ALICANTE. La lista de grandes morosos con el fisco que anualmente publica el Ministerio de Hacienda constata que, un año más, la Agencia Tributaria lo tiene crudo para ingresar las estratosféricas cantidades que reclama a empresas alicantinas. La mayoría, arrastradas desde que la crisis inmobiliaria de 2008 se llevó por delante a muchas empresas del sector, que no han llegado a recuperarse.
Según la información recogida en el listado, entre cinco promotoras alicantinas adeudan más de 80 millones de euros a las arcas públicas, con el agravante de que muchas de estas promotoras ya han desaparecido o están en proceso de liquidación, con lo cual la deuda pasará a ser incobrable. Al frente de los grandes morosos de la provincia figura, un año más, el promotor ilicitano Ramón Salvador, que en los últimos doce meses (los datos son de diciembre de 2022) no ha logrado reducir ni un céntimo su deuda con Hacienda.
Así, Residencial Mira Llevant, la principal empresa de Salvador, sigue adeudando 41,8 millones de euros en impuestos, la misma cantidad que hace un año. Y a esta cifra hay que sumar la deuda personal del propio promotor, que también se mantiene inalterada: 2,26 millones. En 2021 el empresario sí logró reducir ligeramente la cantidad reclamada, como contó este diario.
A continuación figura la promotora alcoyana Luxender, tristemente famosa por haber quebrado mientras impulsaba la urbanización de Serelles en la ciudad de los puentes y por haber protagonizado un polémico concurso de acreedores. Tampoco parece que Hacienda vaya a cobrar en este caso los 12,8 millones que reclama. Caso similar al de los dos siguientes morosos, Las colinas de Finestrat y Altea Futura, promotoras con sendas deudas de 12,3 millones cada una. La segunda, que formó parte del conglomerado de la inmobiliaria Ballester, ya ha sido liquidada.
También mantiene su deuda Denia 76 Gestión Empresarial, una empresa del conglomerado Santa Ana, que como el resto de firmas del grupo ha ido a liquidación. Debe 4,9 millones. Otra conocida promotora que sigue en el listado y con la misma deuda es la oriolana Procumasa, del expresidente del Hércules Valentín Botella. Procumasa SA debe 1,52 millones a Hacienda, mientras que Procumasa Obras y Promociones adeuda 631.000 euros y la Corporación Empresarial Procumasa otros 672.000. En total, algo más de 2,8 millones de euros.
Más promotoras en el listado: Promasa Elche adeuda 1,68 millones, Moraira Estates debe 1,37 millones, a Bahía del Vinalopó se le reclaman 664.000 euros, y Arquitectura Urbana Alicante sigue sin pagar los 600.000 euros que le reclamaba Hacienda hace un año, y que motivó su inclusión en la lista al situarse en esta cifra el umbral para ser considerado "gran deudor". Relacionada con el sector construcción (y con su crisis) está también la deuda de Canteras Alicantinas, una filial de la marmolera Bempe (liquidada en 2017), de Novelda: 1,86 millones de euros tienen la culpa.
Fuera del sector inmobiliario, el listado incluye varias empresas del calzado de la provincia, entre cuyas deudas destacan las de Aparados Montse 21, de Petrer, que tiene que pagar 1,78 millones de euros, o Anden Shoes, de San Vicente del Raspeig, a la que se reclaman 1,1 millones de euros. No son las únicas, en todo caso.
El listado incluye dos casos llamativos en relación con la ciudad de Elche: Hacienda reclama 1,5 millones de euros a New Millennium Sports, la sociedad heredera de la antigua Kelme y su distribuidor en España y otras regiones, que como ha contado este diario logró aprobar hace unas semanas el convenio de acreedores tras ir a concurso a finales de 2022. Cabe suponer que la próxima lista, con datos de diciembre de 2023, incluirá el impacto del acuerdo con la empresa para cobrar la deuda menos la quita. También figuran dos sociedades de la destilería Salas y Sirvent (la principal, con 1,1 millones de deuda), que de la misma manera, tras ir a concurso, logró superarlo con la entrada de César Nohales como inversor.
Otros deudores que figuran en el listado son Catral Export SL (sin relación con Catral Home), que debe un millón y también está en liquidación; Logística Santa Pola, en idéntica situación con una deuda de 1,01 millones, y dos empresas informáticas de la misma propietaria: Compraventa Social Daya de Alicante, con una deuda de 800.000 euros, y Compraventa Social de San Miguel de Alicante, con 1,2 millones.
