ELCHE. Durante todo el proyecto de Arru (Área de Regeneración y Renovación Urbana) en San Antón, los propietarios de los viejos inmuebles han entregado su vivienda al Ayuntamiento, en este caso la empresa municipal Pimesa, para abonar económicamente la diferencia entre el valor de esta y la del nuevo piso, construido con un tamaño parejo. Sin embargo, para aquellos propietarios o familias que no pueden entregarla porque no están en disposición de poder adquirir uno de los nuevos pisos, la empresa municipal ha iniciado ahora un proceso de expropiación para hacerse con las propiedades y que lleva trabajando desde el año pasado. Afecta a 55 fincas, constando de una treintena de viviendas y el resto bajos comerciales. Hasta que no se resuelva todo no habrá derribo.
Ahora se ha hecho una relación de los bienes afectados de esta expropiación forzosa para estos pisos y locales para seguir con el trámite de reubicación y que en el caso de los cuatro viejos inmuebles, finalizará con su demolición para liberar suelo en el barrio. En esa treintena de pisos afectos figuran por ejemplo los 16 propietarios que han mostrado su voluntad de entrar en formato de alquiler asequible a los nuevos pisos (algunos tenían previamente derecho de adquisición y entrada pagada, pero ahora no se lo pueden permitir), de los cuales algunos ya han ido firmando. En un paso siguiente se ofrecerá un justiprecio como compensación, y que los afectados podrán aceptar para cobrar o tendrán que recurrir en el caso de no estar conformes. Pero ello no paraliza el proceso de expropiatorio.
Contando los 16 que entrarán en el alquiler, y que se da por hecho obviamente que querían entrar en los nuevos pisos, hay varios casos más que tienen derecho. Unos pocos aún no han concurrido al proceso de alquiler o no se les ha podido localizar. También están los dos o tres casos, según la empresa municipal, que son los que no se quieren ir de las viejas viviendas. En el caso de no llegar a acuerdo y mantener esa voluntad, Pimesa pondría el caso en manos del Ayuntamiento para que lo envíe la juzgado y determine cómo actuar, ya que son situaciones que estaban contempladas cuando empezó el proyecto.
Por otra parte, en el proceso expropiatorio entran también los locales comerciales, que no tienen ayudas y están fuera del Arru, enfocado en la vivienda, pero la empresa municipal necesita su suelo para esponjar y construir dotaciones o futuros edificios. Con todo, pueden aceptar la valoración de mutuo acuerdo o plantear otras alternativas para no entrar en la expropiación, ya que a sus dueños no les corresponde derecho a vivienda, pero sí ese justiprecio por la expropiación. Todos pertenecen a una inmobiliaria, que estaría interesada en alguno de los nuevos locales comerciales de los bloques levantados (hace poco se adjudicó el primero). Pero no son los únicos dentro del expediente que no tienen derecho a los nuevos pisos, también algunas viejas viviendas cuyos propietarios tienen otras alternativas habitacionales, además de que no son residentes habituales ni tienen inquilinos. En ese mismo caso, pueden aceptar el justiprecio o no. Y lo mismo con dos pisos del expediente que pertenecen a un banco, uno, y a una gestora de otra entidad financiera, el otro.
Así pues, un paso más en el desarrollo del barrio, con un expediente que avanza lento porque hay que analizar cada situación. Hace unas semanas con la alternativa habitacional del alquiler asequible, modalidad con la que los inquilinos no pierden el derecho a adquisición de alguno de los nuevos pisos en el futuro. Y ahora este proceso de expropiación en el que de nuevo habrá que ver qué situaciones hay y cómo afrontarlas. Sobre todo en aquellos casos en los que los propietarios no acepten el justiprecio que les ofrece el Ayuntamiento. Podría abrir vías judiciales.
De momento, Pimesa ya ha activado la redacción para el diseño y proyecto de obra del futuro quinto bloque de viviendas (45 viviendas), que será de formato Arru como hasta ahora o alquiler asequible, dependiendo de la financiación a la que se acceda.
