El bipartito de Alicante abre el debate del catálogo de edificios con 9 millones en compensaciones

ALICANTE. Llega la hora del catálogo de protecciones de Alicante, cerrado desde hace más de un mes, pero postergado por la irrupción de la crisis sanitaria. El equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, aprobará la próxima semana en Junta Local la nueva versión del documento con la intención de iniciar la fase de negociación política que permita su aprobación en pleno. Para que la propuesta prospere, los dos socios políticos al frente del Ayuntamiento necesitan mayoría absoluta (15 votos de 29 posibles) por lo que requieren del apoyo de alguno de los cuatro grupos que conforman la oposición: PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox. 

Hasta ahora, ninguna de esas cuatro fuerzas ha avanzado su predisposición a respaldar esa nueva versión. Por el momento, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha adelantado este viernes que su intención es convocar una comisión informativa la próxima semana para exponer al conjunto de grupos las novedades introducidas en su última fase de elaboración, cuando se ha tenido que adaptar a las actualizaciones normativas dictadas por la Generalitat.

Entre esas novedades, figura la incorporación de 90 fichas respecto a la propuesta elaborada en 2017, durante el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En aquel momento, fueron los votos de PP y Cs, junto a los dos ediles no adscritos, quienes rechazaron su aprobación. Según Santos Pérez, en aquel momento se consideró que la propuesta no podía prosperar puesto que sometía al ayuntamiento al riesgo de tener que asumir posibles indemnizaciones por un valor millonario "que el ayuntamiento no podía ser capaz de asumir" a modo de compensación por la prohibición de ampliar alturas (plantas superiores) en edificios sometidos a distintos grados de protección. 

En concreto, el sistema previsto en la propuesta de 2017 aplazaba el reconocimiento de ese posible derecho de compensación al momento en el que se solicitase cada licencia concreta. Y, además, establecía la posibilidad de que esa compensación se canalizase mediante la transferencia de aprovechamientos urbanísticos (derechos de construcción) en otro ámbito. 

Ahora, como viene informando Alicante Plaza, esa restricción desaparece como criterio general y se permite la posibilidad de construir alturas adicionales hasta los límites reconocidos en el PGOU para cada zona concreta del término municipal salvo para los edificios reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC). En el caso de los edificios que estén considerados como Bienes de Relevancia Local (BRL), es la ficha concreta de cada uno de ellos la que detalla de manera pormenorizada si se permite o no esa elevación de alturas. Así, la memoria económica que acompaña al documento rebaja la cifra de posibles indemnizaciones a 9 millones, según ha concretado Santos Pérez. Además, las restricciones a la construcción de alturas adicionales también podrían acordarse en otros inmuebles no considerados BRL en los que pueda perderse su singularidad arquitectónica, según ha detallado el letrado municipal que ha asesorado en la elaboración del catálogo, Pablo Núñez de Cela. 

En los supuestos en los que sí se autorice la construcción de plantas superiores, "se tendrá en cuenta si el edificio en cuestión dispone de un remate especial que deba ser preservado, de modo que se establecerá la obligación de retranqueo de esas alturas adicionales para no interferir en la perspectiva de ese remate". Igualmente, el edil de Urbanismo ha confirmado que los edificios del antiguo Cine Ideal y el del Teatro Principal quedan reconocidos como BRL. Es más, ha incidido en que el caso del Ideal queda bajo esa condición de manera automática tras ser incorporado en el inventario de cines que tuvieron uso durante la Guerra Civil. Con todo, esa consideración sigue sin impedir que pueda desarrollarse cualquier proyecto de transformación, como el que promueve el grupo Baraka, para su rehabilitación y conversión en hotel.

Además, como también viene informando este diario, la nueva propuesta modifica la regulación de los entornos de protección de las denominadas Torres de la Huerta, el conjunto de baluartes declarados BIC que se distribuyen en el sector de La Condomina, para no dejar fuera de ordenación edificaciones ya asentadas en ese perímetro, "una situación que podría ejemplificarse con el caso de Torre Mauro, en el que ya existen otros edificios a su alrededor", según ha subrayado el edil de Urbanismo. En esta línea, ha confirmado que la ordenación urbanística de ese ámbito concreto de las Torres de la Huerta queda diferido a la futura elaboración de un Plan Especial en el que se fije de manera concreta los parámetros de edificabilidad del sector y en qué puntos concretos podrá construirse.

Por el contrario, desaparecen tres fichas de tres inmuebles que sí estaban contemplados en la versión anterior y que han sido demolidos al decaer la suspensión de licencias que se impulsó para su tramitación y que no llegaron a quedar protegidos después de que el catálogo fuese rechazado en el pleno. En esta ocasión, Santos Pérez ha expresado su confianza en que la propuesta pueda contar con el respaldo de los grupos de la oposición. Por lo pronto, ha incidido en que la voluntad del equipo de Gobierno es negociar e incorporar sus propuestas si resulta conveniente para que esta vez el documento sí pueda prosperar. En esta línea, ha recalcado que el catálogo trata de fomentar la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, con el fomento de su rehabilitación. "Se trata de ayudar a poner en valor el patrimonio, con cuestiones como la posibilidad de priorizar las licencias de los edificios que se considere que tienen interés patrimonial, ya recogido en la nueva versión de la ordenanza de licencias, o con la rebaja del impuesto de construcciones (Icio) que estamos tratando de tramitar con la Concejalía de Hacienda", ha insistido. 

Así, ha recalcado que "antes, con la restricción a la construcción de nuevas alturas, podía ocurrir que la gente desistiese de rehabilitar sus propiedades para que progresase su deterioro y, al final, acabásemos ordenando su derribo por riesgo de ruina, lo que permitía que sus propietarios pudiesen construir un nuevo edificio ya sin ningún límite", ha recalcado.

Las reacciones

Por lo pronto, el grupo municipal de Unides Podem ya ha adelantado sus reticencias respecto a la propuesta y a anunciado su intención de plantear enmiendas, a través de un comunicado. Fuentes de la confluencia han incidido en que la propuesta de catálogo "llega con varios meses de retraso después de que el edil de Urbanismo afirmase que esperaba tenerlo listo en el mes de noviembre de 2019. Un retraso especialmente preocupante ya que, como ha reconocido el propio edil, no tiene diferencias sustanciales con el borrador de 2017, presentado por el equipo de Gobierno plural progresista, que fue tumbado con el voto en contra de Ciudadanos y que ha tenido como consecuencia que varios edificios que se iban a incluir hayan sido finalmente demolidos antes de que pueda procederse a su protección".

En esta línea, según Unides Podem, "a pesar de que el objetivo debería ser proteger y poner en valor el patrimonio de la ciudad de Alicante, el responsable de Urbanismo ha defendido que ser excesivamente proteccionista a lo que aboca es a que el patrimonio si pierda, abriendo la puerta con esta propuesta a la autorización del aumento de las alturas o modificación de las volumetrías de edificios protegidos".

Para su portavoz, Xavier López, "responsabilizar a las personas, entidades sociales y partidos políticos que han defendido la protección del patrimonio de la ciudad de su destrucción es el culmen de la desfachatez política, ya que Santos olvida que si esta ciudad ha sido saqueada patrimonialmente es por causas que tienen que ver con la especulación, con la presunta corrupción y con el bloqueo político a las iniciativas que han ido en la línea de parar los pies ha quienes lo han consentido. Que la derecha ponga el foco en los demasiados proteccionistas, es como acusar a Greenpeace de la caza de ballenas", ha añadido.

En esta línea, el comunicado incide en que la propuesta del bipartito "se trata de un catálogo de protecciones que a lo único que supuestamente aspira a proteger el interés económico de las empresas constructoras", y recalca que "si la derecha impulsa un modelo de protección basado en la rentabilidad y no en el valor de las construcciones estará alimentando monstruos urbanísticos del pasado que han hecho mucho daño a la arquitectura y al patrimonio histórico de Alicante".

López ha lamentado que "el edil de Urbanismo ha despreciado una oportunidad de oro para demostrar que persigue un modelo de ciudad alejado de los años del ladrillo" y ha asegurado este catálogo es "la enésima muestra de que el gobierno municipal, y especialmente las concejalas y concejales de Ciudadanos, viven de espaldas a la ciudadanía y ajenos a sus necesidades".

Por su parte, el exconcejal de Urbanismo y exvicealcalde, Miguel Ángel Pavón, también ha valorado la nueva propuesta de catálogo para asegurar que "parece que se respetan las 870 fichas que se elaboraron durante los dos años y medio de mi etapa como concejal de Urbanismo: 661 de patrimonio cultural, 148 de patrimonio natural y 61 de paisaje". A su juicio, "ello deja en evidencia el voto en contra de PP y Cs hace tres años al catálogo en el pleno de mayo de 2017: no les importaba el patrimonio, solo  desgastar al tripartito de izquierdas". 

"De todos modos revisaré si se respetan esas 870 fichas y, en caso de haber cambios en perjuicio del patrimonio de la ciudad, presentaré alegaciones a titulo individual", ha añadido. Además, ha mostrado su "preocupación  por la posible eliminación de algunas fichas del catálogo que se elevó a la aprobación provisional del pleno hace tres años. Los números no terminan de cuadrar y, a falta de conocer en detalle el catálogo revisado, podrían haberse eliminado hasta 14 fichas, salvo que se hayan agrupado varias fichas en una. Habrá que esperar a conocer en detalle el documento".

En segundo término, Pavón asegura que "es mentira que con el catálogo de mayo de 2017 hubiera indemnizaciones millonarias por las restricciones a los recrecimientos en altura de los edificios catalogados. Con el catálogo que impulsamos no se pagaba ninguna indemnización en metálico, se proponía compensar los aprovechamientos que no permitíamos mediante incrementos de edificabilidad en otras zonas de la ciudad. Se trata de la figura del traslado o transferencia de aprovechamientos, que los técnicos propusieron para evitar pagar indemnizaciones". 

Y, por último, ha sostenido que "si el PP o Cs hubieran votado a favor del catálogo en mayo de 2017, hace ya justo tres años, hoy Alicante probablemente ya tendría un catálogo aprobado definitivamente  por la Generalitat. Es responsabilidad de la derecha que Alicante aún no tenga ese catálogo aprobado y todos los perjuicios que ese impasse de tres años ha causado en el patrimonio de Alicante".