El Gobierno certifica el fin del plan de ajuste y devuelve a Alicante su autonomía presupuestaria

ALICANTE. El Ministerio de Hacienda certifica el fin del plan de ajuste al que se encontraba sometido el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012, una vez confirmada la cancelación anticipada de los créditos suscritos para pagar facturas atrasadas en el llamado plan de pago a proveedores. Así lo pone de manifiesto la Secretaría General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda en una comunicación interna, que responde a la consulta previa formulada por la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, en la que, además, se deja constancia de que la ciudad recobra la plena autonomía para elaborar los próximos presupuestos municipales.

En concreto, en esa respuesta a la que tuvo acceso Alicante Plaza, fechada el pasado 19 de noviembre, se detalla literalmente que: "El Ayuntamiento de Alicante estaba obligado a remitir el proyecto o prórroga de presupuesto de 2019 a través de la aplicación COMEX 2019 para informe preceptivo y vinculante de esta Subdirección General en virtud, únicamente, del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros".

Y prosigue: "Constatada la amortización anticipada con fondos propios de los préstamos constituidos con motivo del RD-Ley, así como la finalización del plan de ajuste correspondiente en el tercer trimestre de 2018, el Ayuntamiento de Alicante no tiene que realizar la remisión indicada". 

Esa remisión a la que se alude en la respuesta del ministerio consiste precisamente en el envío de un hipotético presupuesto nuevo para 2019 (o la prórroga del de 2018) para que pudiese ser supervisado antes de someterlo a debate en el pleno municipal. Así, el departamento que coordina María Jesús Montero concluye que ya no existe la obligación de ese control previo, al haber desaparecido la causa por la que se impuso: los dos préstamos por valor de 72 millones que se solicitaron a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ahora cancelados.

Como publicó este diario, el actual equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles, aprobó en el pleno ordinario de julio la segunda modificación de crédito del presupuesto de 2018 con la que se promovía el pago de las cantidades pendientes de devolución de esos préstamos. En concreto, se acordó la liquidación liquidación de los 30,5 millones que todavía se adeudaban mediante el uso de 26 millones del remanente de crédito del presupuesto de 2017 (dinero no gastado) y de otros 3,8 millones obtenidos en ahorros en licitaciones de las llamadas inversiones financieramente sostenibles. 

La propuesta contó entonces con el voto a favor de todos los grupos políticos con representación municipal, salvo el del PSOE, que lo rechazó tras argüir falta de confianza en la gestión del PP, una vez que se produjera el fin de la intervención contable por parte del Ministerio de Hacienda. En ese momento, el PSOE ya había asumido las riendas del Gobierno con Pedro Sánchez como presidente. Contra dicho acuerdo de pleno, no se presentó ninguna alegación, por lo que entró en vigor de manera definitiva a principios de septiembre, como también publicó este diario. 

A partir de entonces, el PP se puso manos a la obra para impulsar una revisión de las ordenanzas fiscales del IBI, IAE, IVTM e ICIO que también se aprobó en un pleno extraordinario celebrado en octubre y que sigue supeditada al trámite de resolución de alegaciones, después de que, al menos el grupo municipal de Guanyar, haya registrado las objeciones que anunció en el debate de su aprobación. Con ese acuerdo, la intención del gabinete que coordina el popular Luis Barcala era lanzar un nuevo presupuesto propio para 2019 y abordar la contratación de personal municipal, una vez eliminadas las restricciones que imponía el plan de ajuste.

Por lo que respecta al nuevo presupuesto, hasta el momento sólo ha habido conversaciones informales entre el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, con los grupos municipales de Guanyar y Ciudadanos (Cs), pero se desconocen los detalles sobre el alcance y contenido de un documento en el que, por primera vez en los últimos seis años, se dispondrá de plena libertad de planificación (aunque sujetos a parámetros estatales como la tasa de reposición de plantillas o el techo de gasto, por ejemplo). En lo que concierne a la contratación de personal, tampoco se ha producido ninguna concreción y, en todo caso, estaría condicionada precisamente al nuevo presupuesto.

Este martes, no obstante, sí se votó en mesa negociadora una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se incluía la eliminación de hasta siete jefaturas de departamento en la Concejalía de Urbanismo que, según explicó la portavoz del PP y edil del área, Mari Carmen de España, permanecían vacantes (sin ocupar) desde hacía años. En la propuesta, no obstante, se creaban otras jefaturas en otras concejalías. Según De España, en todo caso la intención del PP es cubrir las carencias de personal que existen en Urbanismo en lo sucesivo e incluso señaló que ya existen informes de necesidades de puestos a cubrir.

En la mesa negociadora, que es preceptiva pero no tiene carácter vinculante, la propuesta de modificación contó con el voto favorable de los representantes del PP, la abstención de PSOE, Ciudadanos y Compromís y de los sindicatos que componen la parte social. Todos salvo CCOO que votó en contra, al igual que Guanyar. En ambos casos, según las fuentes consultadas, el voto de rechazo se justificó en que no correspondía amortizar los puestos, sino cubrirlos. En la propuesta, que se votó de forma conjunta, se incluían otra seria de mejoras laborales y retributivas negociadas desde hace meses, lo que motivó la abstención de la mayor parte de representantes con voz y voto en la mesa. El acuerdo de modificación se aprobará, en las próximas semanas, en Junta de Gobierno Local.