ELCHE. Queda una escasa semana para que finalice el año y aún menos días hábiles. En ese lapso de tiempo la Diputación de Alicante tendría que adoptar el acuerdo para transferir los fondos de 4,4 millones de euros para la expropiación de suelo del futuro Palacio de Congresos de Elche, para que a su vez el equipo de gobierno absorba los mismos y finiquite la enajenación con los propietarios del solar. Son los pasos que se tienen que dar para que se pueda ejecutar la expropiación durante 2022 y no tener que esperar a una liquidación sin fecha en 2023 para que la institución transfiera los fondos. Por ese motivo el alcalde Carlos González, junto a la edil de Urbanismo Ana Arabid, pedía este viernes cumplir con este paso, puesto que entiende que hay "demoras excesivas e injustificadas" con el trámite para culminar el proceso.
Todo porque esta semana, después de que el Ayuntamiento enviase el 14 de diciembre a la Diputación el acuerdo de los dueños de las parcelas de la expropiación, para que tras pasar el periodo obligatorio de alegaciones esta transfiriese los fondos, la entidad que preside Carlos Mazón requirió más documentación al Consistorio. Una semana después, el día 21, la entidad le requiere una declaración responsable de que la subvención es para este efecto, y que el Ayuntamiento está al día con sus obligaciones tributarias. Hechos que según explica el regidor no se habían solicitado hasta ahora, y que se trasladaron personalmente a Arabid en una reunión presencial, en la que según González, "se sugirió presentar un informe respecto a que el solar cumple con la edificabilidad necesaria para construir la infraestructura". Un hecho "elocuente" para el alcalde que no se haya pedido el escrito, recordando este viernes que se acordó con el presidente Carlos Mazón este año la expropiación de este solar de 5.000 metros cuadrados porque "cumplía con los requisitos".
Por otra parte, para el regidor que no se haya pedido más documentación "significa que no faltaba nada", ya que entiende que lo que ahora se pide "es mero trámite" y ya se ha entregado, el informe de edificabilidad y la declaración responsable. Señala que desde la entidad vecina se ha sugerido oficiosamente durante este tiempo que faltaba documentación, hecho con el que discrepa, y esgrime además que si no se hubiesen estirado los plazos en los trámites durante este mes y medio "la operación ya podría estar hecha". Y ha aludido a que por ejemplo se tardaron nueve días en publicar en el BOP el acuerdo provincial de modificación presupuestaria para la enajenación de los terrenos, "cuando es un hecho inequívoco que los acuerdos que adopta la Diputación se acuerdan al día siguiente".
Por último, y después de explicar que a su juicio se ha dilatado cada paso intermedio de esta tramitación de forma injustificada, "aún hay tiempo para expropiar los terrenos antes de que finalice 2022". El alcalde entiende que es un compromiso "no con los propietarios, sino con la ciudad", e incide en que no quiere generar polémica, respecto a cuando se le preguntaba si cree que este estiramiento de los tiempos es intencionado: "No queremos darle una perspectiva partidista a este asunto", incidiendo en que "el Ayuntamiento ha cumplido con su parte y ha trabajado con la mayor celeridad". En los días hábiles que quedan, para ejecutar la operación este año, la Diputación tendría que acordar la aprobación de la subvención en Junta de Gobierno o vía decreto, para que el Consistorio modifique su presupuesto y firme con los propietarios el acta de ocupación y pago de la compensación.
