Fachada apuntalada de Nuevos Riegos El Progreso / RAFA MOLINAELCHE. A principios de mes el departamento de Urbanismo daba a conocer que el expediente de Nuevos Riegos El Progreso puede estar en su recta final para normalizar la situación, proteger la fachada, retirar el apuntalamiento y que la propiedad pueda construir el inmueble. Eso sí, con la compensación de tan solo una altura más y no de dos como pretendía el Consistorio. Sin embargo, no dio a conocer las alegaciones realizadas por los propietarios, que se sienten agraviados con la solución propuesta, por lo que exigen una compensación por daños y perjuicios e incluso se abren a negociar con el Ayuntamiento una venta o permuta del solar.
Durante este proceso, al presentarse el Estudio de Detalle y la propuesta inicial de conservación de la fachada tras la sentencia judicial, la propiedad realizó sus alegaciones en abril, en las que incidía en el impacto económico ocasionado desde la paralización del derribo del inmueble. Pero no solo ello, sino también en la solución propuesta, orientada por la Conselleria de Cultura para proteger la fachada de la antigua sala de venta de agua, y que dista mucho de ser satisfactoria para los dueños del inmueble.
Alegaron, entre otras cuestiones, sobrecoste por tener que ejecutar los forjados primero y segundo a una altura muy superior a la estándar, así como la pérdida de valor del local y planta primera al perder las vistas directas a una plaza, y que iban a estar destinadas a establecimiento comercial. Señalan que la edificación proyectada tenía en su totalidad vistas directas a una plaza, de modo que sus escaparates eran visibles desde cualquier punto de ésta. "Ahora los escaparates de ambas plantas quedan ocultos por la fachada que ha de conservarse, por lo que los locales pasarían de tener vistas directas a una plaza a tener vistas contra un muro, lo que reduce considerablemente su valor comercial". A ello hay que sumar la limitación de no poder edificar en parte del patio, el sobrecoste por los vuelos interiores, y también "la depreciación del valor de las plantas 3, 4, 5 y 6". Además aseveran que se ha determinado una errónea edificabilidad de la parcela.
Fruto de esta serie de cuestiones, no entienden tampoco por qué no hay un informe económico y financiero del estudio de detalle, puesto que entienden que está sobradamente demostrado que hay impacto para sus intereses. Así, en su escrito, en el que defienden que actúan y han actuado siempre de buena fe, desde el inicio en que le fue concedida la licencia de obra y desembolso de tasas de un inmueble sin proteger —que ahora se va a proteger tras paralizar Cultura el derrio in extremis—, piden que "se resuelva la injusta situación que se padece, con la consiguiente justa compensación de los daños y perjuicios que se nos causan con la limitación singular de nuestro derecho". Y añaden su predisposición para negociar una posible venta o una permuta del solar con la corporación municipal. "Entendemos que la situación, las medidas y las nuevas características de protección del propio edificio, encajarían con las necesidades actuales de demanda de dependencias municipales, y de esta forma evitar un daño injusto que como decimos es evaluable económicamente, se encuentra individualizado singularmente en la propiedad, y resulta claramente antijurídico". En cualquier caso, y como mínimo, se da por hecho que de la gestión de la fachada se hará cargo el erario público.
Propuesta con la protección in situ de la fachadaAluden también a que siempre han estado abiertos a soluciones razonables con el municipio y que no reproduzcan "una injusta situación de pérdida patrimonial. Por lo que seguimos entendiendo que la mejor solución es la transmisión del bien inmueble al municipio para configurarlo como un bien de dominio y servicio público, dado el interés que ha aparecido en su conservación justificada en el interés público, y que no tiene obligación jurídica esta parte de soportar". Entienden que tras esta limitación sobrevenida que afecta a su propiedad "y que es legalmente necesario compensar", se trata de una solución "justa y lógica" la adquisición por el municipio.
La propiedad alega que los daños y perjuicios soportados no encuentran "debida corrección ni compensación en el documento sometido a información pública, que agrava nuestra inicial posición de Derecho", por lo que manifiestan su inquietud ante una situación de "grave inseguridad jurídica". Explican que se intenta justificar que no se pierde edificabilidad por la compensación de dos alturas —ahora una en todo caso—, pero que ello obliga a retranqueo en las plantas inferiores; es decir, un sobrecosto en la edificación que hace que resulte inviable económicamente el aprovechar un derecho que ya se tenía". Y recuerdan que la subida del IPC también les afecta en las tasas, rescisión de contratos de demolición, seguros, etc.
Por otra parte, como ejemplo de la compleja ejecución de la obra con los nuevos condicionantes, con la protección de la fachada no existe hueco para el acceso de maquinaria y su maniobra, lo cual dificulta y encarece la construcción sobremanera. "Tal es así que ya se ha tenido que desistir de construir el sótano ante su inviabilidad económica y técnica". Así pues, y por último, zanjan que "bajo la apariencia de otorgarnos una mejora en nuestras condiciones urbanísticas, la realidad es que las empeora, y nos coloca en una situación de pérdida patrimonial sin compensación justa de unos daños y perjuicios que son antijurídicos, que esta parte no tiene la obligación jurídica de soportar" y lamentan que la Administración Pública "sale indemne de la declaración de nulidad de pleno derecho de sus propios actos, quedándose el perjuicio y los daños en la sola esfera del ciudadano afectado por la limitación singular de su derecho".
Ante esta situación, y tras la reciente aprobación ambiental, el informe municipal apunta a que las manifestaciones de estas alegaciones no "tienen relación con la posible afección del Estudio de Detalle sobre cuestiones ambientales o territoriales", que es lo que está en exposición pública, aunque se remitirán al Servicio Técnico de Urbanismo para su consideración, en su caso, en la redacción del documento de planeamiento. En cualquier caso, lo que sí se ha tenido en cuenta y se hizo público es que "el documento debe justificar adecuadamente el cálculo de la edificabilidad máxima asignada", una de sus quejas, así como que la solución volumétrica permita conjugar el interés patrimonial del edificio, con la materialización de la edificabilidad que el Plan General otorga a la parcela, sin perjudicar los intereses del promotor. Esto último en referencia también al patio, con protección parcial del espacio y con protección ambiental de la fachada.
Por último, y referido al Ayuntamiento sobre cuestiones patrimoniales, la conselleria de Cultura recomendó que aunque la manzana no esté en el entorno directo del palmeral, estos proyectos "deberán incorporar un estudio de integración paisajística que será informado por la Junta gestora del Patronato del Palmeral".
