La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto al alcalde, Luis Barcala, en su encuentro para tratar sobre la Ciudad de la Justicia.ALICANTE. La Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Alicante tratan de ajustar los plazos de tramitación para acelerar las obras de la nueva Ciudad de la Justicia, frente al edificio del actual Palacio de Benalúa. La titular del departamento autonómico, Gabriela Bravo, y el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, han apuntado este viernes, tras mantener un último encuentro de trabajo sobre el proyecto, que se pretende poder iniciar los trabajos de construcción en el último trimestre de 2021 "siempre que no se produzca ningún contratiempo en la fase de licitación, como puede ser un posible recurso", según ha recalcado Bravo.
Con ese calendario, el nuevo entramado de edificios proyectado junto a la avenida de Aguilera, en el solar que albergaba el cuartel militar de San Fernando, podría estar finalizado "en un plazo de entre dos y tres años, en función de los plazos que consigamos cuadrar junto a los técnicos", según ha añadido la propia consellera. "Nuestra voluntad y la del Ayuntamiento siempre ha sido que Alicante cuente con las instalaciones judiciales que se merece, y que han sido largamente reivindicadas, lo antes posible y ya hemos dicho que el objetivo era que los nuevos edificios de ese nuevo Barrio de la Justicia, que se conformará junto al Palacio de Benalúa y el edificio de Pardo Gimeno, pueda estar terminado en esta legislatura", ha recalcado Bravo.
El primer requisito para cumplir esa programación consiste en la aprobación de la modificación puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que resulta necesaria para ampliar la edificabilidad de la parcela en la que se proyecta el nuevo complejo de edificios, de modo que pueda adaptarse a su volumetría. En concreto, ya ha informado Alicante Plaza, se trata de permitir que esos nuevos inmuebles puedan contar con dos alturas más de las que se contemplan ahora.
Tanto Bravo como Barcala han incidido en que se trata de dar pie a la construcción de un complejo "que dé cobertura a las necesidades actuales y de futuro", de modo que el inmueble prevea la posibilidad de albergar nuevos órganos judiciales en los próximos años. De hecho, la titular de Justicia ha insistido en que "estamos convencidos de que va a ser un complejo de referencia en la administración de Justicia, provisto de las dependencias adaptadas al funcionamiento de los juzgados". En este línea, ha confirmado que su presupuesto de licitación alcanzará los 52 millones.
Por lo que respecta a los plazos para que pueda aprobarse la modificación puntual del PGOU, el primer edil y el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), han señalado que "se dará prioridad a su tramitación" siempre dentro de los parámetros legales "con la previsión de que pueda estar aprobada en un plazo de entre cuatro y seis meses".
