EU Podem pide un informe jurídico sobre las funciones de los directores generales de Alicante 

ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante mueve ficha respecto a la propuesta de asignación de retribuciones para ocupar las plazas de coordinadores y directores generales en el nuevo organigrama de funcionamiento municipal promovido tras las elecciones municipales de mayo por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con la intención de disipar dudas sobre las funciones que ejercerán esos nuevos cargos directivos.

En concreto, el portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha solicitado la emisión de un informe jurídico para aclarar si el decreto de Alcaldía sobre organización y estructura administrativa y ejecutiva modifica algún aspecto reglamentario del Reglamento Orgánico por el que se establecen los niveles esenciales de la administración del Ayuntamiento (RONE). Y, además, requiere que ese dictamen aclare "si el proceso de redacción del decreto es adecuado, ya que albergamos dudas de que el decreto modifique cuestiones del Reglamento orgánico y pueda invadir competencias plenarias", según recoge la solicitud, planteada por registro.

En concreto, en ese decreto, fechado a finales de septiembre, se detalla que la figura de los coordinadores generales, "en cuanto titulares de órganos directivos pueden ejercer aquellas competencias que mediante delegación les asigne el alcalde –artículo 124.5 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local- o la Junta de Gobierno Local –artículo 127.2-, y, en todo caso, además, por su posición en la organización ejercerán funciones de colaboración y asistencia directa al concejal, así como las funciones que se presumen como propias de un directivo como la planificación estratégica, la gestión del entorno y de los medios y recursos a su cargo".

Y añade que "la posibilidad de delegación por parte del Alcalde y de la Junta de Gobierno en los titulares de esos órganos directivos es otra de las novedades destacadas de la reforma efectuada por la Ley 57/2003, que permite sin duda descargar al órgano político de las tareas de gestión".

Respecto a los directores generales, el decreto apunta que "la Dirección general es el órgano que sirve como elemento principal para establecer la estructura de cada área, digamos que las áreas de gobierno van a estructurarse básicamente en Direcciones generales, responsables de un conjunto de competencias funcionalmente homogéneas. Y son por esta razón los principales órganos de colaboración en el desarrollo y ejecución de las políticas municipales de su competencia, de manera que sin perjuicio de la superior autoridad del concejal competente o incluso de los coordinadores, las Direcciones generales aparecen como los órganos de ejecución directa de las políticas públicas –y para esto podrán delegárseles las correspondientes competencias tanto por el alcalde como por la Junta de Gobierno-".

En consecuencia, las funciones concretas a abordar por esos nuevos cargos directivos dependerá de los poderes que finalmente les sean transferidos por delegación del alcalde, que es quien tiene la potestad de proponer su nombramiento ante la Junta de Gobierno, ya sea entre funcionarios con titulación universitaria o entre profesionales del sector privado, para lo que se requiere de una suficiente motivación. 

Retribuciones pendientes del pleno

En todo caso, la normativa sí especifica que es el pleno de la corporación el que debe aprobar su régimen retributivo. De ahí que la propuesta planteada por el PP quede sometida a debate y votación en un pleno extraordinario previsto para este viernes, día 6. En función de esa propuesta, se prevé que cada uno de los dos coordinadores generales propuestos perciba unos emolumentos anuales brutos de 82.000 euros, mientras que los diez directores generales planteados percibirían un sueldo de 75.000 euros. 

Con esa delimitación, se prevé que la designación de todas las plazas previstas en ese organigrama suponga un coste global anual de 1,5 millones, a los que se debe detraer las retribuciones ya asignadas al titular del Área de Asuntos Jurídicos, al secretario general del pleno y al interventor municipal, lo que reduciría el gasto nuevo a 1.094.000 euros, según han precisado este miércoles fuentes consultadas.

Hasta el momento, ese acuerdo de asignación de retribuciones ya recabó un primer dictamen favorable en la comisión de Presidencia de este martes, gracias a la abstención de los representantes de Vox. PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem votaron en contra. A priori, todo parece indicar que podría repetirse ese mismo equilibrio de votos. Para su aprobación, la propuesta debe obtener mayoría simple: más votos a favor que en contra. De ahí que resulte suficiente la abstención de Vox.