Foto EFE MADRID/VALÈNCIA Como si en el pasado no hubiera pasado nada, pese a que, como han reconocido, se han dicho de todo en meses anteriores. Si no tanto el propio Carlos Mazón y la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también, sino sus propios partidos, PP y PSOE ha inundado las hemerotecas de tinta, pese a que más tarde el tiempo diera la razón a uno u otro indistintantemente. Pese a todo lo dicho, los perfiles mñas institucionales de Mazón y Ribera han alcanzado ocho acuerdos. Muchos de ellos de reivindicación histórica, de inversión necesaria y, sobre todo, de acuerdo que apriori parecía impensable. Es el caso de la revisión de la reglas de explotación del Tajo-Segura, las condiciones que deben marcar los envíos de agua de los embalses de cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura, tanto para consumo humano como para regadío. Tras más de una hora de reunión y unos 25 minutos de comparencencias, al final, todo han sido buenas palabras y mejores gestores. El tiempo dirá como acaban esos acuerdos. Estos son los 8 puntos en común:
El jefe del Consell ha avanzado que se creará "un grupo de trabajo con las autonomías afectadas para aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura". "Una decisión -ha asegurado Mazón- que se hará desde el diálogo, el rigor y la multilateralidad para buscar un acuerdo y abrir una nueva etapa para abordar el futuro". En este grupo de trabajo estarán representadas, además del Gobierno de España y la Comunidad Valenciana, las regiones de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o Extremadura.
En estos momentos, hay establecidos cuatro niveles de agua trasvasables, en función de la capacidad que tengan los embalses de cabecera. La gran disfunción, de la que se ha quejado reiteradamente la Comunitat Valenciana, es que esos los trasvases no se ha cumplido en función a la capacidad. En la actualidad, si hay existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1300 hm³, se autoriza trasvases mensaules de 60 hm³; si las existencias son inferiores a 1300 hm³, se puede trasvasar hasta 38 hm³, hasta el máximo anual antes referido; si los caudales no superen los 600 hm3, los trasvases pueden ser de hasta 20 hm³/mes. Y por último, cuando las existencias son inferiores inferiores a 400 hm³, se aprueban trasvases. Según ha explicado Ribera, los expertos de cada administración se reunirán para ver qué solución es la mejor para todas las partes. Eso sí, Ribera ha dejado claro que no se van a tocar los caudales ecológicos del Tajo, porque así se aprobó en el Plan Hidrológico y lo condicionan las últimas sentencias. Mazón ha aplaudido esta nueva etapa de diálogo y ha remarcado que lo que quiere es que las "reglas estén claras".
Respecto al trasvase Júcar-Vinalopó, el máximo representante del ejecutivo valenciano ha afirmado que esta infraestructura es "un ejemplo de trasvase intracomunitario y solidaridad interprovincial que representa un gran éxito de la política hídrica en la Comunitat Valenciana". Mazón ha señalado el compromiso de la Generalitat Valenciana con las obras del postrasvase y ha recordado que se sigue trabajando en obras importantes “como la balsa de San Diego en Villena que será una prioridad para la Generalitat y el Ministerio”. La balsa de San Diego, ubicada en Villena, se construyó para almacenar los aportes del Júcar, pero tiene filtraciones, por lo que actualmente es inservible.
Pese a las discrepancias evidentes entre ambas administraciones sobre la protección, Ministerio y Generalitat han acordado dos cuestiones: priorizar las inversiones en determinados puntos de la costa valenciana y en constituir un grupo de trabajo para las futuras modificaciones de la Ley de Costas, tanto si es la estatal como la autonómica.
En el encuentro, también se han abordado las obras hídricas pendientes en materia de vertido cero. Así, el jefe del Consell ha destacado que esta estrategia "es fundamental para aprovechar, depurar y reutilizar todo el agua disponible que existe" y ha reivindicado que "la Comunitat Valenciana viene con los deberes hechos". En concreto, este año sólo en planes de obras existen 59 millones de euros comprometidos por la Generalitat. Así, el presidente ha asegurado que "hay dos obras en el Rincón de León y Monte Orgegia, que son prioritarias y que hemos acordado con el Ministerio agilizar". Estas intervenciones forman parte del denominado plan Vertido Cero, que diseño el anterior Gobierno de la Generalitat y que contempla la reutilización de los vertidos que hacen las depuradoras de la comarca de L'Alacantí para su posterior uso para riego.
Durante la reunión, también se ha tratado la situación de la Albufera de València que tendrá un "plan de emergencia y un calendario establecido del agua que precisa". Para el presidente Carlos Mazón, este acuerdo "supone un avance importante para las labores de prevención, coordinación y estudio, así como para establecer un calendario programado de los 10 hectómetros cúbicos que necesita la Albufera".
Durante el encuentro de trabajo entre el presidente de la Generalitat y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha puesto sobre la mesa el clúster del hidrógeno verde en la provincia de Castellón que tendrá una importante inversión empresarial de compañías como BP, entre otras.
En este sentido, Carlos Mazón ha reclamado que esta iniciativa “se ponga en marcha lo antes posible porque es estratégica para España y la Comunitat Valenciana” para lo que ha solicitado que “se agilice la normativa para un proyecto fundamental para la sostenibilidad energética para la provincia de Castellón y para el sector cerámico, además de ser un generador de empleo y de la cultura del hidrógeno
También ha quedado oficializada la predisposición de la Comunitat Valenciana a enviar agua desalada de la planta de Sagunt a Cataluña, a partir de junio, si fuera necesario, siempre y cuando se garanticen los usos locales de la Comunitat Valenciana y la sostenibilidad de los caudales ecológicos básicos en su costa. En Cataluña "no van a encontrar en nosotros el más mínimo pero", ha destaca el jefe del Consell.
Por su parte, la ministra Ribera ha señalado que el envío de agua se hará a partir del 1 de junio solo si es necesario, y ha recordado que la desaladora de Sagunto necesita un periodo de tiempo para poder estar preparada de cara al verano y abordar la desalinización.
Este ha sido el primer acuerdo que ha anunciado Mazón. La Presidencia de la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica mantendrán reuniones periódicas para poner sobre la mesa información técnica, intenciones políticas y discrepancias, si es que se producen.
