El edil de Seguridad, José Ramón González (izquierda), junto al portavoz y al portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Antonio Manresa (centro) y Manuel Villar (derecha).ALICANTE. Vuelve la polémica respecto a la llamada Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante. El equipo de Gobierno compuesto por PP y Cs ha aprobado de forma inicial este martes, en Junta Local, una nueva propuesta de regulación sobre el uso de los espacios públicos para "fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva" y contra la prostitución, según ha concretado el edil de Seguridad, José Ramón González (PP), en una comparecencia posterior al desarrollo de la Junta, en la que ha apuntado que el texto prevé sanciones de entre 210 y los 3.000 euros en función de cada tipo de infracción y de su gravedad.
La ordenanza llega cinco años después de que se aprobase una experiencia previa, bajo el mandato de la popular Sonia Castedo, en la que se contemplaban sanciones de entre 750 y 3.000 euros. Se trata de una regulación que fue derogada por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en septiembre de 2015, en cumplimiento de uno de los compromisos acordados en su pacto de gobierno al considerar que se trataba de una normativa que ponía en riesgo la protección de derechos fundamentales.
Según González, la propuesta acordada este martes difiere de esa ordenanza original en la medida en que "tiene un espíritu diferente y trata de introducir una perspectiva social". No obstante, el texto ya ha suscitado las primeras críticas por parte de los grupos de la oposición que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís). Los tres consideran que la ordenanza adolece justamente de lo contrario. Tanto que representantes de las tres formaciones han considerado que la ordenanza trata de perseguir a personas en situación de vulnerabilidad sin proporcionar soluciones adecuadas.
Por partes. Según González, la nueva ordenanza busca con ella regular "un marco normativo adecuado para dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales, y tener una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad". "El equipo de Gobierno lleva trabajando en el borrador de esta nueva ordenanza durante más de un año para su elaboración, y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado en muchos Ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos", ha explicado.
"Es una buena ordenanza porque se ha impulsado para resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos", ha añadido. En esta línea, ha sostenido que el texto se sometió a un proceso de consulta pública y de participación ciudadana durante el mes de septiembre de 2019 y ha avanzado que la intención del bipartito es llevarla a aprobación inicial al próximo pleno de octubre, con el propósito de que pueda generar el máximo consenso. De aprobarse, el texto quedará expuesto por un período de presentación de alegaciones.
Fuentes municipales han precisado a través de un comunicado posterior que "la estructura de la ordenanza está dividida en una exposición de motivos, 3 títulos, 42 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 Disposición Final, y un anexo de infracciones y sanciones". Como ha reseñado el propio González, "la ordenanza pretende solucionar los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos dando protección social a las personas necesitadas y eliminado situaciones que obedecen a conductas organizadas", en alusión a la existencia de mafias que se dediquen a la explotación de personas para obligarlas a ejercer una falsa situación de mendicidad.
Así, según ha recalcado, la ordenanza "regula el comportamiento pacífico en la vía pública, poder transitar por la ciudad sin ser molestados o perturbados en su voluntad, sanciona las perturbaciones por ruidos, prohíbe realizar todo tipo de grafitis, la práctica de juegos en el espacio público y de competiciones deportivas masivas, consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos, se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con autorización municipal carezcan de ella, entre otras cuestiones". Al respecto, González ha subrayado que con la nueva norma se dispone de una herramienta jurídica para actuar frente a la práctica del botellón y frente a la organización de fiestas en viviendas particulares que han proliferado desde que se declaró la pandemia del coronavirus, con las consiguientes molestias por ruido. Sin ir más lejos, González ha subrayado que solo durante el último viernes y sábado, la Policía Local ha impuesto 225 denuncias por desobediencia relacionadas con ese tipo de prácticas.
La norma, que toma el relevo a la que se aprobó bajo el mandato de Castedo, también establece sanciones por la prostitución en la calle, así como su solicitud o aceptación
Por otro lado, en el apartado dedicado a la ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad, González ha indicado que "se quiere proteger frente a la mendicidad coactiva, intrusiva o agresiva, así como organizada, y que representen actitudes coactivas o de acoso".
El edil de Seguridad ha explicado que "pretendemos solucionar problemas que nos denuncian los vecinos diariamente de convivencia, abordarlos de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones y tratando las adicciones, no podemos mirar para otro lado como hizo el tripartito, dejando que los problemas fueran de los vecinos sin aportar soluciones, ahora podremos poner medidas sociales para resolverlas". En esta línea, ha recalcado que "el principal objetivo de la ordenanza es el de evitar conductas que puedan perturbar la utilización abusiva o inapropiada de los espacios públicos, preservándolos como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás".
Además, en su capítulo V, la ordenanza regula la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, con el objetivo de evitar actividades de explotación sexual, y prohibiendo las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. González ha indicado que "se actuará en el ámbito de nuestras competencias para evitar actividades que perturben la convivencia ciudadana, y siempre bajo el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias". Así, ha apuntado que se contemplan sanciones "tanto para las personas que realicen ese tipo de ofrecimientos sexuales en la vía pública como para los solicitantes o los que los acepten". Respecto a las infracciones y su régimen sancionador, la ordenanza tipifica los tipos de infracciones que conllevan el incumplimientos de la normativa con un cuadro de sanciones leves, graves y muy graves, que oscilan entre los 210€ y los 3.000 euros ya citados.
La exposición de González no ha tardado en generar reacciones. En primer término, la edil del PSOE, Llanos Cano, ha sostenido que "con esta ordenanza vuelve la peor versión del PP". "Llevamos desde 2019 solicitando tener acceso al texto de la propuesta, que se nos ha facilitado ahora, y ya hemos podido comprobar que no se contemplan planes de inserción para ayudar a las personas que se encuentran en situación desfavorecida". "Nos dicen que se tratará de aplicar con la participación de los servicios sociales municipales, pero sin embargo la propuesta se lanza desde la Concejalía de Seguridad, porque en realidad solo se contemplan multas sin que se concreten qué medidas de ayuda se prevé facilitar, como sí sucede en la propuesta acordada en la FEMP", ha insistido.
Además, respecto a la prohibición de la persecución, Cano ha dudado que se pueda sancionar "al solicitante cuando siempre podrá alegar que ha habido ofrecimiento previo". "Se trata de una norma que no da soluciones cuando debería procurarse alternativas sociales incluida la posibilidad de acceso a una vivienda", ha concretado. En parecidos términos se ha expresado la también edil socialista Lola Vílchez, en alusión a las personas sin hogar. "Me sorprende que se diga que se va a atender desde los servicios sociales, cuando solo existe un albergue con capacidad para 60 personas que ya está al máximo", ha dicho. Así, ha sostenido que "no se puede poner en marcha una ordenanza que pretenda ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad si antes no se procuran medios como un centro social municipalizado en el que puedan ser atendidos".
La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, también ha rechazado la propuesta formulada por el bipartito al considerar que "no combate la situación de vulnerabilidad con políticas públicas; en realidad se está persiguiendo a la prostitución con el objetivo de esconderla, con sanciones a las prostitutas, lo que supone una persecución, no una solución".
Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también se ha referido a la ordenanza para asegurar que "no nos van a encontrar para aprobar una regulación que no tenga en cuenta soluciones y que no proporcione alternativas habitacionales, cuando tenemos un CAI que ya está completo y cuando se ha demostrado tras la declaración del estado de alarma que no existían medios suficientes para atender a esas personas en situación de vulnerabilidad".
