Un promotor plantea un millar de viviendas en el sector E-13 ('La Puñalá') de Elche, la mitad VPO

ELCHE. Meses atrás, durante el verano, en una Junta de Gobierno, el equipo de gobierno informaba de que se había desistido del desarrollo de un proyecto de urbanización que había en el sector E-13 (junto al AL-4 de El Altet), más conocido como el barrio de 'La Puñalá', que en realidad se llama Barraques Valencianes. Sin embargo, se había echado para atrás por parte del Ayuntamiento, pero para dar cabida a uno nuevo. Según ha podido saber este medio, hay un grupo de constructores que ha puesto sobre la mesa una iniciativa inmobiliaria para renovar gran parte del mismo, ya que supondría la edificación de un millar de viviendas, y la voluntad es que la mitad de ellas sean públicas.

Se trata de un área degradada, en algunas partes sin apenas desarrollo urbano, con viviendas unifamiliares, algunas muy antiguas, falta de limpieza según han denunciado los vecinos en ocasiones, y parte de población vulnerable. Ahora, un grupo inmobiliario lleva trabajando meses en la propuesta de actuación. Pero precisamente para poder presentar el proyecto, del cual ya hay conocimiento en el Ayuntamiento, había que anular el anterior Plan Parcial y anteproyecto de urbanización, ambos de 2002, y de los que el anterior promotor desistió por las dificultades para implementarlo. Ahora una vez anulado, es cuando se podría presentar uno nuevo otra vez desde la iniciativa privada.

Asimismo, aunque el Consistorio habría trasladado la voluntad de ampliar la actuación de los promotores a toda la zona, de momento el grupo sigue en su propuesta, que ya es un área de unos 150.000 metros cuadrados. Con un potencial de construcción de un millar de viviendas, y cuya intención es destinar la mitad, unas 500 a vivienda protegida, sea de venta o de alquiler asequible. Una modalidad esta última por la que por ahora está apostando el Ayuntamiento (edificio de Travalón, San Antón en algunos casos) y la Generalitat (caso de las nuevas en Los Palmerales). Y que quedaría por ver cuál es el formato de las anunciadas nuevas 200 promovidas por Pimesa. 

En este sentido, según la actual legislación de 2022, al ser viviendas públicas, debería entrar el Estado, pudiendo subvencionar los gastos de urbanización. Por otra parte, la otra cuestión es evidente, qué hay de la gente que allí vive. Según la Lotup, la ley urbanística valenciana, es asunto del urbanizador el realojo de los inquilinos o propietarios, en tanto que promotor. Así que es algo que se está estudiando y que también se ha trasladado al Ayuntamiento. 

Ambas partes están interesadas en el desarrollo del mismo, conscientes de la importancia que podría tener: además de una importante bolsa de inmuebles, un impulso importante de vivienda pública y una renovación urbana que vendría a cambiar diametralmente la imagen. Quedaría en el futuro, si se desarrollo, una zona consolidada con un entorno de envergadura: el centro comercial y el nuevo Palacio de Deportes, a lo que aludía el alcalde al inicio de curso por el encaje del entorno. Pero habrá que esperar para ver si este nuevo intento prospera y hay alternativas habitacionales viables para quienes allí viven.