Un operario del servicio de limpieza, en pleno baldeo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La cascada de quejas, como la manifestada por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), no admite más demoras: la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura necesita cambios. Y el equipo de Gobierno de Alicante, compuesto por 9 concejales del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs), pretende abordarlos de inmediato. Fuentes municipales confirmaron a Alicante Plaza que el bipartito presidido por el popular Luis Barcala ya está preparando la propuesta de modificación del contrato que resulta necesaria para poder destinar los 4,5 millones comprometidos para la renovación de maquinaria en el pliego de condiciones por el que se licitó el concurso, en el año 2012.
Se trata de un acuerdo que quedó aparcado de manera expresa en el último tramo del pasado mandato, cuando el PP ejercía responsabilidades de gobierno con solo 8 concejales en una corporación formada por 29 ediles. La prioridad, según manifestó en febrero de este año el edil responsable de Limpieza, Israel Cortés, era tratar de exprimir y reorganizar la programación del servicio a la espera de poder reunir el consenso político requerido para que se pudiese impulsar esa compra de material una vez celebradas las elecciones municipales, sin el previsible efecto de distorsión que pudiese tener el momento de la precampaña.
Ahora, PP y Cs (con 14 concejales) continúan sin disponer de mayoría absoluta en el pleno. Pero se pretende tramitar igualmente ese ajuste en las condiciones del contrato para proporcionar a la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) ese presupuesto que ya se preveía a partir del cuarto año de prestación del servicio para la adquisición de nuevos vehículos de limpieza. El propio Barcala se comprometió a atender ese compromiso en plena campaña. Y ahora se pretende darle cumplimiento a dicho anuncio.
¿De qué modo? A priori, la inversión adicional destinada a la renovación de maquinaria podría canalizarse a través del pago de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio, a las que se aplicaría un incremento porcentual todavía por concretar hasta que se alcanzase esa suma global de 4,5 millones. Por el momento, el servicio supone un coste anual de 35 millones y a la UTE le quedan al menos dos años de prestación, hasta 2021. El contrato ampara la posibilidad de prórroga por otros dos años, aunque todos los candidatos a la Alcaldía del conjunto de partidos que han logrado representación municipal coincidieron en descartar la posible concesión de ese plazo adicional al exponer sus propuestas políticas antes de las elecciones municipales.Sea como fuere, las mismas fuentes consultadas por este diario apuntaron que, con la disposición del nuevo material, además de cumplir las previsiones del pliego, se conseguiría eliminar uno de los argumentos que se habrían venido esgrimiendo por parte de la concesionaria para excusar las carencias en la prestación: la necesidad de nuevos medios, con más capacidades, para que la labor de limpieza ofrezca mayores resultados. Si tras su puesta en marcha, no se perciben cambios, el bipartito podría intensificar el control que ejerce hasta ahora, con la posibilidad de aplicar penalizaciones, en la línea que el propio Barcala apuntó el pasado miércoles.
Al margen de la renovación de maquinaria, el equipo de Gobierno también prevé imprimir en breve otro cambio en la supervisión del servicio con el nombramiento de un nuevo jefe a cargo del seguimiento del contrato. En la actualidad, esa responsabilidad recae en los técnicos Braulio Gambín y Luis Hernández Toribio, tras ser designados por el exportavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, durante los meses en los que asumió las competencias de Limpieza (desde septiembre hasta noviembre de 2017) en relevo de su compañero de filas, Víctor Domínguez. Ambos técnicos, continuaron ejerciendo esas funciones bajo las directrices del socialista Fernando Marcos y del popular Israel Cortés: los otros dos concejales que han dirigido ese departamento en menos de dos años.
Esos dos mismos técnicos, ahora en fase de relevo, emitieron un informe de evaluación del servicio en el que, entre otros puntos, hicieron hincapié en la dificultad de que se pudiese llevar a cabo una labor de fiscalización y control efectiva por falta de inspectores y por el cambio de dirección política en la concejalía. Además, resaltaron que el pliego de condiciones resulta insuficiente para dar cobertura a una ciudad del tamaño de Alicante.
