ALICANTE. La propuesta presentada por la multinacional de origen francés Eiffage para construir y explotar una terminal específica dedicada a la manipulación de graneles en el Puerto de Alicante vuelve a someterse este viernes al examen del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Los consejeros deben decidir si dan su aprobación a las modificaciones introducidas por la compañía sobre el proyecto inicial con las que trataría de incluir mejoras en el desarrollo de la operativa mediante una inversión adicional: en torno a 4 millones más de lo previsto inicialmente. Así, de admitirse su propuesta, Eiffage acabaría construyendo instalaciones por una suma final de 12 millones.
A grandes rasgos, según fuentes consultadas por Alicante Plaza, las mejoras planificadas ahora por la multinacional consistirían en una apuesta por una mayor automatización del proceso de estiba de materiales pulverulentos, de modo que la actividad quedase prácticamente mecanizada de principio a fin.
Para ello, según las mismas fuentes, se plantea que la nave cerrada en la que quedará organizada la estiba puedan ganar mayor altura: cerca de 7 metros más respecto a lo previsto en el proyecto original. La propuesta presentada en julio concretaba que el edificio ocuparía una superficie de 22.000 metros cuadrados en el muelle 17. Tendría 362 metros de longitud, 50 de anchura y 17 de altura: es decir, de manera aproximada, el equivalente a un inmueble residencial de tres plantas.
Las variaciones en el proyecto, presentadas a principios de febrero, ya han sido analizadas por los técnicos de la Autoridad Portuaria con el propósito de evaluar si su aceptación requiere o no de la aprobación de una modificación sustancial de la concesión, adjudicada definitivamente el pasado septiembre. Hasta este jueves no había trascendido si se debía acordar o no esa modificación previa.
En todo caso, la previsión que manejaba la Autoridad Portuaria a principios de marzo es que las obras de la terminal pudiesen dar comienzo este próximo mes de junio, tras la petición de las licencias correspondientes ante el Ayuntamiento de Alicante y ante la Generalitat Valenciana para contar con el permiso de obra y actividad, de competencia municipal, y con la autorización de emisiones a la atmósfera (que realmente no llegarán a producirse, ya que la actividad se canalizará bajo techo, a cubierto). El plazo de construcción previsto es de un año a partir del momento en el que se inicien los trabajos. La multinacional dispondrá de 30 años de plazo de explotación comercial de las instalaciones.