ELCHE. Hasta casi el tiempo de descuento de 2022 seguirá el Palacio de Congresos en su laberinto. Al menos la expropiación del suelo. Los plazos para amarrar los 4,4 millones de euros para la enajenación del terreno y no tener que esperar a un futuro remanente a lo largo de 2023 empiezan a poner en alerta a Ayuntamiento y Diputación. Ambas partes evitan hablar de polémica para no enturbiar un proyecto 'común', aunque una está molesta con la otra y viceversa por todo lo que se ha dilatado. Este viernes el alcalde Carlos González decía no entender las demoras, calificándolas de "excesivas e injustificadas", mientras que desde la entidad provincial achacan ello a lo que ha tardado el Consistorio en las tramitaciones. Con todo, aseguran que "no se perderá el dinero", explican desde la misma.
A este respecto, el diputado y también concejal del Ayuntamiento ilicitano, Juan de Dios Navarro, asegura que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, no se va a perder el dinero". Si no se amarra antes del 31 de diciembre, se perderá el dinero del remanente y habrá que esperar a un momento indeterminado de 2023 reiniciando el proceso. Asegura que lo tienen todo hablado para que la Secretaría, el departamento de Arquitectura e Intervención aceleren la próxima semana: el objetivo es que a través de un decreto se apruebe la subvención para el Consistorio ilicitano, 4,4 millones de euros acordados con los propietarios del solar frente a la UMH. Pero, ¿por qué se ha llegado hasta este punto? Es aquí donde ambas partes difieren, evitando cruzar declaraciones, pero una culpa a la otra, aunque 'educadamente', de este retraso.
Para el regidor ilicitano, y sin decir directamente que haya sido adrede, entienden que la Diputación ha dilatado pequeños trámites intermedios que se podrían haber agilizado para haber culminado ya la enajenación. En su relación de los acontecimientos, el 14 de diciembre —cuando finalizaba el plazo de alegaciones a la modificación presupuestaria provincial— envió a la Diputación el acuerdo de los propietarios con la expropiación (declarado así ante notario el 30 de noviembre), pero no es hasta siete días después cuando la institución provincial cita a la edil de Urbanismo el miércoles 21 asegurando señalando que falta la declaración responsable de que el Ayuntamiento está al corriente de sus obligaciones tributarias, así como que se especifique que el dinero irá destinado a los terrenos acordados. E incidía en que después de la aprobación de la Diputación de la modificación presupuestaria para la subvención, el 9 de noviembre, "tardó hasta nueve días en publicar en el BOP dicha aprobación". También se quejó hace meses que la modificación de las cuentas se podía hacer una vez iniciado el expediente de expropiación forzosa.
Desde la Diputación, Navarro apunta a que han trabajado "a marchas forzadas" y que fue este jueves 22 cuando recibieron el último documento pertinente, esa declaración que González califica de "mero trámite". El diputado provincial recuerda que son documentos que se requieren ante todas las subvenciones y que el compromiso provincial se muestra en que "hicimos un pleno extraordinario para aprobar la modificación presupuestaria, fuera del orden del día", esgrimiendo que "no se ha tardado en publicar nada en el BOP, esto no hace más que enredar para quitarse de en medio que han estado desde el 21 de diciembre sin hacer nada, intentando hacer ahora en tres días lo de tres meses". El también concejal asevera que el Ayuntamiento podría haber adelantado estos documentos y trámites hace meses. Asimismo, aunque desde hace tiempo se conoce en qué terrenos se instalará el Palacio, desde la entidad aseveran que es necesario corroborarlo oficialmente por escrito como pedían en el requerimiento, a pesar de que el trámite de expropiación lo mostraba, además de asegurar que la edificabilidad es suficiente, como trasladaron verbalmente a Arabid.
En resumidas cuentas, un último enredo a tan solo una semana de que finalice el año, en la que se acabará apurando para amarrar la subvención. Navarro defiende que no han hecho declaraciones y han trabajado con lealtad institucional, "y no hay interés en que haya conflicto"; lo mismo desde el Consistorio, donde se muestran "optimistas" con que pronto se pueda aprobar la subvención para que el Ayuntamiento firme el acta de ocupación del terreno y pague a los propietarios con el dinero provincial. González además señala que en este trámite de mes y medio se ha dejado de lado el tema de las parcelas extras para cuadrar el solar, para no entorpecer el procedimiento.
Mientras que nadie quiere 'escalar' estas diatribas sobre quién es el culpable de que la situación haya llegado así a final de año, es un hecho que los trámites se han alargado más de lo normal para un proceso que se presume prioritario. Viendo la manifiesta falta de comunicación entre ambas partes, al menos parcialmente, es inevitable enmarcar estos mensajes a través de la prensa dentro de cálculos políticos. ¿Por qué no se aclaró todo antes? Paralelamente, aún no ha quedado claro si ha habido algún avance con el famoso anteproyecto, el Ayuntamiento exigía avanzar en él a la vez que la expropiación, mientras que desde la Diputación nunca ha quedado del todo claro, por los mensajes dispares, si está avanzado o iniciado. Al hilo de estas cuestiones, algo que se cuenta en los mentideros de la Diputación, según algunas voces, es que no se quería acelerar en demasía el proyecto de Elche para que fuese paralelo al de Alicante. En el caso ilicitano, al contrario que con el centro congresual en el Puerto, la posible entrada para las obras sería 'inmediata' al ser un suelo sin necesidad de informes urbanísticos ni afecciones. Quizá el palmeral, pero eso ya se verá más adelante.