ALICANTE. Tres de tres. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), persiste en su rechazo a la instalación de plantas solares sobre suelo rústico del término municipal fuera de los emplazamientos considerados como óptimos para su desarrollo en la propuesta de ordenación del sector aprobada en 2024 y vuelve a instar a la Dirección General de Energía a revocar la autorización concedida al proyecto que impulsa Amber Solar Power Diecinueve en la partida de La Alcoraya.

La Junta Local ha aprobado este martes un nuevo requerimiento en el que insta al servicio territorial de ese departamento autonómico a anular el permiso administrativo concedido el pasado mes de diciembre para que dicha mercantil pueda implantar una instalación de 8,365 MW de potencia bajo la denominación de FV La Alcoraya II, que quedaría emplazada en doce parcelas de suelo rústico no urbanizable y, parcialmente, en suelo no urbanizable de especial protección al afectar a una zona de rambla. 

Esa solicitud se justifica en la misma argumentación en la que ya se ha sustentado hasta dos requerimientos previos respecto a las plantas promovidas por Besolar, una filial de la suiza EBL, y por Luminora Solar Siete, una compañía adscrita al grupo murciano Soltec Power Holdings, con las que se pretende promover dos parques solares de 8,6 y 8,3 Mw de potencia respectivamente. La primera de ellas se ubicaría en Fontcalent. Y la segunda, también en La Alcoraya.

En concreto, el requerimiento municipal persiste en que la Concejalía de Urbanismo emitió un informe de compatibilidad desfavorable también respecto a la posibilidad de construcción de la planta promovida por Amber Solar, por lo que conmina a Energía a dejar sin efecto el otorgamiento de su autorización. En este sentido, se añade que el emplazamiento propuesto está incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Alicante, en fase de tramitación, y se insiste en que no es una de las ubicaciones propuestas como aptas en la propuesta de ordenación sectorial aprobada en 2024 a través de la modificación puntual número 44 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), todavía pendiente de resolución por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Y, de nuevo, como sucedió en los dos requerimientos previos, la misma solicitud municipal abre el camino para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución autonómica, en el supuesto de que no se desista del acuerdo adoptado respecto de esta tercera planta. Por el momento, como ya ha informado este diario, Energía no se ha pronunciado respecto a los dos requerimientos previos al abogar por la incorporación de modificaciones que puedan generar consenso entre las partes.