio del número 12 de la calle Canalejas comprendía su reconstrucción integral, ya que solo se conserva la fachada del inmueble original. La institución provincial lo adquirió en 2018 con el objetivo de que pudiese convertirse en la nueva sede del Patronato Costa Blanca en un espacio emblemático del centro urbano, en sustitución de las oficinas provisionales habilitadas ahora en las instalaciones del Auditorio Provincial (Adda).
Esa reconstrucción se había planificado en un plazo de 16 meses desde el inicio de las obras, en las que se debía respetar la fachada exterior, ahora tapiada y apuntalada, tras el derribo de su estructura interna. El edificio preexistente se construyó a principios del siglo pasado, con fachada tanto a Canalejas como a Virgen de los Desamparados. En 2009, ante el riesgo de derrumbe, se procedió a su demolición controlada, dejando en pie y estabilizada la fachada principal, que debe reutilizarse. De acuerdo con el proyecto original,. el edificio previsto disponía de un sótano bajo rasante, planta baja y tres alturas para uso administrativo, para coronar con un casetón sobre cubierta a modo de acceso.
