ELCHE. Este miércoles 29 de noviembre tendrán que declarar en los juzgados de Elche el Comisario Jefe de la Policía Local, César Zaragoza, y otros dos intendentes, porque un inspector del Cuerpo, Manuel Calvache, ha interpuesto una querella contra los mismos. Un Juzgado de Instrucción la ha admitido a trámite y tendrán que declarar por supuesto delito de discriminación laboral, acoso laboral (mobbing), lesiones —psicológicas— y prevaricación administrativa.
El auto en el que se admite la querella es de finales de octubre, y del que también se ha hecho eco El Cierre Digital. La querella a la que ha tenido acceso este diario es del inspector Manuel Calvache Castaño (hijo del exjefe de policía Manuel Calvache Sánchez, fallecido el pasado mayo), responsable desde 2001 de la Unidad de Menores, Violencia de Género y Protección de Colectivos Vulnerables (UMEV-UPRAM). Lleva en la Policía 28 años en el cuerpo y ha tratado con 5 jefes diferentes, advirtiendo que con ninguno se le había promovido la apertura de expediente disciplinario alguno por conductas ilegales o antirreglamentarias, "ni por ninguna otra causa o motivo". En su querella detalla las presuntas irregularidades de lo que dice es su particular "calvario" —está de baja desde febrero bajo prescripción médica con episodios de ansiedad, entre otros— , que empezaba en 2015 con hechos de distinta índole, y para los que aportan numerosas pruebas y testigos.
Problemas con su título
Aquel año indica que ya se rumoreaba que el nuevo Comisario sería Zaragoza, y cuando finalmente este aprobó su oposición, recibió una llamada del Comisario en funciones, Francisco Bernabeu, quien le llamaba a su vez sobre más rumores que anticipaban que en breve, por parte de la Jefatura, se iba a cuestionar la validez de su título de 'Experto Universitario en Criminología' para seguir como Inspector. "Que todo sería un calvario para él y que se las iban a hacer pasar canutas, pero que si renunciaba de motu propio' a su plaza de Inspector interino (que ostentaba desde el año 2004), se le garantizaba a perpetuidad la permanencia como mando, en calidad de Oficial de su Unidad". Un título que esgrime se había validado por el Ayuntamiento en 2004 y una propuesta que Calvache rechazó.
Ya en 2016, cuando el actual Comisario toma el mando, en la querella se asegura que iba diciendo entre plantilla y sindicatos que "lamentaba tener que cesarle como Inspector (en referencia a Calvache), pero que no tenía más remedio que hacerlo porque su título de Diplomado en Criminología no era apto para el puesto que ostentaba". El escrito alude a que precisamente Zaragoza dispone del mismo título de Diplomado Universitario en Criminología que le hubiera habilitado para ascender a Inspector; cuando solo era Oficial.
Zaragoza, en una rueda de prensa acompañando al alcalde Pablo Ruz y la edil Inma Mora
Pero la cuestión con el título siguió dando coletazos, presuntamente con problemas constantes puestos desde la Jefatura, señala la querella. En 2017 desde el Consistorio se inicia un procedimiento para aclarar la situación de los comisarios interinos por una nueva nomenclatura legal, pero Calvache denuncia que se le empezó a pedir únicamente a él todo tipo de documentación extra, "absurda", para validar su título, llegando a tener que contactar con el Ministerio. Prosigue la querella narrando que algunos de esos escritos se habrían difundido en vestuarios, pasillos u otras dependencias policiales, "y que no debían haber salido de dicho expediente administrativo".
El querellante denuncia que tras validar finalmente el título en el Ministerio, "empezaría el ninguneo, marginación e invisibilización personal, profesional e institucional", sin ir a reuniones o comisiones sectoriales sobre su materia de género, colectivos vulnerables, etc. Desde entonces, además, manifiesta que ya no se le daba información y que era ignorado sobre estas cuestiones a pesar de ser el responsable de la Unidad. También mantiene que Zaragoza contaba con agentes de su confianza para hacer el trabajo que Calvache o su Unidad hacían en institutos reuniéndose con los directores. Y que no se le permitía participar en medios de comunicación, omitiéndole, "cuando otros mandos de área sí iban". Relacionado con esto, se indica que por ejemplo cuando se le concedió la Medalla de plata del Bimil·lenari, ni se le informó que se le había otorgado, ni a nadie de su Unidad o él se les invitó a acudir a la entrega.
Por otra parte, Calvache dice del Comisario y de los dos intendentes querellados que nunca contestaban a sus informes en cuestiones importantes como "las relativas a la falta de personal, descanso, vacaciones, y recuperaciones de agentes, refuerzos y horas extraordinarias...". Esgrime que se saltaban la cadena de mando y se dirigían directamente a los agentes a cargo suyo para "para darles órdenes, dejándole al margen como mando, como si él no existiera". También que se ponían pegas para arrestos porque no habrían suficientes indicios, les contestaban, por lo que Calvache preguntaba que si no querían que se procediese así, que se emitiera una orden de servicio a este respecto, lo que nunca se hizo. "Por lo que resulta que las únicas detenciones que se pueden practicar son las llevadas a cabo por el resto de las Unidades de la Policía Local, a excepción de la Unidad del Sr. Calvache", se denuncia.
Caso de violencia de género
Precisamente sobre detenciones, otro de los presuntos hechos que tuvieron lugar y se denuncian es que Calvache recibió un aviso de lo que parecía un caso de violencia de género que afectaba a un agente de la Policía Local por posibles maltratos a su pareja. Le habían encargado que lo gestionase, y cuando avisó al Comisario Jefe para informar que tenía que proceder a la detención, este habría señalado que si estaba seguro, porque se trataba de un compañero, a lo que pidió textualmente, según la querella, que "si podíamos, evitáramos la detención", que "tuviera cuidado, porque era un compañero".
Y se relata que cuando Calvache encarga el traslado a otro inspector, en un momento determinado otro Oficial —el mismo que presuntamente denunció posteriormente a Calvache por mobbing inexistente en el año 2019, aclara la querella— se dirige a este inspector para apuntar que sería él quien lo llevase a la comisaría de la Policía Nacional. Que antes tenía que pasar por casa del agente arrestado para recoger una documentación, pero que según la denuncia, "el verdadero propósito de pasar antes por el domicilio era recoger el arma reglamentaria para introducirla subrepticiamente en el armero individual del Agente en Jefatura", porque la habría tomado del armero cuando estaba de baja, por lo que no podía hacerlo. "Por lo que, con ello, se alteraban los hechos en lo concerniente a la ubicación del arma reglamentaria durante los presuntos malos tratos", señala la querella. La misma apostilla que finalmente la Policía Judicial UFAM comprobó que los hechos habían tenido lugar así al revisar las imágenes de la cámara del armero.
A continuación, la querella relata que el agente en cuestión quedó detenido en dependencias policiales y, al día siguiente, pasó a disposición judicial donde fue puesto en libertad con una medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima; "cuya medida cautelar quebrantó esa misma noche, produciéndose una llamada a la central de radio por parte del padre del Agente (también Inspector de la Policía Local de Elche) que presuntamente fue alterada (manipulada) a instancias del mando responsable del turno de noche, al parecer por órdenes del Jefe". Según los hechos que narra la querella, la presunta alteración de pruebas habría sido descubierta por el Inspector coordinador de servicio a la mañana siguiente, y tanto este como el querellante informaron al Comisario Jefe, "el cual minimizó el asunto y restó importancia a todo". Una sucesión de hechos reflejada en un atestado de la Policía Nacional y un informe interno del Cuerpo local. La querella pone de relieve que no hubo ningún tipo de responsabilidad, investigación o expediente a los implicados.
A raíz de esta situación, Calvache denuncia que si apenas había comunicación con Zaragoza, a partir de entonces por sus actuaciones "contra los intereses de funcionarios a los que el Jefe quería proteger a toda costa, y de su intervención en el juzgado acerca de la alteración de pruebas llevada a cabo por la Jefatura, el ostracismo y la marginación hacia su persona se intensificó aún más, si cabe". Por último, la querella sigue enumerando otros casos de presunto acoso por parte de los otros dos intendentes querellados como "cooperadores necesarios" al haber sido discriminado y perjudicado económicamente al realizar menores refuerzos extraordinarios que otros inspectores, dificultades para volver a la 'normalidad' del trabajo tras la pandemia, "torpedeo" de su Unidad "detrayendo personal permitiendo algunas bajas sin cubrir plazas" o apertura de expedientes disciplinarios sin motivo, según la querella, y que finalmente se archivaron sin más.
Con la apertura de diligencias previas, desde el Juzgado se suma a estos hechos denunciados constitutivos de delito, también el de discriminación laboral. Ahora tras las declaraciones de las dos partes, así como testigos y análisis de las pruebas, el juzgado dirimirá si hay evidencias suficientes para la apertura de juicio oral.
Día del patrón de la policía este 2023
