El derribo de las torres de Punta Llisera: el TSJ pide documentación a Benidorm para avanzar

BENIDORM. La demolición de las dos torres de Punta Llisera de Benidorm, aunque va lento, sigue avanzando en su proceso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido un nuevo auto con fecha del nueve de noviembre de 2022 en el que pide al Ayuntamiento de Benidorm que traslade toda la documentación del proyecto constructivo que sirvió para otorgar las licencias de obra en su momento. Lo requieren para que puedan elaborar el proyecto de demolición de los Gemelos 28.

Se trata del último paso dado por los magistrados después de que se intentara llegar a un acuerdo entre las partes al decretar la obligación del derribo de la edificación. Como ha ido contando este diario, en 2005 la administración autonómica valenciana autorizó la construcción del complejo residencial en terrenos que invaden parte de la zona de servidumbre de protección de costas. Motivo por el cual se ha considerado nulo por la justicia y por consiguiente, reclama su eliminación.

El auto al que ha tenido acceso este diario señala que la Generalitat ya ha cumplido con su parte. El escrito del Tribunal de junio de este año reclamaba al subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebreación para que en el plazo de 20 días hábiles remitiera un informe sobre el estado de ejecución del fallo. En ella debía figurar la habilitación del crédito presupuestario y en su caso, el plazo de tramitación y aprobación. Como se recordará, el derribo se calcula que pueda costar 100 millones de euros, incluyendo la indemnización a propietarios. Cuantía que se ha estado consignando año tras año.

A su vez, solicitaban que el informe recogiera el estado del proyecto de demolición, con indicación de fecha de su aprobación, o en su caso, trámite en el que se encuentre. Además de los datos referidos al requirimiento de las escrituras de los titulares registrales. Aspectos que dan por cumplidos en el auto de hace escasas semanas.

No obstante, la Generalitat ha dejado claro a los magistrados que para "avanzar en la elaboración del proyecto de demolición" necesita la colaboración del Consistorio para que puedan contar con "toda la documentación proyectual referida al proceso constructivo y que sirvió para otorgar las licencias municipales de las edificaciones que nos ocupan". Al mismo tiempo, señalan que la Generalitat se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento para solicitar esta documentación sin que se haya facilitado hasta el momento de la emisión del auto. Por ello, dan ahora un plazo de 20 días hábiles desde la recepción del auto (10 de noviembre) para que la entreguen.

Comisión de coordinación

Con todo, y ante la necesidad de comunicación entre las administraciones implicadas, los magistrados han acordado la creación de una Comisión de Coordinación de la ejecución de la sentencia en el que estará un representante de la Generalitat, otro del Ayuntamiento de Benidorm y de la Administración del Estado, al tiempo que estará presidida por el Tribunal. Una vez constituido con todos los cargos nombrados, tendrán un mes para presentar un calendario de actuaciones y trasladar el estado de ejecución cada dos meses.