La A-31, a su llegada a Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las espadas están en todo lo alto en la sociedad Viario A-31 SA, la firma que se encarga de la explotación y conservación de la autovía Alicante-Madrid en el tramo de 111 kilómetros que discurre entre la capital alicantina y la ciudad de Bonete, en Albacete. El enfrentamiento llega después de que en 2019 la constructora Lantania (fundada por exdirectivos de Isolux y controlada por el fondo del exconseller Máximo Buch desde 2020) se hiciese con el 19% de su capital, al comprar el negocio del desaparecido Grupo Velasco, y cristalizará en una junta extraordinaria convocada el próximo 3 de mayo.
El orden del día de la junta, convocada por unanimidad del consejo de administración de la sociedad, no deja lugar a la duda. Los accionistas tendrán que votar sobre destituciones de consejeros (incluido el presidente), reducción del número de asientos del consejo o su alternativa ampliación para establecer nuevos equilibrios, despido de los secretarios, auditorías al trabajo realizado por las empresas de conservación y a los pagos percibidos por ellos, y sobre el pago del dividendo retenido a Lantania desde 2019 hasta la fecha. El motivo: tras la adquisición de Velasco, los otros socios de Viario A-31 iniciaron una batalla judicial para impedir la entrada de la constructora y ejercer un derecho preferente sobre el 19% en liza.
Lantania consiguió, no obstante, que le dieran la razón distintas instancias judiciales, y hasta el Ministerio de Fomento, que tenía que autorizar el cambio de titularidad de las acciones al superar el 10% del capital de la concesionaria. El proceso estaba pendiente desde 2022 de un recurso a la Audiencia Nacional que finalmente se ha resuelto, por lo que el 19% de Viario A-31 ya es de Lantania, tal como admite la literalidad de la convocatoria de la junta. De ahí que la constructora pida ahora sentar representantes en el consejo, alterar su proporción, cambiar el método de adopción de acuerdos, elegir un nuevo presidente y, sobre todo, cobrar el dividendo que no ha percibido al estar en cuarentena hasta la fecha su participación en la sociedad.
Pero la constructora controlada por el fondo de Máximo Buch pide también poner en solfa el propio funcionamiento de Viario A-31 en los últimos años. Así, uno de los puntos del orden del día propone pedir una auditoría externa que analice "si las transacciones llevadas a cabo entre la UTE Villena y Viario A-31, así como entre la UTE A 31 y los accionistas de Viario A-31, desde la constitución de la UTE Villena, han sido realizadas a precio de mercado". La UTE a la que se refiere esta petición, que es la que ejecuta las obras y trabajos de conservación de la autovía A-31 para la sociedad concesionaria, está integrada por los propios accionistas de la firma.
Tras la inscripción definitiva del 19% del capital a nombre de Lantania, el accionariado de Viario A-31 está formado por la madrileña Grupo Ortiz, con un 26%, Construcciones Rubau, con un 25%, Tecopsa, con otro 25%, la constructora de Máximo Buch con el citado 19% y por Aecom, con un 5%. Los accionistas forman asimismo parte del consejo de administración, integrado hasta ahora por ocho miembros (incluido un asiento para Velasco, que ya no existe) y presidido por Tecopsa. Ortiz, Tecopsa y Rubau son las tres empresas que forman además la UTE de la discordia, tras la expulsión de Velasco al entrar en liquidación.
Lo que pide Lantania y refleja el orden del día (otra cosa es que se apruebe, visto el equilibrio de fuerzas y el camino recorrido hasta llegar a este desenlace), es que la junta de accionistas le conceda el asiento que ahora ocupa Velasco en el consejo, y se cese (y amortice su puesto) a otros tres consejeros: Ondina Desarrollos, Rubau Concesiones, y Agrícola El Casar (filial de Grupo Ortiz). De esta forma, propone que se reduzca el consejo de ocho a cinco miembros, o bien que se amplíe a diez (manteniendo los ocho actuales) con la entrada de dos de sus sociedades, Lantania y Rowan Investment. También, como se decía, que se cese a Tecopsa y se designe a un nuevo presidente (cuya identidad no concreta). Y por último, resolver el contrato con la UTE Villena, cuyo trabajo pide auditar.
En 2021, último ejercicio del que ha depositado las cuentas (que Lantania se negó a firmar), Viario A-31 SA facturó 16,5 millones de euros y obtuvo un beneficio de algo más de medio millón de euros. En 2020, la empresa había perdido cerca de 2,2 millones de euros, por la caída del tráfico como consecuencia de la pandemia.
