Una de las protestas de los trabajadores municipales para exigir el desarrollo de la carrera profesional, a las puertas del Ayuntamiento de Alicante.ALICANTE. La propuesta de asignación de retribuciones para los nuevos puestos de coordinador y de directores generales promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), en el marco de la reorganización de la estructura municipal anunciada por el alcalde, Luis Barcala, tras las elecciones del 28 de mayo, ha suscitado la comunión de los tres partidos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Esquerra Unida Podem y Compromís) y de los cinco sindicatos representados en el Ayuntamiento (SEP, CCOO, UGT, FESEP y CSIF) a partir de dos acciones distintas.
La primera viene a colación de la solicitud de emisión de informe jurídico promovida por Esquerra Unida Podem con el fin de aclarar si las funciones asignadas a esos nuevos directivos podrían considerarse en realidad competencias específicas e indelegables del pleno de la corporación. Dicha petición, registrada por el portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha tenido respuesta este jueves, a través de un escrito remitido por la Secretaría General del Pleno, en el que se descarta la posibilidad de elaborar ese dictamen si no se solicita con el apoyo de las firmas de una cuarta parte de los concejales de la corporación.
Esa respuesta ha propiciado que la solicitud de informe se volviese a plantear. Pero, esta vez, a instancia de ocho concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, con lo que se superaría el requisito exigido en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP). Así, los tres grupos del eje progresista persistirían en su intención de resolver las dudas que habrían suscitado las competencias a ejercer por esos futuros cargos: dos coordinadores generales y diez directores generales.
Esa nueva solicitud ha propiciado, finalmente, la emisión del informe demandado, en el que se detalla que el nombramiento de esos nuevos cargos directivos está amparado desde que se aprobó la nueva estructura municipal en el año 2012. Así, como detalla el informe, es ahora cuando el alcalde -la figura que tiene potestad para ello- concreta en qué áreas y cuántos se pretende designar a partir de un decreto fechado a finales de septiembre. Al tiempo, señala que los coordinadores generales y los directores generales dependerán jerárquicamente de la Junta de Gobierno. Y, a modo de resumen, viene a concluir que el decreto por el que se concreta su número y áreas queda ajustado a lo previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno.
No ha trascendido si ese dictamen puede influir en la posición de voto de los tres partidos del eje progresista. Por lo pronto, las tres formaciones ya votaron en contra de la asignación de emolumentos planteada por el equipo de gobierno en la comisión informativa de Presidencia celebrada este jueves. Y, salvo modificación de última hora, todo parece indicar que podría reproducirse ese pronunciamiento en el pleno extraordinario previsto para este viernes, en el que la propuesta se someterá a aprobación.
Está por ver cuál será la postura definitiva que pueda adoptar el grupo municipal de Vox, que tiene la capacidad de inclinar la balanza hacia la aprobación o la desestimación, con los votos de sus cuatro concejales. En la comisión informativa del martes, Vox se decantó por una abstención, lo que resulta suficiente para que el acuerdo prospere por mayoría simple. Ahora bien, los representantes de Vox apuntaron entonces que condicionaban su decisión definitiva a dos circunstancias: el compromiso de desarrollo e implantación del sistema de ascensos y mejora retributiva de los funcionarios municipales de la llamada carrera profesional (comprometida desde 2019) y que se garantizase que las personas a nombrar para ocupar los puestos directivos no tuviesen afiliación política.
En segundo lugar, los cinco sindicatos que representan a los trabajadores municipales también han coordinado una protesta conjunta en el transcurso de ese pleno extraordinario con el fin de reivindicar, precisamente, la implantación de la citada carrera profesional.
En la circular dirigida a todos los funcionarios, los sindicatos manifiestan el malestar generado por el hecho de que se haya planteado asignar retribuciones por un montante global de 1,5 millones al año (en realidad, de 1.094.000 euros, una vez descontados los sueldos ya en vigor del titular del área de Asesoría Jurídica, del secretario y del interventor, según fuentes municipales) para los nuevos puestos directivos auspiciados en esa reorganización municipal, cuando hasta ahora solo se han consignado 205.836 euros para desarrollar la carrera profesional que beneficiaría a 2.000 funcionarios.
Así, los sindicatos invitan al conjunto de los trabajadores municipales a concentrarse en la Plaza del Ayuntamiento antes del inicio de la sesión plenaria y a elevar, después, la protesta hasta el salón de plenos para "denunciar y reclamar nuestro derecho a la carrera profesional y criticar la hipocresía y el desprecio del alcalde y su equipo de gobierno a la plantilla municipal", según reza la convocatoria.
Por lo pronto, el equipo de gobierno, del PP, había anunciado la celebración, este mismo viernes, de una nueva reunión de trabajo para tratar de avanzar en el desarrollo de ese sistema de mejoras retributivas. Ese encuentro iba a contar, al menos, con la presencia de tres de los sindicatos convocantes de la protesta: UGT, FESEP y CSIF.
