Vista de las explanadas de los muelles 9 y 7 del Puerto de Alicante captada desde el mar. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso para seleccionar el diseño del futuro centro de congresos de Alicante echa a rodar con otra incógnita despejada (o, mejor dicho, delegada): la de la definición de sus accesos. El concurso promovido por la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante para escoger la propuesta arquitectónica a construir establece que será cada uno de los equipos participantes interesados en plantear propuestas quienes deberán plantear soluciones para el desplazamiento de vehículos y peatones hasta las explanadas de los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante en los que quedará ubicado el edificio congresual. Es decir, que cada gabinete de arquitectura tendrá que trazar su propia propuesta de accesos hasta una ubicación a la que ahora queda conectada con el resto de la trama urbana a través de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente o de la red de viales interiores del sector de Poniente del Puerto.
En principio, se plantea como vía de entrada fundamental el acceso directo al Puerto desde la autovía A-31, de modo que los asistentes a los congresos o eventos que puedan organizarse en el inmueble en cuanto pueda entrar en funcionamiento puedan eludir el tráfico urbano que transita entre el casco urbano y el recinto portuario. Además, entre las bases del concurso se plantea que el edificio debe incorporar la construcción de una zona de aparcamiento con una capacidad mínima para 300 vehículos. Y, de igual modo, se plantea que se garantice la permeabilidad peatonal, de modo que el inmueble (en uno o varios volúmenes) no se convierta en una barrera ni en términos de movilidad (debe ser transitable en todo su perímetro) ni por lo que respecta a la perspectiva visual para los visitantes (como los cruceristas) que se recalen en la ciudad a través del mar. De ahí que se haya planteado que el edificio o conjunto de edificios no pueda superar en elevación la altura del centro de negocios Panoramis Life & Business, de modo que se respete el skyline de la ciudad en su fachada litoral y la vista del Castillo de Santa Bárbara.
El resto de parámetros esenciales contemplados en el concurso de anteproyectos ya se habían venido dando a conocer a lo largo del último año, a partir de los avances alcanzados en la comisión técnica entre administraciones constituida para concretar sus bases. Así, durante su presentación, se confirmó que el edificio partía con un presupuesto de 65 millones y que dispondrá de un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, otro para 500 y una sala de conferencias para 300 asistentes, además de un área de exposiciones, despachos, salón multiusos y sala de prensa. Además, se concretó que se asentará sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados totales, de los que 18.000 corresponden al edificio del centro de congresos.
La superficie restante quedará reservada a accesos y al inmueble que acogerá las oficinas del centro de operaciones del organismo tributario de Diputación, Suma, con el fin de albergar a 200 de sus empleados hasta ahora ubicados en su sede central, en la confluencia entre la avenida de la Rambla y la Plaza de San Cristóbal (cuyo futuro destino comenzará a definirse a partir de ahora).
El centro de Suma es, de hecho, uno de los elementos claves del complejo en la medida en que se pretende que sirva como instrumento catalizador y generador de actividad durante todo el año. Como ya ha informado este diario, uno de los objetivos preferentes de Diputación y Ayuntamiento es que el edificio no se convierta en un mero elemento icónico, sino que sea capaz de atraer eventos y tener vida durante los 365 días del año, y no solo en las fechas en las que se consiga cuadrar la organización de grandes congresos o reuniones profesionales de tamaño medio del sector MICE. Así, se plantea que el mismo centro de trabajo de Suma y el interés que suscita entre otras administraciones sirva para multiplicar su uso y, así, contribuir a amortizar los costes de mantenimiento.
La delimitación de los accesos y el estudio de tráfico eran, junto a los plazos de tramitación y construcción, ya anticipados por Alicante Plaza, dos de las cuestiones esenciales que todavía debían perfilarse respecto a las condiciones físicas del proyecto, una vez decidida su ubicación en terrenos del Puerto, justo en el punto planteado por el expresidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, como emplazamiento idóneo. Así lo destacaron este lunes el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quienes subrayaron su generosidad y su implicación a la hora de acoger el proyecto.
Ambos destacaron, también, que esa ubicación contribuía a generar consenso en la medida en que desvinculaba el proyecto del centro de congresos de cualquier interés especulativo sobre los terrenos próximos, al tratarse de un emplazamiento 100% público en el que no cabían los intereses privados al no existir ni solares ni edificios en el entorno susceptibles de sufrir una revalorización. Y que, al tiempo, permitía profundizar en el proceso de transformación del Puerto como epicentro de negocios y empresas vinculados a actividades no contaminantes -en la línea del edificio de Distrito Digital ya operativo justo a sus espaldas, en el muelle 5- con la consiguiente mejora en las relaciones de interacción con la trama urbana.
Tanto es así que será el Puerto quien acabará adaptándose al anteproyecto que resulte seleccionado en la modificación de su propia ordenación urbanística interna (el Plan Especial del Puerto) que resulta necesaria para que el edificio congresual pueda tener encaje. Así lo confirmó el presidente de la Autoridad Portuaria, Julián López, al señalar que no podrá tramitarse esa adaptación hasta que no conozcan los parámetros definitivos de altura y disposición de los edificios previstos, a través de la redacción de ese anteproyecto que ahora se saca a concurso. En todo caso, como también ha informado este diario, ya se ha tramitado la modificación de la Determinación de Espacio y Usos Portuarios (DEUP) que ahora queda a la espera de validación por parte de Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
